Patricia Hernández advierte que habrá sanciones con el nuevo plan contra la explotación laboral
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ha advertido este martes a los empresarios de que habrá sanciones a quienes hagan un uso fraudulento de los contratos gracias a la aplicación del nuevo plan contra la explotación laboral.
“El que no se ha escondido tiempo ha tenido”, ha señalado en una comparecencia parlamentaria solicitada por Nueva Canarias (NC) en la que ha incidido en que en Canarias hay un “abuso” de los contratos a tiempo parcial, que aunque son legales, en muchas ocasiones de usan “de forma inadecuada”.
Hernández ha defendido el plan contra la explotación laboral que este mes pone en marcha su Ejecutivo con una plantilla de más de 30 inspectores que realizarán más de 1.300 inspecciones en empresas de las islas durante un mes.
Según la vicepresidenta, hay que incidir en el número de horas no remuneradas y la salud en el trabajo, y para ello, el Gobierno regional ha impulsado la creación de una mesa de trabajo para el personal de la hostelería.
Además, ha defendido las cláusulas sociales por las que la administración va a “premiar” a las empresas que no tengan trabajadores en precario, una realidad extendida en el Archipiélago, con el 60% de las horas extra que no se pagan o dos de cada tres contratos parciales recaen en mujeres, según la EPA.
“No se trata de criminalizar el contrato parcial pero en muchas ocasiones se usa de forma fraudulenta para hacer frente a los inspectores”, ha comentado.
Asimismo, ha dicho que los inspectores “saben” dónde “deben ir” gracias al trabajo previo de Inspección de Trabajo, y en todo caso, espera que el efecto del plan “continúe” en el tiempo y no se limite a la acción de los 32 nuevos inspectores.
Hernández también ha criticado la reforma laboral impulsada por el PP en un momento de “máxima tensión social” por la crisis económica, poniendo el símil de las “lentejas, o las tomas o las dejas”, ya que se aceptan condiciones laborales que en otro momento no se hubieran aceptado.
“Los sueldos no dan”
Además, ha dicho que al Gobierno canario le “preocupa” la “calidad” del empleo porque “los sueldos no dan” en las familias y las cotizaciones a la Seguridad Social están cayendo, lo que afecta a las futuras pensiones.
Luis Campos, de NC, ha comentado que la explotación laboral genera “competencia indebida”, y no aplicar criterios de prevención de riesgos laborales finalmente “es más caro”, al tiempo que ha lamentado el retraso de un año en el desarrollo del plan.
Ha apuntado que la reforma laboral ha roto el “equilibrio” entre empresa y trabajador y “campo abonado” para la extensión de la reforma laboral, mientras que en el caso concreto de Canarias, ha criticado que “no se han hecho notar” las medidas aprobadas en el Parlamento para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso.
La diputada del grupo Mixto, Melodie Mendoza (ASG), ha valorado la puesta en marcha del plan contra la explotación laboral porque el 70% de los contratos en las islas son temporales, lo que “unido al paro”, hace que no haya buenas cotizaciones para la futura pensión.
Noemí Santana, portavoz de Podemos, también ha destacado que el Gobierno saque adelante el plan aunque haya “cada vez menos derechos laborales” por los que luchar, debido a los recortes y reformas aplicados por el PP, pero también por el PSOE.
Ha rechazado que el Gobierno haya puesto fechas porque se está “alertando” a los empresarios. “Esto no pone solución a la lacra que sufren los canarios y las canarias”, ha destacado, insistiendo en que “la fórmula no es la adecuada”.
El PP pide no “criminalizar” a los hoteleros
Águeda Montelongo, del grupo Popular, ha criticado que se dé mala imagen al sector turístico de Canarias porque es “líder” en el sector, y ha incidido en buscar “a los que lo hacen mal” y no “criminalizar” a quien “ha dado de comer” en esta tierra durante varias décadas.
Héctor Gómez, del grupo Socialista, ha dicho que el “problema real” es el marco legal de las relaciones laborales porque ha habido una “merma notable” de los derechos de los trabajadores, y aparte de la hostelería, también ha mostrado su preocupación por lo que ocurre en el sector primario.
José Manuel Pitti, del grupo Nacionalista, ha dicho que hay baja formación en riesgos laborales y escasos protocolos de actuación, por lo que ha animado a “fomentar” la cultura de la prevención y derogar la reforma laboral, ya que la precariedad genera “problemas psíquicos” en los trabajadores.
