Las asociaciones feministas reclaman a los nuevos gobiernos “igualdad social y de género”

En la imagen, integrantes de la Asociación Contramarea.

La Palma Ahora

Santa Cruz de La Palma —

Más de una treintena de asociaciones feministas del Archipiélago han firmado un manifiesto conjunto en el que reclaman a los nuevos gobiernos salidos de las urnas el pasado 24 de mayo, que apliquen políticas encaminadas a lograr “más igualdad social y de género”. “Pasados los primeros impactos de la crisis, sigue la tendencia al aumento de la brecha de género en el paro, la precariedad, los salarios, las condiciones laborales, los tiempos dedicados a los trabajos domésticos y de cuidado. Otros indicadores nos hablan del crecimiento de las desigualdades, como los datos de violencia de género o la feminización de la pobreza”, aseguran.

 

MANIFIESTO                                                                                                                                                 

El 24 de mayo de 2015, elegimos cargos públicos de 85 ayuntamientos, 7 cabildos, así como 60 personas parlamentarias autonómicas. Tras años de impactos de los ajustes en el crecimiento de todas las desigualdades, también la desigualdad entre mujeres y hombres, comienza una nueva legislatura. La legislatura que termina nos deja datos de gran inequidad. Pasados los primeros impactos de la crisis, sigue la tendencia al aumento de la brecha de género en el paro, la precariedad, los salarios, las condiciones laborales, los tiempos dedicados a los trabajos domésticos y de cuidado... Otros indicadores nos hablan del crecimiento de las desigualdades, como los datos de violencia de género, la feminización de la pobreza...

Urge, por tanto, aprovechar el inicio de una nueva legislatura para un verdadero compromiso político con el impulso del estado del bienestar y con la igualdad social y de género. Este momento es una oportunidad para esos cambios hacia situaciones más justas e igualitarias.

Los Ayuntamientos tienen el 95% de los cargos de elección directa, gestionando hasta ahora el 13% del gasto público, pero podrían perder la competencia en servicios sociales, educación infantil, atención a mayores y a víctimas de violencia de género y políticas de igualdad -que representan el 0,005% del Presupuesto del Estado central, 0,09% de los autonómicos y 0,24% de los de los ayuntamientos- y en fin, la posibilidad de responder a las necesidades y demandas de su ciudadanía, si no logramos que se derogue la Ley 27/2013 de reforma del Régimen Local.

Las organizaciones feministas abajo firmantes, desde la autonomía, exigimos a todos los grupos de gobierno:

- En los ayuntamientos:

Entendemos que es prioritaria para la igualdad y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres la recuperación de la competencia en Políticas de Igualdad, Educación, Empleo, Bienestar Social que ha sido suprimida por la nueva legislación de régimen local.

Exigimos Municipios activos en el reparto igualitario del empleo, los cuidados y otros derechos económicos

Reparto igualitario del empleo:

  • En su política de personal, con plan de igualdad en la gestión del personal y con cobertura de plazas por parte de mujeres en profesiones infrarrepresentadas (jardines, montes, seguridad, limpieza viaria…); en sus contratas (con exigencia de número de mujeres trabajadoras en las empresas contratantes)
  • En la atención a sus vecinas y vecinos: políticas de formación y de fomento de la contratación y la iniciativa económica de las mujeres. Desarrollo de programas especializados de empleo para mujeres, mediante acciones positivas, en el ámbito de las Agencias de Empleo y Desarrollo Local. Especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad de género (mujeres transexuales, víctimas de violencia, pobreza, mujeres con cargas familiares, mayores, inmigrantes…)
  • Revisión de los convenios en relación a las necesidades de la comunidad, es decir, que no se destinen solamente a obras, tareas especialmente masculinizadas (para las que exigimos paridad en el acceso), sino que también se desarrollen convenios que cubran necesidades sociales igualmente urgentes, como el ámbito de los cuidados, dependencia, educación infantil, etc.
  • Reparto paritario de los empleos generados en los convenios.

