La resolución del Gobierno sobre el Fdcan en La Palma “se ajusta a derecho y se emite tras varios requerimientos al Cabildo”

El viceconsejero de Hacienda, Javier Armas, en una nota de prensa aclara que “la resolución emitida por el Gobierno de Canarias respecto a la anualidad de 2017 del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) en La Palma  se ajusta a las condiciones establecidas en el decreto que regula el uso de estos fondos en todas las Islas”. De esta forma, se apunta en la nota, “ha desmentido tajantemente” que exista “arbitrariedad en la decisión del Ejecutivo”. Ha insistido en que “se ajusta también a varios acuerdos de Gobierno y al convenio y las adendas entre la Comunidad Autónoma y el Cabildo Insular de La Palma, donde se especifica claramente que la falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos podrá lugar al reintegro de las cantidades percibidas”.

En la nota se destaca que “el informe de la Viceconsejería de Hacienda refleja lo que dice la Intervención del Cabildo”, que 'no se puede acreditar la veracidad y regularidad de los gastos y pagos' por importe de 16,8 millones“. 

Javier Armas apunta que “durante los últimos meses, el Cabildo de La Palma ha sido plenamente consciente de nuestra preocupación para que los fondos del Fdcan se ejecutaran y certificaran correctamente”.

“Las reglas del juego han estado muy claras siempre y han sido comunes a todos las corporaciones insulares”. Ha añadido que “el grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma las conocía; es más, ha sido plenamente consciente durante estos últimos meses de nuestra preocupación para que los fondos de La Palma se ejecutaran y certificaran correctamente, permitiendo que el dinero se quede en la Isla para crear empleo y diversificar la economía”. Además, “hemos mantenido un mayor nivel de comunicación y colaboración con el Cabildo de La Palma, que con ninguna otra institución”.

Javier Armas ha aclarado que,  “cuando el Cabildo de La Palma argumenta un trato desigual con el resto de las instituciones, se refiere a varios ayuntamientos de Gran Canaria y de La Gomera, así como las dos universidades públicas, que tienen un plazo distinto a las corporaciones insulares para la ejecución y la certificación de las actuaciones”. Ha puntualizado que “estas entidades reciben fondos del Fdcan en la modalidad de proyectos, mientras que los cabildos tienen que desarrollar programas, alguno de los cuales incluye más de 300 actuaciones”. “Son modelos de gestión distintos que dificultan que las condiciones sean las mismas”, asegura. Ha insistido en que las condiciones son iguales para todos los cabildos de Canarias. “Resultaría del todo inoperativo la gestión de un programa en los últimos días del año, cuando se está llevando el cierre presupuestario”.

“Lógicamente, la gestión del programa insular es mucho más compleja que la de un proyecto  municipal. No existe margen de que en caso de incumplimiento se pudieran certificar los fondos y aplicarlos adecuadamente dentro de la anualidad”, ha asegurado.

Javier Armas ha recordado que el pasado 30 de julio el Gobierno de Canarias acordó satisfacer la demanda de varios Cabildos, entre ellos el de La Palma, para que se les concediera una prórroga. A partir de ese momento, las instituciones insulares podían ejecutar las obras hasta el 31 de octubre, en lugar del 31 de julio, para optimizar el empleo de los fondos hasta el final del periodo, algo que también se permitió el año pasado solo al Cabildo de La Palma.

El informe de la Intervención del Cabildo

El viceconsejero Javier Armas también ha querido aclarar que el Gobierno no ha entrado a valorar si las obras están ejecutadas o no. “La resolución de la Viceconsejería de Hacienda refleja lo que dice la propia Intervención del Cabildo de La Palma en la documentación remitida el pasado 31 de octubre”. En ella, el interventor dice textualmente que solo puede “acreditar la veracidad y regularidad de los gastos y pagos por importe de 1.705.768,61 euros”.  Además de aducir la falta de tiempo, el interventor argumenta que no dispone de la información adecuada para la fiscalización.

Mientras tanto, “sobre el resto de documentación hasta los 16,8 millones de euros y siempre según la Intervención del Cabildo, no se puede acreditar la veracidad y regularidad, ni se adecuan a lo previsto en la Disposición Adicional Sexta del Decreto 85/2016, de 4 de julio, al carecer, según el interventor de la información y el tiempo necesario para una fiscalización adecuada”.

“Ante este informe, poco puede hacer el Gobierno de Canarias”, ha lamentado Javier Armas. “Estamos antes dos documentos contradictorios ya que, el presidente del Cabildo de La Palma dice justo lo contrario de lo que asegura en su informe su interventor”. 

Además, el viceconsejero ha avisado de que el Cabildo dispone del plazo de un mes, que expira el próximo 9 de diciembre, para presentar las alegaciones que considere oportunas, por lo que ha animado al presidente a defender su postura por las vías establecidas legalmente y “a que lo haga dentro de plazo”.

Por último, Javier Armas ha lamentado la situación que se ha creado en los últimos días porque “el objetivo principal del Fdcan desde su creación ha sido permitir que las islas no capitalinas reduzcan su brecha económica con las islas capitalinas para que todos los canarios tengan las mismas oportunidades”.