“El espacio para disentir se ha reducido en Israel”, dice el director de HRW

“El espacio para disentir y defender los derechos humanos se ha reducido en Israel”, sostiene el director regional de Human Rights Watch (HRW), Omar Shakir, mientras trata de impedir su inminente deportación acusado de boicotear al país.

Shakir declara en una entrevista a Efe que sigue trabajando con normalidad a la espera de que el Tribunal Supremo de Israel dirima sobre su expulsión forzosa fijada para el 1 de mayo y se muestra esperanzado como “persona optimista por naturaleza”, condición que asegura deben tener los trabajadores de derechos humanos en esta región.

“La función de HRW no cambiará si soy deportado. Seguiremos haciendo nuestro trabajo tanto si estamos aquí como si no”, afirma sobre la organización, con la que se asentó en Jerusalén en julio de 2017, aunque ya trabajaba con ella en países de Oriente Medio como Egipto, de donde también fue expulsado en 2014.

La pugna de Shakir con las autoridades israelíes viene de largo. Israel le negó el visado de entrada en febrero de 2017 al considerar que HRW hacía “propaganda” en favor de los palestinos, aunque dos meses más tarde terminó concediéndole un permiso de estancia y trabajo.

Sin embargo, el Ministerio del Interior ordenó la cancelación de su visado hace un año al acusarlo de apoyar al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS, que protesta la ocupación israelí), una orden que HRW consiguió bloquear de forma temporal al presentar un recurso al Tribunal de Distrito de Jerusalén, la misma corte que reactivó el proceso la semana pasada.

Shakir denuncia que, en caso de ser deportado, sería el primer extranjero al que Israel revoca su visado de trabajo por este motivo, ya que la corte ha fallado a favor del gobierno al aplicar por primera vez la reforma a la Ley de Inmigración de 2017 que permite rechazar la entrada de personas que boicotean al país.

De nacionalidad estadounidense y origen iraquí, Shakir cree que la orden para que se vaya del país “muestra una nueva faceta que sienta un precedente muy peligroso” contra las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno.

“La represión del Gobierno israelí contra los defensores de los derechos humanos refleja la realidad de un Ejecutivo que parece no estar atado a las normas internacionales más básicas y aplica una ocupación” en los territorios palestinos “definida por la discriminación institucional y la rutina de graves abusos a los derechos” de su población, valora.

Además, remarca que se incluye en esta acusación la labor de la ONG, que publicó recientemente un informe para denunciar los negocios turísticos en colonias israelíes de Cisjordania ocupada, y pedir a compañías como Airbnb o Booking que retiren las ofertas de alojamiento israelíes en los territorios palestinos.

Los ministerios del Interior y de Asuntos Estratégicos israelíes han expresado su satisfacción por la reactivación de la orden judicial de expulsión a Shakir.

“Hay un precio a pagar por fomentar el boicot contra Israel y sus ciudadanos”, declaró el ministro de Asuntos Estratégicos, Guilad Erdán, quien aseguró que Shakir “se disfraza de 'activista por los derechos humanos', pero una parte importante de sus actividades están dedicadas al boicot”.

El director de HRW en Israel y Palestina insiste en que ni él ni su organización “defienden o dejan de defender el boicot”, y que su trabajo se centra en “documentar y denunciar las vulneraciones de derechos humanos” cometidas tanto por las autoridades israelíes como palestinas.

“Espero que se me permita quedarme, pero mi posible expulsión es un asunto menor comparado con los abusos de derechos contra israelíes y palestinos”, como “los desplazamientos forzosos” que sufre la población palestina en Cisjordania ocupada o “el bloqueo en una jaula de la gente de Gaza, que no puede viajar libremente”, denuncia.