La Cejil exige a Honduras la protección para los defensores de Río Blanco

La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió este viernes al Estado hondureño garantizar la protección para defensores de la tierra que denunciaron amenazas en la localidad de Río Blanco.

Cejil afirmó que desde el pasado 29 de abril la defensora de la tierra, Rosalina Domínguez, junto a otras personas integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en Río Blanco, han sido víctimas de actos de intimidación, violencia y amenazas contra su vida de manera sostenida.

La organización detalló que, de acuerdo con denuncias del COPINH, la defensora y al menos seis de sus compañeros fueron amenazadas con armas de fuego y machetes “en represalia a su trabajo de cultivo en tierras ancestrales de la comunidad indígena lenca que la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) pretendía utilizar para el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca”.

“Desde Cejil denunciamos estos hechos, pues representan la situación de violencia que enfrentan sistemáticamente las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos en Honduras. Recordamos que la lideresa lenca y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres, enfrentó un patrón de agresiones similar antes de ser asesinada en 2016”, indica el comunicado de Cejil.

La organización recordó que en respuesta al asesinato de Berta Cáceres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó ampliar la protección a quienes integran el COPINH, por lo que “el Estado hondureño debe tomar medidas urgentes para que acciones de esta naturaleza no se repitan”.

“Como organización que ha acompañado al COPINH en sus demandas, exigimos a Honduras que proteja la vida e integridad de Rosalina Domínguez y todas las personas defensoras del territorio en Río Blanco”, expresó el Cejil.

La organización también exigió al Estado que “investigue, juzgue y sancione a todas las personas involucradas en estos hechos de violencia, y considere los ataques repetidos contra el COPINH como un factor determinante dentro de la indagatoria”.

El Cejil recordó que Honduras está en la obligación de acatar órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de implementar una política pública efectiva para la protección de los defensoras de derechos humanos.

“Cada agresión en contra de una persona defensora, es el aviso de una nueva, si las autoridades no asumen la responsabilidad de investigar las causas. Así ocurrió con Berta Cáceres y exhortamos al Estado para que no repita este patrón”, expresó Cejil.