Piden dos años de cárcel por encargar tres nóminas falsas a dos empresas de limpieza ficticias

El fiscal pide dos años de prisión por un delito de falsedad y otro de estafa para un hombre, natural de Pakistán, por encargar tres nóminas a dos empresas de limpieza para “justificar una supuesta relación laboral” con ambas empresas que además eran ficticias. Además, le reclama una multa de 1.440 euros.

Los hechos, a los que ha tenido acceso Europa Press, se juzgan este miércoles en la Audiencia Provincial de La Rioja. En concreto, el escrito indica que el acusado, nacido en 1967, encargó entre el 1 de agosto de 2011 y el 2 de mayo de 2012, a una persona - contra la que no se dirige el presente procedimiento- la elaboración de dos nóminas de una empresa de limpieza y otra más de otra, para “justificar una supuesta relación laboral con ambas”.

Paralelamente, para “perfeccionar el engaño', fue dado de alta en el Régimen General de la Seguridad, a su cargo, por cuenta de una de las empresas el 1 de agosto del 2011 y hasta el 31 de ese mismo mes; en otra empresa del 13 de septiembre de ese mismo año al 28 de septiembre; en otra compañía más, entre el 17 de octubre y el 21 de noviembre de 2011; y en una última empresa, también de limpieza, del 30 de abril de 2012 al 1 de junio de ese mismo año, ”a pesar de no haber prestado servicio alguno para ninguna de ellas, ni haberse cotizado de forma efectiva por él“.

El escrito recoge que las mercantiles “constituyen empresas ficticias que siempre carecieron de actividad legal, y que fueron creadas con la única finalidad de dar cobertura a contratos de trabajo y nóminas para ciudadanos extranjeros que carecía de trabajo”. Los documentos era luego “ilícitamente utilizados para justificar la percepción de prestaciones por desempleo, permisos de residencia o reagrupamientos familiares”.

El acusado el 2 de mayo de 2012 presentó en la Oficina de Extranjeros de Zaragoza la solicitud de renovación de autorización de residencia, si bien “no consta” que aportara la documentación falsa. A partir de ahí, se realizó consulta de vida laboral teniéndose en consideración los periodos “supuestamente” trabajados en las empresas.

Una vez detectado el fraude se acordó, el 4 de junio de 2014, declarar extinguida la vigencia de autorización de residencia temporal y trabajo, que le había sido ya concedida.

Antes, el 7 de febrero de 2012, el acusado presentó, en la Oficina del Servicio Público de Empleo Estatal de La Rioja, solicitud de prestación contributiva, por las empresas en las que se suponía que había estado trabajando, y que le fue concedida por 120 días, por valor de 4.348 euros. La prestación fue declarada extinguida, por resolución del 15 de abril de 2012, sin que conste que haya devuelto importe alguno.

Por ello, para el fiscal el acusado es responsable de un delito de falsedad por el que le pide un año de prisión y una multa de 1.440 euros, mientras que por un delito de estafa le reclama un año de cárcel.