El Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento de la capital dice que el grupo de Gobierno “nos menosprecia”

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

El Comité de Empresa del personal laboral del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma expresa en un comunicado “su contrariedad con el trato recibido, hasta la fecha, por el grupo de Gobierno” que “en reiteradas ocasiones hemos presentado instancias demandando reuniones para tratar temas de interés relativos a los derechos de los trabajadores y los servicios prestados a los ciudadanos, frente a lo cual ha obtenido la callada por respuesta”.

Subrayan que “desde diferentes instancias se nos anima a interponer acciones legales en contra del menosprecio recibido, no sólo por la desconsideración personal que supone, sino además por la dejación de respeto hacia el órgano que representa”. Añaden que “sin embargo, la inclinación que mueve al Comité de Empresa es la de diálogo y sano debate que ayude a dar luz a las alternativas laborales y conflictos que, irremediablemente, surgen en el seno de las instituciones”.

Aseguran que “este Comité tiene la convicción de que, si el proceso de comunicación se realiza en su justa definición, las clarificaciones de las acciones se producirán en un marco democrático. Las decisiones unilaterales, sin interlocución, sin parlamento, son más propias de procedimientos de tiranía y autarquía. Judicializar las relaciones laborales entre las partes, no le parece la opción más adecuada, así que seguirá insistiendo desde procesos de confrontación mediática, si no surgen movimientos de acercamiento y diálogo”.

Afirman que en las pasadas fiestas navideñas se enteraron por la prensa “la dinámica, que parece ya una filosofía de partido: privatizar o externalizar, lo mismo da, servicios públicos, concretamente, los servicios de limpieza de los colegios y el mercado, así como la recaudación municipal”.

“Nos preocupa sobremanera la precarización del empleo, con todo lo que ello supone, tanto en la calidad de la prestación de los servicios públicos como en la seguridad y dignidad de los puestos de trabajo desempeñados. Velar por estos derechos es la encomienda que le hace el resto de los trabajadores al colectivo que los representa, y por ello se ve en la obligación de insistir, con la voluntad de participación y la necesidad de estar informado”, concluyen.

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