Reparto igualitario de los cuidados implementando medidas de conciliación y corresponsabilidad efectivas:

  • Plan de sensibilización en igualdad y corresponsabilidad a toda la población que prevenga la feminización de los cuidados.
  • Servicios de educación infantil de 0 a 3 años; y otros servicios de atención a la infancia como ludotecas, campamentos urbanos en periodos vacacionales…

Atención a la Dependencia: servicios profesionales de ayuda a domicilio, centros de día y residencias asistidas. Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos, con dotación presupuestaria suficiente que mantenga la oferta de servicios prevista por Ley.

Lucha contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención a la feminización de la pobreza.

Democracia paritaria y participativa

  • Paridad en el reparto post electoral de cargos: alcaldías, juntas de gobierno, concejalías delegadas y direcciones de servicios, y asignación de responsabilidades sin estereotipos de género (no siempre mujeres a Servicios Sociales y hombres a Hacienda...).
  • Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo.
  • Presupuestos participativos con perspectiva de género.

Comisión de Igualdad de la FECAM que impulse las políticas locales de igualdad.

Compromiso político con la promoción de la igualdad, transversalidad

  • Aplicar la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida local de 2006.
  • Concejalía de Igualdad de la Mujer, Agentes de Igualdad.
  • Plan Local de Igualdad aprobado por Pleno, previa consulta ciudadana y a las ONGs de mujeres, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación regular y pública de su aplicación.
  • Promoción transversal de la igualdad en sus políticas de urbanismo, vivienda, educación, servicios sociales, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad y cultura sin estereotipos sexuales.
  • Fomentar el deporte y la actividad física en chicas, adultas y ancianas.
  • Visibilizar y poner en valor la contribución de las mujeres a la cultura, el acervo comunitario, el conocimiento, el deporte, etc.

Violencia de Género:

  • Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.
  • Centros Municipales de información de la mujer, con suficiente dotación profesional especializada en función del volumen de población atendida.
  • Protocolos de coordinación de la policía local y el personal técnico municipal con los servicios de la Red Especializada en atención a Mujeres Víctimas de Violencia para la detección, atención y derivación de las mujeres.
  • Formación del personal de Servicios Sociales y de todas las áreas municipales que puedan tener relación con violencia de género (Policía local, Personal de Educación y Juventud...).
  • Campañas municipales de prevención de la Violencia de Género con continuidad, presupuesto suficiente y evaluaciones periódicas de su impacto.
  • Que se reponga la participación municipal en los Consejos escolares de Centro eliminada por la Ley 27/2013 y contribuya a su plan de prevención de la violencia (art.8 Ley 1/2004).

Combatir la precariedad laboral, jurídica y social de inmigrantes y nacionales, situación que incrementa la vulnerabilidad.

Urbanismo, vivienda, gestión de lo público y de los recursos naturales

Como dice la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las administraciones públicas han contribuido a la burbuja inmobiliaria promoviendo la vivienda en propiedad y relegando la vivienda en alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la ley de arrendamientos urbanos, las hipotecas a 50 años, y la falta de control y restricción del crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse para acceder a una vivienda antes de 2007. Aunque el Poder Judicial no desglosa por sexos, la percepción es que, de las 235.000 personas desahuciadas de 2011 a 2014, las mujeres mayores y las nacionales o inmigrantes solas con hijos se llevan la peor parte.

Por todo ello pedimos:

  • Convertir el parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque público de alquiler social.
  • Que el Pleno inste al Estado a establecer por ley la dación en pago y que la hipoteca no supere el 30% de los ingresos de la persona o familia, ni 20 años.
  • Fomentar una oferta plural de vivienda, con modelos variados que se adecuen a necesidades diferentes y cambiantes, con atención especial a las familias monoparentales, víctimas de violencia de género y a la emancipación de los jóvenes.
  • Eliminar barreras arquitectónicas: cumplir la Ley 51/2003 de accesibilidad de las personas con discapacidad.
  • Perspectiva de género en el urbanismo. Ordenación de la ciudad para los peatones, en su mayoría mujeres; mezcla de usos urbanos, conectándolos con los rurales, apoyando la diversificación de actividad en todo el territorio y evitando áreas segregadas por sexos, edades y clases; fomento de los espacios públicos como foro de relación, que refuercen el sentimiento de vecindad y pertenencia y revitalicen la interacción social; mejora del sentimiento de seguridad manteniendo espacios públicos transitados y cuidados, accesibles, iluminados, seguros y abiertos.
  • -Servicios de proximidad y centros polivalentes para ayudar a conciliar la vida familiar, personal y laboral, y que acerquen los servicios a la ciudadanía, independientemente del lugar de residencia, con especial atención a la problemática rural y en especial de la mujer rural.
  • -Gestión pública, participativa, con perspectiva de género y criterios de sostenibilidad del agua y el abastecimiento de alimentos, el territorio y el patrimonio, preservando los bienes públicos; la recogida de basuras, la limpieza viaria y el transporte.
  1. - En la comunidad autónoma

