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Turquía debatirá sobre la pena de muerte sin importarle las advertencias de la UE

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

EFE

El Gobierno turco ha insistido este viernes en que el debate sobre volver a aplicar la pena de muerte es una cuestión nacional. Ha afirmado que ni le preocupa las posibles reacciones de la Unión Europea ni, incluso, que esa decisión pudiera bloquear la entrada del país en el grupo comunitario.

“No trabajamos en eso pensando en como reaccionaría la UE, sino como un Estado de derecho”, ha afirmado el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una entrevista con la emisora CNNTürk. Bozdag ha vuelto a recordar que, tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes, ha habido manifestaciones masivas en las que la gente ha pedido la reintrodución de la pena capital, abolida definitivamente en 2004, para los golpistas. Y ha rechado las advertencias formuladas desde Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la UE.

“Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera”, ha dicho el ministro. Por ello, ha asegurado que el Ejecutivo no tendrá en cuenta las consideraciones de la UE pero sí “los intereses del Estado y de la nación”.

Turquía anunció el jueves que suspendía temporalmente la Convención Europea de Derechos Humanos tras proclamar el estado de emergencia durante tres meses. El Gobierno turco ratificó el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos  y de las Libertades Fundamentales en 1954. Sin embargo, la reapertura del debate sobre la pena de muerte tras el golpe han alertado a las ONG y a la UE, que recordaron a Turquía que no hay hueco para un país con la pena capital en la alianza comunitaria.

Bozdag también ha informado de que se han enviado este viernes las evidencias solicitadas por Estados Unidos sobre la petición de detención y extradición de Fetullah Gülen, un clérigo islamista que vive en ese país desde 1999 y al que Ankara acusa de organizar la asonada.

Además, el ministro ha dicho que el Gobierno quiere usar al mínimo el recurso de los decretos-ley que le permite el estado de emergencia. Uno de los casos en los que se usará es para ampliar, en un primer paso, a siete u ocho días (desde los cuatro actuales) el tiempo que una persona puede estar detenida antes de ser enviada al juez.

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