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Un fiscal argentino investigará a Macri por Los papeles de Panamá

El presidente figura en la filtración relacionado con dos empresas offshore constituidas en Panamá y en Bahamas. La justicia indagará por la presunta "omisión maliciosa" de esta información en su declaración de impuestos.  

Un fiscal argentino investigará a Macri por las filtraciones de Panamá

Un fiscal argentino investigará a Macri por las filtraciones de Panamá

Si Mauricio Macri pensaba que ya había explicado suficientemente la presencia de su nombre en Los papeles de Panamá, ese no es el criterio del fiscal federal Federico Delgado, que ha aceptado a trámite una denuncia contra el presidente, y que a partir de ahora investigará al mandatario por una posible "omisión de datos en su declaración jurada". 

Macri, exempresario, figura en una sociedad junto a su padre y su hermano, cuya existencia se conoció gracias a la filtración masiva que se ha hecho pública el domingo pasado. Además, aparece vinculado a una empresa, Fleg Trading Ltd, constituida en Las Bahamas. 

Macri ha explicado a un periodista –no ha dado una rueda de prensa sobre el asunto– que esas empresas se crearon antes de que comenzara su carrera política. Dijo que su participación en la firma Fleg Trading Ltd fue una "operación legal sin nada extraño", y que su padre la creó en 1998 para hacer negocios en Brasil. El presidente asegura que no la incluyó en su declaración jurada porque, aunque figuraba como director, no era accionista y por lo tanto no tenía la obligación de hacerlo. Esa sociedad offshore estuvo activa hasta 2008, cuando Macri ya era alcalde de Buenos Aires.  

"Lo que hicimos fue, efectivamente, pedir al juez Sebastián Casanello la apertura de una investigación", detalló el fiscal en declaraciones a radio Continental. Todo el proceso parte de la denuncia realizada por el diputado kirchnerista Norman Martínez, que pide que se determine si hubo "omisión maliciosa", y si en la actividad de esas sociedades hubo alguna irregularidad, para determinar si el ahora presidente pudo haber participado en ella.

Ofensiva judicial contra los Kirchner

Todo esto ocurre precisamente en una semana marcada por la información judicial que toca muy de cerca al gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner, y que ha llevado a la ahora oposición a hablar de una 'operación' para tapar el escándalo de Panamá.

El sábado durmió en la cárcel el exsecretario de Transportes, Ricardo Jaime, por una causa en la que se investiga la compra millonaria de material rodante a España y Portugal durante los primeros años del kirchnerismo. El martes por la tarde, el empresario Lázaro Báez fue detenido en un espectacular operativo transmitido en directo por las cadenas de televisión tras aterrizar con su avión privado en el aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo era detenido en otro lugar de la provincia el responsable de sus finanzas, Daniel Pérez Galdín.

Aunque no ha tenido cargos en el Gobierno, Báez es un hombre muy cercano a la familia Kirchner, que conoció al matrimonio siendo cajero de un banco en Santa Cruz. Desde entonces y sobre todo con Néstor y Cristina Kirchner como presidentes, el empresario consiguió hasta 800 millones de dólares en contratos públicos en diez años. Las investigaciones en su contra se iniciaron ya con el gobierno anterior, pero se han acelerado con Macri en la Casa Rosada.  

Cristina Kirchner, frente al juez

La investigación por lavado de dinero que se centra en el empresario Lázaro Báez no involucra directamente a la expresidenta Cristina Fernández. El juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello, ha negado que vaya a llamar a declarar a la exmandataria como testigo. Sin embargo, el fiscal del caso no ha sido tan tajante. "Cuando se empieza una investigación no se descarta el nombre de ninguna persona". 

Fernández sí deberá declarar ante el juez el próximo 13 de abril, por la causa iniciada por la venta de dólares a futuro en la etapa final de su Gobierno. Hoy mismo ha declarado exdirector del Banco Central, Alejandro Vanoli, que ha explicado que la operación se realizó "a los efectos de promover la estabilidad cambiaria" y para despejar la expectativa de devaluación. Las ventas de la divisa a esa cotización generaron pérdidas para el fisco calculadas en 77.000 millones de pesos (unos 4.750 millones de euros). 

 

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