 

Pese al crecimiento de la desigualdad de género que muestran diversos indicadores (empleo, ocupación, feminización de la pobreza, brecha salarial, violencia de género, sobrecarga de cuidados…), y pese a haberse aprobado en 2010 la Ley Canaria de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, las política públicas no han estado a la altura, incumpliendo lo establecido en dicha Ley. Los presupuestos para igualdad son una muestra: El presupuesto del ICI baja entre 2009 y 2014 en 3.694.582 €. Como éste incluye Violencia de género, los recortes han afectado a la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (en adelante RCSCAEMVVG) Pero, además, no se han creado las Unidades de Igualdad en todas las Consejerías, funciona escasamente la Comisión Interdepartamental de Igualdad, y las políticas de acción positiva han desaparecido de áreas tan importantes como Empleo… Varias islas, que tuvieron en su día Plan de Igualdad, carecen ahora de Plan Insular de Igualdad y hasta de Área específica.

 

Democracia paritaria y participativa. Compromiso de la Administración Autonómica con la Igualdad y Transversalidad de Género

  • Cumplimiento efectivo de la Ley Canaria de Igualdad
  • Paridad en los órganos de gobierno y de alta administración.
  • Adecuación de la Administración a la Ley Canaria de Igualdad: Unidades de Igualdad en las Consejerías, Comisión Interdepartamental de Igualdad. Presupuestos con perspectiva de género. Personal técnico y político formado en todas las áreas.
  • Cumplimiento Efectivo de la Estrategia Canaria de Igualdad 2013-2020.
  • Fortalecimiento del ICI pasando a depender de Presidencia del Gobierno, para garantizar el cumplimiento de la transversalidad establecida en la Ley.
  • Participación de los Consejos de Igualdad en el seguimiento de estas políticas.
  • Apoyo de la creación de Planes de Igualdad en las islas que no los tienen.

Multiplicar los Presupuestos asignados a Igualdad y Violencia de Género.

Educación

Fomento de la Igualdad y superación de los estereotipos sexistas:

  • Plan Sectorial de Igualdad en el Sistema Educativo Canario, con calendario y recursos políticos, humanos y materiales apropiados, con difusión y evaluación regular y pública de su aplicación, coordinado con la Estrategia Canaria de Igualdad 2013-2020.
  • Plan de formación permanente del profesorado para la coeducación y la educación para la igualdad, que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación. Atención especial a las especificidades sobre formación en Igualdad de los Servicios de Inspección Educativa, Equipos Directivos y Profesorado Tutor.
  • Formación de Familias en materia de Igualdad.
  • Revisión del currículum de todas las etapas en clave coeducativa. Impulso transversal a la Educación en Valores, en especial la Educación para la Igualdad.
  • Plan para la igualdad obligatorio y contra la violencia en cada Centro Escolar, con persona responsable formada y con disponibilidad de tiempo y recursos educativos.
  • Programas de Orientación Académico-Profesional No Sexista especialmente en Educación Secundaria, que prevengan la segregación sexista de las profesiones.
  • Inclusión de los contenidos de la legislación sobre Igualdad en la asignatura de FOL en FP.

Educación Afectiva sexual con perspectiva de género en todas las etapas educativas.

Políticas efectivas de reparto igualitario del empleo y de los cuidados.

