Amnistía se moviliza en defensa del derecho a la vivienda en España
Amnistía Internacional Grupo La Palma informa que este sábado, 10 de octubre, llevará a cabo una acción de calle en la zona de a Plaza de España de Santa Cruz de La Palma. El acto se desarrollará entre las 10:00 13:00 horas y consistirá en la instalación de una mesa informativa y recogida de firmas por el derecho a la vivienda en España. A las 12.00 se leerá el manifiesto sobre esta acción, que estará a cargo Domingo Airán Pérez Santana.
Amnistía Internacional lanzó el pasado 23 de junio el informe ‘Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España’. En el documento se denuncia que entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria en España. A nivel internacional, el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas ha pedido a España que asegure la accesibilidad a recursos jurídicos para las personas que se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria y han recordado que el gobierno debe garantizar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones del PIDESC (Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales).
Así lo advirtió Amnistía Internacional en su informe ‘Derechos Desalojados’, en el que pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas.
España es uno de los países con menor número de vivienda social en Europa, con tan sólo el 1,1% frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido. También es el que cuenta con el mayor número de viviendas vacías: el 30% de todas las que hay en Europa se encuentran en España. Además, las autoridades españolas han tomado medidas regresivas injustificadas de reducción del gasto social en vivienda, según Amnistía Internacional.
Esta organización no gubernamental lanzó el pasado mes de junio la campaña #UnaPuertaUnaHistoria para exigir al Gobierno que proteja el derecho a la vivienda. Más de 70.000 personas han firmado la ciberacción para recordar al Gobierno que “ninguna persona debería encontrarse indefensa por no poder pagar una hipoteca”.
