Nueva Canarias exige el abono de las ayudas a la vivienda en Tazacorte
Nueva Canarias (NC) “exige” al Gobierno de Canarias “el abono de la ayuda a la vivienda en Tazacorte”. En este sentido, según expone en un comunicado, el portavoz de NC en el Parlamento regional, Román Rodríguez, insta al Ejecutivo autonómico, “a abonar la ayuda directa a la entrada y la subsidiación de las cuotas del préstamo a la totalidad de las familias de las VPO (Viviendas de Protección Oficial) ‘Pérez Castillo’.
En la nota señala que “hay que remontarse a septiembre de 2005, cuando el Ayuntamiento de Tazacorte, por acuerdo de la Junta de Gobierno local, otorgó a la promotora Apartamentos Pérez Castillo la licencia municipal de obras para la construcción de 64 viviendas y 68 garajes de protección oficial, en la calle Cronista Luis Sánchez Brito, concediéndole autorización para iniciar las obras de edificación en marzo de 2006”.
En noviembre de ese mismo año, añade, “el Instituto Canario de la Vivienda otorga la calificación provisional de viviendas de protección oficial, de Régimen General Tipo I, estando sometidos los préstamos cualificados y las ayudas económicas directas, en su posible concesión y condiciones, a las limitaciones y recursos previstos en la citada disposición que regulaba el plan 2002-2005 y en el convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Fomento”. Asimismo, continúa, “se concede un plazo de 30 meses para la finalización de las obras de construcción”.
En esas fechas, prosigue, “se firman los contratos de compra-venta de la mayoría de los adquirentes, animados por las ayudas que les concederían tras la firma de le escritura pública de compra-venta, abonando el 20% de entrada sobre el precio total de la vivienda establecido, así como el IGIC correspondiente, quedando pendiente el 80% restante del precio máximo establecido por el ICAVI, correspondiente al préstamo subsidiado, en el cual tendrían que subrogarse los adquirentes en el momento de la firma de la escritura pública”.
Después de haberse concedido varias prórrogas a la obra, agrega, “como consecuencia de las dificultades económicas por las que atraviesa la promoción, en noviembre de 2010, se otorga por el Instituto Canario de la Vivienda la calificación definitiva de Viviendas Protegidas de Régimen General, a los efectos de que sean reconocidas definitivamente las exenciones y bonificaciones fiscales correspondientes y demás beneficios previstos en la vigente legislación de Viviendas de Protección Oficial”.
Por tanto, subraya, “a partir de noviembre de 2010, se podrían comenzar a escriturar las 64 viviendas y 68 plazas de garaje vinculados a esta promoción, pero no es hasta el 20 de abril de 2012 cuando se procede al visado de los contratos y se dicta resolución del Instituto Canario de la Vivienda por la que se les reconoce el derecho a acceder al préstamo protegido y a la subsidiación de la cuota de amortización del préstamo por un período de 5 años, ampliable por otro período de la misma duración, así como al reconocimiento de las cantidades que les correspondían como ayuda directa a la entrada”.
“Para colmo”, enfatiza, “las primeras 11 escrituras se formalizan en abril de 2013, habiendo transcurrido más de 2 años desde la calificación definitiva, que es cuando, a pesar de tener toda la documentación precisa, la entidad financiera cita ante la Notaría a los primeros 11 compradores, que formalizan la compra-venta de la vivienda, en enero de 2013, y se subrogan en el préstamo hipotecario convenido”. A estos adquirentes, detalla, “se les había reconocido la reducción de la cuota del préstamo y la ayuda directa a la entrada, por parte del ICAVI, con fecha 20 de abril de 2012, y se les abona la misma. Lo mismo que ocurre con otras 12 familias, que también formalizan la compra-venta de la vivienda y se subrogan en el préstamo hipotecario convenido entre febrero y julio, subsidiándole la cuota mensual del préstamo hipotecario y se les abona la ayuda directa a la entrada”.
Por el contrario, sostienen, en los primeros días de agosto de 2013 “son citados en la notaría otros nueve adquirentes, que igualmente formalizan la compra-venta de la vivienda y se subrogan en el préstamo hipotecario, pero a los que, a pesar de que tienen reconocida la ayuda directa a la entrada, con la misma fecha que los anteriores, es decir, el 20 de abril de 2012, no se les abona la misma”.
Según el secretario de organización de NC en La Palma, Miguel Ángel Pulido, “estas familias, cansados de recibir la callada por respuesta se han dirigido a la Consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, en su calidad de presidenta del Instituto Canario de la Vivienda y, al propio tiempo, han presentado un escrito de queja ante el Diputado del Común solicitando su intermediación ante la Administración, para que se les aplique la referida subsidiación en las cuotas de amortización del préstamo hipotecario, así como la ayuda directa a la entrada, que oscila entre los 5.000 y 12.000 euros, y que está en función de a la situación socio-económica de cada unidad familiar”.
Para Nueva Canarias, añade Pulido, “la no aplicación de estas ayudas producirían un agrario en relación con los otros adquirentes de la misma promoción que ya la han cobrado y constituirían una vulneración de la legalidad, por ello instan al Gobierno de Canarias a que aplique en todos sus términos las resoluciones del Instituto Canario de la Vivienda, de fecha 20 de abril de 2012, por las que se les reconoce a estas familias el derecho a la subsidiación de la cuota de amortización, por un período de cinco años, del préstamo hipotecario en el que se han subrogado, así como al abono de las cantidades correspondientes que se les adeudan en concepto de ayuda directa a la entrada”.
