Piden a la CorteIDH protección para los archivos de la masacre salvadoreña de El Mozote

San Salvador, 21 oct (EFE).- La organización salvadoreña Tutela Legal “María Julia Hernández” pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictar medidas de protección para los archivos relacionados con la masacre de 1.000 campesinos en El Mozote (1981), informó este miércoles a Efe uno de sus miembros.

Wilfredo Medrano, miembro de Tutela Legal y abogado de las víctimas en el proceso penal contra mandos militares, indicó que la solicitud de “medidas provisionales para la conservación de los archivos” ante el organismo regional se presentó el lunes.

El juez del proceso penal por esta masacre, Jorge Guzmán, ordenó inspeccionar seis unidades militares y el Archivo General de la Nación (AGN) para buscar documentos relacionados con el crimen.

Desde el 21 de septiembre pasado, el Ejército ha bloqueado en cuatro ocasiones el ingreso del juzgador con un equipo de expertos a diferentes unidades militares, con la venia del presidente Nayib Bukele.

El único archivo en el que se ha podido realizar la inspección es en el AGN, donde la búsqueda concluiría este miércoles, y se espera que el juez Guzmán programe para la próxima semana la visita a dos estamentos militares más en la zona oriental del país.

Los sobrevivientes de la masacre de El Mozote repudiaron la semana pasada las críticas del presidente Bukele contra las organizaciones que las acompañan y le pidieron revertir el bloqueo a las inspecciones judiciales de archivos militares.

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de elite Atlacatl ejecutó “sistemáticamente” en diciembre de 1981 a la población civil del caserío El Mozote y otros aledaños, y el número de personas asesinadas ascendió al menos a 988.

Más de una docena de mandos militares retirados son procesados por crímenes de guerra y de lesa humanidad por esta matanza, considerada como la mayor masacre de civiles registrada en Latinoamérica en el siglo XX.

Más de cuarenta personas han testificado en este proceso, cerrado por más de 20 años por una ley de amnistía y que tras su anulación en 2016 por la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema fue reabierto.