Vía libre a la destrucción de Canarias

Oscuras nubes se ciernen sobre el futuro de Canarias. La nueva ley del suelo podrá dar vía libre a las mayores barbaridades y tropelías urbanísticas, por eso es aplaudida hasta con las orejas por un empresariado que busca dinero rápido y fácil para sus bolsillos, sin pensar en las consecuencias que puede traer consigo un modelo económico depredador del territorio, tan importante en un lugar con un espacio tan limitado como Canarias. Se quiere volver al viejo modelo de la burbuja inmobiliaria, uno de los factores que precisamente causó la crisis, y quieren venderlo, en una esperpéntica campaña de marketing, como el elemento que traerá trabajo y prosperidad al conjunto de la población. Nada de eso, más de lo mismo, cada vez mayores desigualdades sociales y rompiendo el frágil equilibrio entre el ser humano y el medio ambiente en el que éste desarrolla su vida y su actividad diaria porque, no nos olvidemos, el medio ambiente no consiste sólo en una serie de espacios naturales protegidos, concebidos como si fueran meras áreas de esparcimiento, o un parque en una ciudad, sino que el medio ambiente es aquel espacio, aquel territorio en el que las personas viven.

  Resulta obvio que cualquier plan territorial necesita ordenación, y esa ordenación necesita ser analizada y evaluada para evitar que los ayuntamientos cometan irregularidad, o bien contraviniendo la propia ley, o bien utilizando la institución para beneficiar a constructores y propietarios afines, casos no tan excepcionales dada la gran cantidad de episodios de posible corrupción que han ido saliendo a la luz pública durante todos estos años. Es cierto que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) no garantizaba que esos casos no se dieran, pero al menos existía un órgano de control que ahora desaparece, de modo que se corre el riesgo de que cometan más barrabasadas de consecuencias irreversibles sobre el territorio con esta falta de control. En esta imbricación entre los intereses del gran empresariado (una ínfima minoría de la población) y el poder político, lobbies como el Círculo de Empresarios de Gran Canaria aplauden y elogian a Fernando Clavijo, representante del sector derechista de la ya de por sí derechista Coalición Canaria. Recuerdo uno de los lemas más coreados en las manifestaciones en defensa de nuestra tierra: ‘Coalición Canaria es una inmobiliaria’. Ahora parece que tendremos que repetirlo muchas más veces, pero también tendremos que añadir como socios del negocio inmobiliario a PP y PSOE, aunque, a decir verdad, esto no es tampoco una novedad. 

Lo que se busca con esta nueva ley del suelo no es facilitar al vecino o vecina que quiere arreglar el cuarto de la azotea, o algún cuarto de aperos, sino beneficiar a los intereses de especuladores y constructores, en connivencia con algunos poderes locales que, en algunos casos concretos, no se han caracterizado precisamente por su limpieza en los procedimientos.