Una jueza del TS: Lo fundamental es que la ley de Iibertad sexual enfatice en el consentimiento

La magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha afirmado en relación al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual aprobado ayer por el Consejo de Ministros que “lo fundamental y lo relevante es que pivota sobre el consentimiento, y enfatiza su importancia, de tal forma que su ausencia equivale a su inexistencia”.

Ferrer se ha referido al citado anteproyecto durante su intervención en una jornada sobre el lenguaje en torno a la violencia machista organizada este miércoles en Bilbao por la Cadena Ser y presentado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. También han participado en el debate el director de la Fundación del Español Urgente, Javier Lascurain, y el periodista Iñaki Gabilondo.

La jueza ha puntualizado que le resultaba “precipitado” opinar sobre un anteproyecto ya que puede modificarse en varios de sus aspectos antes de convertirse en ley, pero ha valorado que se centre en el consentimiento, un aspecto que “flaqueaba en la legislación anterior”.

Ha citado como ejemplo el caso de la sentencia de “La manada”, donde pese a que la protesta en la calle se originó sobre el uso del término abuso sexual, en vez de agresión sexual, según ha recordado, el “problema era otro término, el consentimiento, que necesitaba un retoque legislativo” y la precisión de que solo hay consentimiento “si es explícito”.

“La finalidad del anteproyecto aprobado ayer es dejar claro que la violencia sexual es una cuestión de género”, ha afirmado y ha considerado que existen expresiones judiciales sobre estos delitos que “deben desaparecer”, entre ellas el denominado “ánimo libidinoso” del agresor ya que “se trata de delitos contra la libertad sexual” de la víctima y el hecho de que el agresor quiera satisfacer su líbido “no tiene nada que ver”.

También se ha referido a la necesidad de regular la prostitución y tras destacar que el anteproyecto “no entra en ese asunto”, ha considerado que lo importante es que la decisión de desarrollar esa actividad se adopte en libertad, y ha añadido que “en la mayoría de las ocasiones resulta difícil de creer que sea voluntario dadas las condiciones que rodean su ejercicio”.

El director de la Fundación del Español Urgente, promovida por EFE, Javier Lascurain, ha defendido la “corrección y precisión” del lenguaje en lo medios de comunicación a la hora de informar, “no por ser purista, sino porque usar bien las palabras y llamar a las cosas por su nombre es imprescindible para una buena comunicación”.

Ha criticado el uso de términos en inglés -que “muchas veces banalizan los delitos”, según ha dicho- y el uso de ciertas expresiones judiciales, que “ya no se corresponden con la realidad actual”, y ha mantenido que la utilización del lenguaje “no es neutral” como lo demuestra el debate sobre el uso de los términos violencia doméstica o violencia machista.

“Los medios deben esforzarse para informar sobre la violencia machista y no tratarlo como un suceso más sino como una violencia ejercida contra la mujer por el hecho de serlo, y para ello hay que cuidar el lenguaje, las imágenes y no descontextualizar el hecho con datos recogidos de las redes sociales”, ha expuesto.

Iñaki Gabilondo ha abundado en el debate sobre el uso de los términos para definir la violencia contra las mujeres y ha asegurado que “no se trata de una disputa semántica sino política, moral y social”, y ha propuesto a los medios que hagan una “reflexión autocrítica” sobre su trabajo.

Para dicha reflexión ha propuesto diferenciar el periodismo -“contar lo que la gente tiene derecho a saber”- del “paraperiodismo”, que es una “actividad legítima a la que se han lanzado los medios como consecuencia de la crisis y que consiste en contar solo lo que la gente quiere oir”.