El mutis de Bukele marca la polémica por el bloqueo a archivos militares de una masacre

San Salvador, 23 sep (EFE).- El silencio que guarda el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, marca la polémica generada por el bloqueo a un diligencia judicial de búsqueda de archivos vinculados con la masacre de El Mozote (1981), un mutis al que los activistas de derechos humanos dan varias interpretaciones.

Al juez instructor de la causa penal contra más de una docena de militares retirados por la masacre, Jorge Guzmán, le fue impedido el ingreso a un recinto militar el lunes en San Salvador para comenzar con la diligencia, que se extendería por 8 semanas.

Esta decisión, que fue comunicada al juzgador por el coronel Carlos Vanegas, le ha acarreado críticas al mandatario y a su ministro de la Defensa, René Merino Monroy.

“Este día queda grabado en nuestra memoria que el presidente de la República (Nayib Bukele) es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso”, señaló la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM), que entre sus miembros tiene a sobrevivientes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el bloqueo, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señaló que Merino Monroy “no está por encima del Estado de derecho en El Salvador” y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU advirtió que se mantendrá atenta a la “evolución de las diligencias”.

El congresista estadounidense James Mcgovern cuestionó al mandatario salvadoreño si “¿protegerá a los militares de una investigación criminal o les ordenará cumplir con la orden de un juez y abrir los archivos para investigar la masacre de El Mozote?”.

“La elección es suya. Las familias de las víctimas merecen verdad y justicia”, publicó el martes en su cuenta de Twitter.

Ninguna de estas reacciones ha motivado una respuesta del presidente Bukele de viva voz ni, como generalmente prefiere, escrita en las redes.

Para la activista de derechos humanos Celia Medrano el silencio del mandatario sobre el tema y la agresión que sufrió David Morales, abogado de las víctimas, por un grupo de supuestos veteranos de guerra el lunes “solo evidencia complicidad desde el Ejecutivo”.

“Debemos estar alertas en los próximos días a un posible montaje meramente mediático desde el Gobierno destinado a salir al paso a las presiones internacionales e indignación en las víctimas”, señaló Medrano a Efe.

Advirtió que el silencio del presidente y las declaraciones del ministro de la Defensa “evidencian que han logrado imponerse los poderes fácticos que presionan para mantenerse sin castigo” por los crímenes de lesa humanidad registrados durante la guerra civil (1980-1992).

“Incoherencia entre los discursos mediáticos y lo que realmente sucede ha sido una constante en la actual gestión gubernamental”, sostuvo.

Merino Monroy defendió este miércoles, en una entrevista a una emisora de radio, el bloqueo a la diligencia judicial y señaló que el Ejército está “respetando lo que la Constitución manda”.

Wilfredo Medrano, uno de los abogados de las víctimas en el proceso penal por la matanza y miembro de Tutela Legal “María Julia Hernández”, señaló que el mandatario “quiere, quizá, ser prudente” ante la indignación de los sobrevivientes.

“Quizá está reflexionando qué va a decir, con que va a salir”, dijo Medrano, quien llamó a esperar los argumentos que dará el presidente y el ministro de la Defensa al requerimiento de aclaración que hizo el martes el juez Guzmán.

Subrayó que “la gente de El Mozote está indignada con esto que ha pasado” y “el que calla, otorga”.

El juez Guzmán requirió el martes al presidente Bukele y a Merino Monroy a que expliquen si el bloqueo a la inspección judicial de los archivos de la Fuerza Armada fue ordenada por ellos.

Además les solicitó que, si la orden fue dada por ellos, manifiesten “las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares”.

Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades elites del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada.

Por esta matanza son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.