“El caso de Samara es el ejemplo del fracaso de las políticas de vivienda”

El portavoz de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Felipe Ramos, asegura que el caso de Samara Bermúdez, la mujer que ha ocupado una vivienda de protección oficial en el Barranco de La Cruz de La Paloma y se encuentra amenazada de desahucio, “es el ejemplo del fracaso de las políticas de vivienda en Canarias”.

Samara, de 36 años, junto a sus tres hijos, habita una casa de forma ilegal desde diciembre de 2015. Este inmueble fue cedido por el Instituto Canario de la Vivienda al Ayuntamiento de Los Llanos. Tras la ocupación, la Concejalía de Servicios Sociales del Consistorio aridanense interpuso una denuncia. Después de varias sentencias y recursos, un auto le obligaba a abandonar el inmueble de forma voluntaria el pasado lunes y por la vía forzosa el próximo jueves. Finalmente, según informó este lunes el Diputado del Común, el Instituto Canario de la Vivienda, de momento, ha paralizado el desalojo.

 “A pesar de no ser una competencia propia, un Ayuntamiento como el de Los Llanos de Aridane, con 18 viviendas de titularidad municipal, puede hacer mucho más de lo que hace en esta materia. Desde el comienzo de la legislatura hemos insistido en la rehabilitación de los dos edificios de viviendas con los que cuenta. Sólo se ha avanzado en el proyecto de uno de ellos, un proyecto que no compartimos porque su reforma no lo haría accesible”, afirma. “Con el otro bloque de viviendas, el situado en frente del Colegio Nazaret, no se ha buscado una solución a los vecinos y vecinas que actualmente residen en las mismas y tampoco se ha hecho nada por resolver el expediente, rehabilitarlas y destinarlas a alquiler social. Lo único que sí se ha hecho es tapiar la semana pasada la puerta de dos de ellas. ¿Así se resuelven los problemas de acceso a la vivienda?”, se pregunta Ramos.

“¿Cómo es posible que en un municipio pueda residir durante un año y medio un usuario de servicios sociales en una obra municipal, como es la del Complejo del Jable, y no cambie su situación? En 2017 Cáritas en La Palma atendió a 23 personas sin hogar en el municipio. Muchas de ellas se encuentran en la misma situación, pernoctando incluso en edificios que se encuentran en obras, con el consiguiente riesgo que supone para su seguridad. Y el Ayuntamiento tiene recursos para afrontar estas situaciones, de lo que carece es de voluntad política”, sostiene el portavoz de IUC.

“El caso de Samara es el ejemplo del fracaso de las políticas de vivienda en Canarias. Los poderes públicos se han puesto de perfil ante una situación que, tras los años de crisis, hemos visto aumentar y no es otra que la de personas que, independientemente de que trabajen, o no, no pueden acceder a una vivienda, como reconoce la propia Constitución Española en su artículo 47”, apunta.

“En un municipio como el de Los Llanos hemos visto cómo se ha producido una escalada en los precios del alquiler motivados en buena medida por el auge sin regular del alquiler vacacional, que tiene dos efectos, por un lado, una reducción de la oferta tradicional, y por el otro, el aumento exponencial de los alquileres. Unos alquileres que con unos salarios muy por debajo de los 1.000 euros, se antojan del todo imposibles de pagar”, dice.

“Frente a esta realidad, el Gobierno de Canarias no ha hecho nada. Ni en Los Llanos, ni en La Palma, ni en el resto de la Comunidad Autónoma. La última promoción de viviendas públicas en el municipio fue precisamente la del Barranco Cruz de La Paloma. El gran número de demandantes que cumplían con los requisitos y las consecuencias de la crisis, con la consolidación de una buena parte de la población activa como parados de larga duración o con trabajos en la economía sumergida, hace necesaria la construcción de nuevas viviendas, así como la compra de otras para destinarlas en régimen de alquiler social. Pero lamentablemente tampoco se ha actuado en esta materia, cediendo suelo a la Consejería o buscando la forma que viviendas vacías salgan al mercado mediante alquiler social, como propusimos en una moción en 2015 en el Pleno del Ayuntamiento”, concluye.