Piden al Gobierno de La Rioja defender “con hechos” el paisaje ante los megaparques renovables

Las Plataformas en Defensa del Territorio junto a organizaciones agrarias piden al Gobierno de Gonzalo Capellán que “sus buenas intenciones sean reales” y las demuestren “con hechos” para defender el paisaje riojano frente a la posible construcción de megaparques eólicos que son “una amenaza que lesiona de manera irreversible nuestra comunidad autónoma”. “Estamos a tiempo de parar este despropósito”.

Así, entre otros aspectos, reivindican “la revisión de oficio de las autorizaciones previas a estos megaproyectos renovables”.

Representantes de diferentes entidades en defensa del territorio y la agricultura han convocado este lunes una rueda de prensa tras la reunión mantenida hace escasos días con el equipo de Gonzalo Capellán. Tras agradecer la disposición del Ejecutivo, desde estas entidades indican que “a pesar de la buena voluntad que nos mostraron en su defensa al paisaje, la realidad parece distinta porque parece que solo se quedan en la teoría, ya que se supone que van a llevar a trámite todos los proyectos ya informados sin ponerles ninguna pega”.

Así se ha expresado, María José Nestares (Plataforma en Defensa de las Tierras Orientales de los Valles de Ocón y Jubera) quien ha querido recordar que “llevamos años presentando alegaciones, haciendo manifestaciones y alertando a los políticos de lo que supondría para La Rioja el despliegue masivo de energías renovables”.

Así lo hicieron también con el nuevo Gobierno a los que han pedido que “paren este despropósito porque el territorio no entiende de colores políticos y seguiremos defendiendo la naturaleza y el paisaje”.

Para las plataformas en defensa del territorio es fundamental “ordenar el paisaje” porque como indican “no nos oponemos a las energías renovables, pero sí en el cómo se está haciendo” porque será “muy perjudicial para nuestros paisajes”.

Además de Nestares, en la rueda de prensa han participado Gabriel Ameztoy (SENDA-Rioja Alta), Néstor Alcolea (UPA-Rioja), Pablo Baztán (Plataforma Ocón-Jubera) y Roberto Ruiz-Clavjio (UAGR-COAG). Todos ellos se han mostrado “preocupados” por el territorio, el paisaje en general y el del viñedo en particular, los suelos agrarios y nuestros pueblos por lo que solicitan:

Ante el anuncio por parte del presidente Capellán de la próxima tramitación de una Ley del Paisaje creen “urgente” la aprobación de una moratoria para proteger el territorio hasta que se apruebe esta Ley. “Si realmente este Ejecutivo ha cambiado la filosofía de apoyar a las empresas de renovables (con la moratoria que se les concedió en el Parlamento), pero ahora no actúa de urgencia, la Ley del Paisaje llegará tarde”.

Ponderar y proteger la Utilidad Pública de las zonas de concentración parcelaria, en algunas de las cuales se acaban de entregar los títulos de reorganización de la propiedad, por encima de la Utilidad Pública que puedan tener las megacentrales de producción de energía renovables.

“Unos proyectos, por cierto, que buscan la rentabilidad de los grandes fondos de inversión a costa de colonizar y esquilmar nuestro territorio. El Gobierno debería, por tanto, estimar los Recursos de Alzada interpuestos contra las Declaraciones de Utilidad Pública en terrenos de concentración parcelaria o regadío, y contra las ampliaciones de las subestaciones de Red Eléctrica de Haro y Santa Engracia”, afirman.

Revisar de oficio las autorizaciones de determinados proyectos por motivos de nulidad (fragmentación de los proyectos) y de las Declaraciones de Impacto Ambiental favorables (al igual que se ha hecho con la variante de Rincón de Soto o con el lobo). No admitir nuevos proyectos (que siguen entrando) que aumentan las hectáreas afectadas, como los de Santo Domingo, Alberite o Murillo.

Impedir la ampliación de la capacidad de las subestaciones de Red Eléctrica que se encuentran en espacios actualmente protegidos por la LOTUR.

Transparencia sobre las garantías exigidas a las empresas para la retirada de los aerogeneradores, líneas de evacuación y placas fotovoltaicas cuando llegue el final de su vida útil. Advertir a los propietarios de las fincas que serán ellos los responsables frente a los Ayuntamientos del deber de conservación de los terrenos y, en consecuencia, de la retirada de estos elemento. Y que, en ausencia de este deber, son los Ayuntamientos los que subsidiariamente deben ejecutar este deber a costa de los

propietarios.

Exigencia de evaluación de impacto ambiental independientemente de su potencia, por tratarse de una actividad industrial con efectos significativos en el medio ambiente.

Finamente, Gabriel Ameztoy (SENDA-Rioja Alta) ha dado la bienvenida al cambio de actitud del Gobierno con respecto al anterior “porque reconocen que los proyectos son dañinos” pero lamentan “que digan que no pueden hacer nada con lo que hay ahora”.