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La ubicación de la estación de bombeo es “un error que habrá que corregir”

La Palma Ahora / La Palma Ahora

El arquitecto Juan Julio Fernández Rodríguez, ex presidente de la Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y representante, adjunto al decano, en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, ha expresado su rechazo “a la ubicación de una estación de bombeo de aguas fecales en la puerta de entrada a la ciudad que, de consumarse, será una hipoteca para el futuro y un estigma difícil de borrar”. Tal posición la expuso recientemente en una conferencia pronunciada en la Sociedad La Investigadora de Santa Cruz de La Palma a instancia de la comisión ciudadana que se opone a la ubicación de la estación de bombeo en la rotonda Blas Pérez, justo en la entrada del Puerto. “En el mejor de los casos”, dijo, el referido emplazamiento de la citada infraestructura, es “un error que habrá que corregir y pagar con cargo a los bolsillos de los ciudadanos”.

Subrayó que “el problema que hoy se discute en Santa Cruz de La Palma nunca debió llegar al estadio al que se ha llegado, ni ahora tampoco ?así lo entiendo- pueden esgrimirse los perjuicios económicos ?evidentes- que pueden suponer la paralización de las obras para perseverar en el error y no consensuar alternativas aceptables”.

Los responsables políticos, apuntó, “deben evitar la consumación del dislate y la pérdida de los fondos. Las rectificaciones en el diseño de la estación de bombeo después que empezó a detectarse el clamor de los ciudadanos es una demostración de que la pretendida solución ha sido improvisada y, además, inadecuada”. El mantenimiento de su ubicación, aseveró, “será siempre una equivocación que, si se consuma, tendrá que ser, antes o después, rectificada, aunque una vez más con los dineros de los contribuyentes y no con el de los responsables, técnicos o políticos, de la decisión desacertada”.

Añadió que “valen las explicaciones, que he visto publicadas, de que el emplazamiento de una estación de bombeo, que no supone ningún beneficio ni para la ciudad ni para la Isla, en la entrada del puerto, se debe a que ni la jefatura de Costas ni la Autoridad Portuaria admiten su emplazamiento en sus dominios por razones jurídicas”. En este sentido, dijo, “estoy con el pragmatismo anglosajón que muchos admiramos: 'la ley debe estar al servicio de la realidad y nunca la realidad al servicio de la ley'. Recalcó que ”no puede tolerarse que estas razones esgrimidas ?si en realidad lo han sido- por dos organismos que deben estar al servicio de la ciudad no se superen para arbitrar un acuerdo y se concluya cargándole el muerto a la ciudad a la que tenemos derecho, para a poder vivir con la máxima calidad de vida y la mayor comodidad posible“.

Entiende que “los fondos europeos con los que se ha abordado la actuación en el litoral de Santa Cruz de La Palma encontraron como justificación principal la protección de la ciudad frente a los embates del mar y parece incuestionable que ese objetivo puede conseguirse con las escolleras que se están construyendo, si las mismas se terminan de ejecutar con la solidez que aconsejan la experiencias históricas sobre el comportamiento de nuestro mar. Lo que es discutible es si el proyecto o proyectos que se subastaron son los más adecuados para que las obras reporten el mayor beneficio posible a la ciudad y si los mismos son técnicamente apropiados”.

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