AI: la condena del líder indígena en Guatemala es injusta por la defensa de tierras

Guatemala, 16 jul (EFE).- La organización humanitaria británica Amnistía Internacional (AI) aseguró este jueves que el líder indígena maya q'eqchi' Bernardo Caal Xol es un “preso de conciencia” condenado “injustamente” por detenciones ilegales y robo mientras defendía el territorio en contra dos hidroeléctricas.

Caal Xol, condenado por un tribunal local el 9 de noviembre de 2018, fue víctima de un proceso que “muestra los mismos patrones de criminalización contra defensores de derechos humanos que hemos documentado por años en el país” y es por eso que “hoy le nombramos preso de conciencia”, esgrimió la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, en un comunicado de prensa.

Amnistía Internacional no había declarado a ningún preso de conciencia desde que Guatemala concluyó su guerra interna -que entre 1960 y 1996 dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en un 93 por ciento atribuido a las fuerzas armadas y paramilitares-, con la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996.

Un preso de conciencia, según AI, es una persona que, “sin haber utilizado la violencia ni haber promovido o su uso es encarcelada o sometida a otras restricciones de su libertad a causa de su opinión política, religión u otras creencias, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otro estatus”.

PIDE SU LIBERTAD

La organización, además, exigió la “libertad” de Bernardo Caal y pidió al Ministerio Público (Fiscalía) que “haga una revisión de su caso e investigue a los funcionarios que llevaron la investigación” en contra del líder indígena, reconocido defensor de los derechos de las comunidades de Santa María Cahabón, afectadas por la construcción de las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, sobre los ríos Oxec y Cahabón, en el departamento norteño de Alta Verapaz.

Ambos proyectos, que pertenecen al grupo Energy Resources Capital Corp. registrado en Panamá, fueron construidos por la empresa española Grupo Cobra-ACS, del empresario español Florentino Pérez, presidente del club de fútbol Real Madrid.

Como visible líder de las comunidades “afectadas” por la construcción hidroeléctrica, Bernardo Caal “presentó una serie de recursos legales contra el proyecto y en 2017 las altas cortes reconocieron que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informadas de las comunidades indígenas”, recordó la AI en un comunicado divulgado este jueves con las declaraciones de Guevara Rosas.

AI advirtió que en represalia a la actividad humanitaria de Caal, este fue “acusado de realizar supuestos actos de violencia” contra empleados de (la empresa de cable) Netzone, S.A., contratista de Oxec, el 15 de octubre de 2015. El 9 de noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por los delitos de detenciones ilegales con circunstancias agravantes y robo agravado.

La directora de las Américas de AI subrayó que, “tras haber revisado el expediente penal abierto contra Bernardo Caal, es claro que no hay evidencia sobre los delitos de que se le acusa”.

Agregó que en Guatemala “lamentablemente se sigue criminalizando a quienes alzan la voz para defender sus derechos. Las autoridades continúan usando la justicia penal para silenciar y encarcelar a defensores de derechos humanos, y esta vez ha sido Bernardo quien ha tenido que pasar más de dos años en prisión solo por ser una de las caras visibles de los reclamos del pueblo q'eqchi'”.

La organización británica indicó en su pronunciamiento que remitió una carta a la jefa del MP, la fiscal general Consuelo Porras, en la que expresó su “preocupación” por las “irregularidades y negligencias” en el proceso penal contra Caal, donde incluso los fiscales que persiguieron el caso quedaron inconformes pues inicialmente buscaban el doble de la pena otorgada al líder indígena.

Los abogados defensores de Caal apelaron su condena desde noviembre de 2018, pero este caso ha sido “retrasado injustificadamente y hasta la fecha no se ha podido celebrar la audiencia debido a que en cuatro ocasiones los magistrados designados no se presentaron o presentaron excusas para no conocer el caso”, señaló la entidad internacional, que recordó que la próxima audiencia está fijada para el 28 de julio.

Debido a la COVID-19, el Organismo Judicial suspendió actividades del 9 al 23 de julio, por lo que hay retrasos en los órganos jurisdiccionales derivados de esta disposición y no hay certeza en cuanto a audiencias programadas de manera preliminar.