Opositores del SCS advierten con medidas de presión si no se resuelven las pruebas
Un grupo de opositores de la última convocatoria del Servicio Canario de Salud (SCS), que se celebró este año pero que correspondía a la oferta de empleo público (OPE) de 2007, ha advertido con ejercer acciones de presión “sin descartar ninguna dentro de la legalidad” si no se resuelven las calificaciones de la pruebas.
“Necesitamos respuestas, necesitamos que el SCS finalice de una vez por todas esta OPE interminable, y no vamos a parar hasta conseguirlo”, aseguran en un escrito tres de los opositores, que dicen hablar en nombre de un nutrido grupo de participantes en la convocatoria en la categoría auxiliar administrativo, celebrada en mayo.
Los opositores reclaman “respuestas satisfactorias” y “resultados objetivos al corto plazo” sobre el resultado de las pruebas, a las que se presentaron 18.396 personas.
Señalan que en la categoría de auxiliar administrativo aún no se conocen las calificaciones del examen teórico, los que provoca que “miles de opositores lleven años pendientes de conocer su futuro profesional, con la ansiedad e impotencia que ello conlleva”.
De sus preguntas al SCS, solo obtienen “silencio o llamadas a la paciencia”, señalan en el escrito, en el que recuerdan que el examen estuvo “plagado de irregularidades”.
El mismo tribunal “corrigió de oficio, horas después de su realización, preguntas extravagantes, fuera de temario o con respuestas distintas según el modelo de examen que tocara en suerte”, señalan.
“Los responsables se excusan en el alto número de opositores e impugnaciones, situación que era de prever dada la chapuza con la que el tribunal preparó y dispuso el examen, junto con la escasez de medios materiales y humanos”, afirman los opositores, y exigen que se agilice al máximo este proceso selectivo.
Tras la celebración de las pruebas selectivas, los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Canaria denunciaron la chapuza y la improvisación que a su juicio las caracterizaron, ya que se incumplieron “todos los principios de racionalidad y sentido común” y el tribunal demostró “una incompetencia manifiesta”.
