El PSOE lleva al Defensor del Pueblo la supresión de penalidades en las residencias

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García, ha registrado este lunes ante la Delegación del Gobierno el traslado al Defensor del Pueblo lo que está sucediendo con las residencias en La Rioja tras la Resolución del Gobierno del PP en las que les exime de sanciones si no cumplen con las ratios de personal. García ha asegurado que “a juicio de los socialistas, nos encontramos ante una situación que afecta al cuidado de las personas mayores y dependientes y que requiere la especial protección de los poderes públicos y la actuación de oficio de esta institución”.

Javier García ha recordado que el Defensor del Pueblo, en su informe “Actuaciones ante a pandemia COVID” de 2020, “proponía reformas normativas que implicaban una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo de la asistencia sanitaria, así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones para hacer frente a los retos presentes y futuros de este sector”. El portavoz ha señalado que “contra todo esto va la Resolución del Gobierno de Capellán, que deteriora el servicio que se presta a las personas mayores y que elimina las sanciones a las empresas gestoras”.

García ha insistido en que la Resolución del Gobierno del PP “supone un claro deterioro de la atención a la los dependientes riojanos, con el evidente perjuicio a las personas mayores atendidas, tanto en residencias como en centros de día”. Además, “promueve el incumplimiento frente a los centros que vienen aplicando correctamente las ratios y destinan recursos a esta atención”.

El portavoz del Grupo Socialista ha comentado que para el PSOE “esta Resolución es contraria a derecho y que existen ya, al menos, cinco sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja que despejan dudas acerca del encaje legal de esta medida”. Estas sentencias, ha añadido García, “concluyen que la falta estructural de personal sociosanitario no es causa de fuerza mayor, justo lo contrario de lo que dictan en su Resolución”.