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Paraguay se somete a su tercer examen ante el Consejo de DD.HH. de la ONU

Paraguay se somete a su tercer examen ante el Consejo de DD.HH. de la ONU
Asunción —

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Asunción, 5 may (EFE).- Paraguay se sometió este miércoles a su tercer Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ante el cual el canciller, Euclides Acevedo, reafirmó el compromiso del país con la vigencia de los Derechos Humanos.

A la espera de conocer el informe final, el próximo viernes, los países participantes ya adelantaron algunas sugerencias a Paraguay, sobre todo en la protección de los defensores de los derechos humanos y el control del abuso y de la violencia policial.

En la presentación, Acevedo sostuvo que la Constitución paraguaya se fundamenta sobre los derechos humanos y agregó que estos son "extremadamente vitales, importantes e irrenunciables" para el país.

Tras su intervención, el viceministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Dos Santos, compartió con el resto de Estados los avances de Paraguay desde el último EPU.

"El fortalecimiento de nuestro sistema democrático y nuestro sistema de derecho, basado en el respeto a la vida humana, constituye la piedra angular de nuestras acciones", manifestó.

Dos Santos citó el Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Corrupción 2021-2025 para combatir el "costo social y económico" de la corrupción en el país.

También se refirió a los acciones en materia judicial dentro del marco de las 100 Reglas de Brasilia, para dar acceso a la Justicia a personas mayores y con discapacidad, así como la asistencia legal a personas en situación de vulnerabilidad.

El viceministro reconoció que uno de los mayores desafíos del país "es la crítica situación penitenciaria", debido al hacinamiento de las cárceles por el abuso de la prisión preventiva.

Dos Santos aseguró que el Estado cuenta con una "planificación estratégica que busca revertir las causales sistémicas mediante modificaciones, normativas y presupuestaria".

En este tiempo, Paraguay también ha tratado de atajar la trata de personas, para lo que existe una asignación de recursos al fondo nacional de prevención, combate y atención a las víctimas.

Entre la respuesta a otras recomendaciones previas, el representante paraguayo agregó que su país sigue "enfocado en seguir reduciendo la pobreza", con un blindaje presupuestario de los programas sociales desde 2013.

Además, Paraguay también se ha encargado estos años de la formalización del empleo "con miras a garantizar condiciones de trabajo favorable", en un país donde persiste una alta tasa de informalidad.

En concreto, Dos Santos aludió a la ley del trabajo doméstico, que permitió a las trabajadoras del hogar a acceder al salario mínimo legal vigente tras años de reivindicaciones.

Respecto a la violencia contra las mujeres, Paraguay aprobó en 2016 la ley protección integral que tipifica el feminicidio con penas de hasta 30 años de cárcel.

Asimismo, en este tiempo el país también ha delineado y aplicado estrategias para reducir la mortalidad materna, con programas de planificación familiar y planes de salud sexual y reproductiva.

El último avance paraguayo en materia de Derechos Humanos fue la aprobación de su primer Plan Nacional de Pueblos Indígenas, en el que se trabajó durante años con "consulta y consentimiento previo e informado".

Entre los puntos pendientes, el viceministro señaló que, por "requerir una modificación constitucional", todavía no se ha podido "cumplir plenamente con los Principios de París" en cuanto a la selección del defensor del pueblo, "dado su particular estatus constitucional de comisionado parlamentario".

RECOMENDACIONES E INFORME FINAL

Tras esa exposición, el resto de países transmitieron sus recomendaciones previas al informe definitivo que se presentará el 7 de mayo.

Varios países insistieron en el cumplimiento de los Principios de París para la designación del defensor del pueblo y también sugirieron investigar toda forma de tortura, represión y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.

Recomendaron también reducir los niveles de violencia contra las mujeres y ampliar los supuestos de despenalización del aborto, que incluyan también los casos de violación y abuso sexual.

Asimismo, varios países instaron a aprobar una ley contra toda forma de discriminación y mejorar la protección a los defensores de los derechos humanos y los periodistas, así como mejorar la vida de los pueblos indígenas.

Alemania, Namibia y Uruguay compondrán la "troika" de relatores para el EPU de Paraguay.

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Publicado el
5 de mayo de 2021 - 21:33 h

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