Chile lamenta 45 años sin Soria, diplomático español asesinado por Pinochet

Santiago de Chile, 14 jul (EFE).- El 14 de julio de 1976, el español Carmelo Soria, diplomático de la ONU en Santiago de Chile, fue secuestrado cuando volvía a su hogar por un grupo de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que le torturó en un sótano hasta su muerte, dos días después.

Fueron 48 horas de horror las que soportó el funcionario y 43 años los que se tardó en condenar a seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y absolver a otros nueve, en un caso que hizo despertar la conciencia internacional sobre las atrocidades del régimen militar.

Su familia, que apeló la sentencia de 2019, continúa esperando respuesta y exigiendo “justicia” 45 años después del caso, sobre el que la Audiencia Nacional de España todavía mantiene jurisdicción y que llevó al juez Baltasar Garzón a iniciar las indagaciones que le llevaron a detener a Pinochet en Londres en 1998.

“La sentencia ha sido una soberana burla y llegó casi medio siglo después. Aquí no se han aplicado todavía las condenas que se merece un homicidio a manos de agentes”, expresó a Efe Carmen Soria, hija del diplomático, que ha luchado durante décadas para que se acelerara la investigación.

A Soria, que nació en Madrid en 1921, el golpe de Estado del general Francisco Franco (1936) le encontró en Chile y ya nunca regresó España por su pasado como anarquista y su relación con el Partido Comunista y la Federación Universitaria Estudiantil (FUE), agrupación antifranquista.

En Santiago, tardó poco en insertarse en la industria editorial y entablar amistad con algunos intelectuales de izquierda, como Pablo Neruda, al mismo tiempo que trabajaba para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, donde hacen un llamado a “respetar su memoria”.

“La Cepal recuerda y honra a su colega, víctima de la acción criminal de agentes del Estado durante la dictadura chilena y, nuevamente, hace votos para que la Justicia alcance a todos los responsables de su martirio”, declaró a Efe Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo.

“EN EL PUNTO DE MIRA”

Su vinculación con el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), para quien trabajó en programas insignes como la Editorial Quimantú, fue motivo suficiente para que el régimen de Pinochet lo tuviera “en el punto de mira”, relató su hija.

Después de ser raptado, el diplomático, que tenía entonces 55 años y tres hijos, fue trasladado a una lujosa mansión donde vivía el exagente de la CIA Michael Vernon Townley, en un barrio acomodado de la capital, cuyo sótano funcionó durante años como una cámara de interrogatorio para disidentes.

Allí fue torturado con gas sarín y golpeado en la cabeza haciendo palanca contra un asiento por medio de torsión de la cerviz, según relató un exagente testigo de los hechos.

La prensa expuso el caso como un accidente, ya que el cuerpo y el coche del diplomático aparecieron siniestrados en un barranco al este de la capital, aunque luego se reveló que había sido un montaje para cubrir su asesinato.

LARGO CAMINO A LA JUSTICIA

En 1996, la Justicia trató de dar carpetazo al asunto haciendo uso de una polémica Ley de Amnistía que se ideó durante la dictadura para eximir a muchos militares, pero desde España se reivindicó que no era aplicable por la condición de diplomático de Soria.

Dos años después, la Corte Suprema de Chile resolvió finalmente que esa amnistía -de la que se favorecieron entre 500 y 1.000 agentes, según diversas ONG-, no se aplicaría en casos de violaciones de los derechos humanos, pero aun así, hasta 2019 la Justicia no dio una sentencia.

“En Chile las investigaciones son lentísimas. El Poder Judicial se convierte en cómplice cuando no condena las violaciones a los derechos humanos como debería” , agregó.

Los oficiales Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, Jaime Lepe y Juan Morales fueron condenados a seis años de prisión; el exfiscal Sergio Cea a 600 días por falsificación de instrumento público, y el general en retiro Eugenio Covarrubias, a cuatro años por declaraciones falsas.

El caso de Soria, por el que otros nueve agentes fueron absueltos, es uno de los más emblemáticos de entre los 3.200 asesinatos durante el régimen de Pinochet, que dejó además al menos 1.192 detenidos desaparecidos.

Diversas organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo la nulidad de la Ley de Amnistía -algo que se está debatiendo en el Parlamento desde hace años-, y solicitan que se acelere la investigación de delitos cometidos durante la dictadura.

“Esperamos que la nueva Constitución sirva para mejorar la Justicia, para que se cumplan las leyes y que no se siga amparando al general”, concluyó la mujer.

Patricia Nieto Mariño