El Gobierno de Canarias interpone un recurso contra el Reglamento General de Costas
El Gobierno de Canarias ha interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto que aprueba el Reglamento General de Costas por considerar que este documento vulnera las competencias autonómicas, informa en un comunicado.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, ha propuesto, mediante orden, a la Dirección General del Servicio Jurídico de Presidencia del Gobierno, la interposición del citado recurso.
Entre otros, cuestiona asuntos sobre núcleos de población en la costa, clasificación de playas, limitación de celebración de eventos y ampliación en parcelas que se encuentran en la actualidad afectadas por la servidumbre de protección.
Respecto a los núcleos de población, la Comunidad Autónoma considera que es competencia de ordenación urbanística qué suelos son merecedores de ser clasificados como urbanos, a los efectos de la aplicación de la servidumbre de protección, y no considera conveniente que esta decisión la adopte el Estado, tal y como queda establecido en el Reglamento.
El Estado, a través de este texto, establece además como obligación de la Comunidad Autónoma distinguir en las playas entre tramos urbanos y naturales, y establece un régimen jurídico para dichos tramos. El Gobierno de Canarias entiende a este respecto que dicha obligación se excede de las competencias estatales, toda vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya al respeto y tiene reconocidas las competencias para la ordenación de las playas a las comunidades autónomas.
El Reglamento también limita la celebración de eventos deportivos o culturales en las playas urbanas y establece que éstos tienen que tener relevancia nacional o internacional, sobre lo cual la Consejería de Política Territorial defiende que, en Canarias, “existe una multitud de eventos deportivos como campeonatos de windsurf o surf, que se vienen desarrollando en playas o tramos de playa naturales, y que su prohibición no sólo perjudicaría los intereses de la Comunidad Autónoma, sino que iría en contra de la competencia que ésta tiene en materia de Deportes y Ordenación del litoral”. También el Gobierno de Canarias está “en contra de que estos eventos tengan que tener a la fuerza consideración de campeonatos nacionales o internacionales, pues existen numerosísimos campeonatos insulares y locales en todo el Archipiélago que son también de interés turístico y deportivo”.
Finalmente, el Gobierno de Canarias se posiciona asimismo “en contra de la propuesta que tiene el Reglamento General de Costas de ampliación de las afecciones, en parcelas que se encuentran en la actualidad afectadas por la servidumbre de protección. El Estado pretende con este documento ampliar la figura de protección a la totalidad de la parcela que tenga alguna parte afectada por las servidumbres costeras, aun cuando la mayor parte de ella se encuentre fuera de dicha protección”. En una Comunidad que “basa buena parte de su economía en el turismo asociado a los usos costeros, esta medida podría tener un efecto demoledor”, a juicio del Gobierno, pues “con ello se impediría, entre otras repercusiones, gran parte de la política que se está llevando a cabo de modernización de núcleos turísticos”.
El Reglamento cuya impugnación se propone desarrolla la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, respecto de la cual el Gobierno de Canarias tiene ya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, en el que, en síntesis, ha planteado su disconformidad por similares vulneraciones constitucionales de determinados artículos y de disposiciones adicionales.
Estas disposiciones adicionales “guardan relación con el deslinde de la isla de Formentera, la exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo terrestre, el informe sobre las posibles incidencias del cambio climático en el dominio público marítimo terrestre y la garantía del funcionamiento temporal de determinadas instalaciones de depuración”. El Gobierno de Canarias también plantea su disconformidad por “vulneraciones constitucionales de otras disposiciones como la relativa a títulos competenciales”.
