Reclaman la aprobación de una nueva Ley de Salud de La Rioja

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública de La Rioja ha reclamado a los grupos parlamentarios la aprobación de una nueva Ley de Salud para la Comunidad.

“Para mejorar la sanidad pública y con ello la atención a la ciudadanía es imprescindible que se promulgue una nueva Ley que sustituya a la actual en vigor de 2002, aprobada sin consenso social ni parlamentario”, destaca el colectivo.

La Plataforma insiste en que “la Ley actualmente en vigor data de 2002 y fue elaborada por la mayoría absoluta del gobierno conservador sin acuerdos ni consensos sociales o parlamentarios. No ha servido para proteger y garantizar unos servicios sanitarios públicos”.

“Los presupuestos de La Rioja nunca financiaron adecuadamente la sanidad, ni en infraestructuras o profesionales sanitarios y no sanitarios al no contar con compromisos establecidos por Ley. Esta norma permitió a gobiernos conservadores sucesivos a privatizar servicios sanitarios públicos. Más de 400 millones se han venido desviando que entre otras cosas sirvieron para engordar las cuentas de los consejos de administración de empresas privadas”, señalan.

Y aseguran que “la Ley actual no garantiza la universalidad en la prestación de los servicios sanitarios públicos

“ y que ”algunas de las dificultades actuales del sistema, son fruto del abandono padecido por una Ley que se ha demostrado ineficaz para la sociedad“

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La nueva Ley de Salud Pública para La Rioja “tiene que responder eficazmente a la salud la ciudadanía”, destaca la Plataforma.

“Protegiendo por Ley desde el articulo 1º una sanidad pública, universal, de calidad, suficientemente financiada y de acceso a todas las personas con independencia de su situación administrativa. Una Ley que determine que el eje principal del sistema sanitario en La Rioja es la Atención Primaria sin dependencias y con la autonomía necesaria para ejercer su función. Que su financiación sea del 25% del total del presupuesto que disponga anualmente la consejería de Salud”, reivindican.

La norma debe establecer para este colectivo “con claridad meridiana que el sistema sanitario público es el que detenta toda la capacidad operativa para actuar frente a la salud de la ciudadanía. La Ley establecerá plazos para la recuperación de todos los servicios sanitarios y no sanitarios que hayan sido privatizados y protegerá a los que se han recuperado durante esta legislatura”.

“La transparencia y la participación debe ser claramente impulsada por la Ley que establecerá pautas concretas para hacerla efectiva en los consejos de salud de zona, consejo de salud regional y mediante la recuperación de las comisiones de participación que el ámbito hospitalario que fueron eliminadas: Compras, farmacia, gestión operativa de los hospitales... También serán ampliadas a presencia de colegios profesionales, organizaciones científicas, de derechos humanos y sociales”

, detallan.

La Ley debe abordar, añaden, “la integración de todas las fundaciones sanitarias Hospital de Calahorra, Rioja Salud y otras si las hubiere”.

Y hacen eferencia expresa a “la normalización de los productos farmacéuticos que fueron retirados de la financiación pública utilizando como disculpa la crisis económica”.

“Se implantará un servicio se salud bucodental en cada centro de salud. La salud mental debe figurar expresamente en la Ley de Salud con un reforzamiento claro y con la incorporación de especialistas a los centros de salud y hospitales. Igualmente con el derecho efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios públicos y el tratamiento adecuado de las enfermedades raras”, subrayan.

La Ley, defiende la Plataforma, “garantizará los recursos humanos y de infraestructuras para una gestión suficiente. Facilitará la mejora de la gestión y organización interna de los centros de salud teniendo siempre como eje la salud comunitaria. Para que estos cambios sean eficaces se requiere un tiempo para formar a la ciudadanía en educación para la salud y para que compruebe que esos cambios contribuyen a mejorar integralmente su salud y la de la comunidad”

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.Y concluyen apuntando que la Ley garantizará “que se adopten medidas que eviten que con la aplicación de las nuevas tecnologías se discrimine negativamente a las personas de mayor edad o con escaso conocimiento tecnológico”.