Por primera vez desde hace años, las políticas activas de empleo, y precisamente cuando más desigualdades se generan, se han dirigido a una población en paro indiferenciada que no existe en la realidad. Se han eliminado las políticas de Acción Positiva para las mujeres, de forma que hay una brecha de género en el desempleo cifrada en 10.000 paradas más, y eso a pesar de la crisis de un sector masculinizado como la construcción. Además, los empleos precarios o con pobreza (salarios de menos de 600€) son ocupados mayoritariamente por mujeres. Pero la mayor desigualdad se da en el reparto desigual de las tareas de cuidado, que crecen muchísimo con los recortes de los servicios públicos y que recaen sobre las agotadas espaldas de las mujeres. Urge recuperar políticas de empleo con perspectiva de género y políticas de fomento de la corresponsabilidad en los cuidados:

Para bajar las brechas de género en el mundo laboral:

  • En la política de personal de las Administraciones públicas, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos, rechazando a empresas sin mujeres o con una subrepresentación de éstas en la contratación de obras y servicios públicos.
  • Políticas igualitarias de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.
  • Políticas Activas de empleo con medidas de Acción positiva para favorecer la contratación de mujeres, en especial en profesiones subrepresentadas y en nuevos yacimientos de empleo.
  • Programas específicos para mujeres víctimas de violencia y mujeres transexuales y en otras situaciones de vulnerabilidad de género (diversidad funcional, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres jóvenes y mayores,…).
  • Lucha contra la feminización de la pobreza y la exclusión social.
  • Fomento de los Planes de Igualdad en las empresas.
  • Formación de agentes sociales y de la inspección laboral en materia de aplicación del principio de igualdad en el ámbito laboral
  • Combatir la discriminación salarial atendiendo a las causas que la generan.
  • Lucha contra la pobreza y la exclusión social, con especial atención a la feminización de la pobreza y las problemáticas aparejadas a los entornos rurales, aún persistentes en nuestro entorno, procurando acercar los recursos y descentralizar la atención a la población usuaria, así como adaptar el contenido de las prestaciones de todo tipo (económicas, servicios, formación...etc.) a las circunstancias socioeconómicas de estos entornos.

Corresponsabilidad de la sociedad, las familias, el gobierno, las empresas y los hombres en los cuidados:

  • Duplicar la cobertura de educación infantil 0-3 pública.
  • Apoyar otros servicios de cuidado de la infancia.
  • Ampliar las políticas y servicios de atención a la dependencia (ver apartado de “dependencia”).
  • Comedores escolares y compatibilidad de horarios y calendario escolar con el laboral de las madres y padres.
  • Refuerzos educativos, acogida temprana profesionalizada, Plan de Actividades extraescolares en todos los centros escolares públicos de CANARIAS.

Promover medidas laborales en pro de la conciliación mediante la acción ejemplificadora en el empleo público y mediante el incentivo entre el empresariado y los sindicatos, promoviendo la corresponsabilidad de hombres, empresas y poderes públicos con el cuidado de las personas.

Salud

  • Detección precoz del cáncer de mama y ginecológico con cobertura universal (100%)
  • Acceso de todas las mujeres, incluidas las jóvenes e inmigrantes, a todos los métodos anticonceptivos métodos anticonceptivos: preservativos, diafragma, DIUS y anticonceptivos de última generación. Píldora de emergencia en todos los centros de atención primaria y urgencias. Revisión de la idoneidad de cada uno de los métodos hormonales.
  • Atención al embarazo, parto y puerperio conforme a los principios de la OMS 2001 y los derechos de la embarazada y el bebé de la Conferencia de Fortaleza (Brasil) 1985. Reducir las cesáreas y los partos inducidos. Adecuar la preparación al parto a horarios de las trabajadoras. Detectar y atender la violencia de género durante el embarazo y puerperio. Garantizar la cobertura por la sanidad públicahospitales, centros de especialidades, dispositivos de cirugía menor ambulatoria y aborto farmacológico- de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
  • Garantizar la atención, a la menopausia en la Sanidad Pública. Revisión de la idoneidad de la terapia hormonal sustitutoria y los nuevos fármacos anti-osteoporosis con criterios de la Agencia Nacional del Medicamento.
  • Evaluar, con participación de las asociaciones de mujeres, el impacto de género de tener un gasto sanitario público inferior a la media europea (5,8% del PIB frente al 7,2%).
  • Programas de atención al impacto en la salud física y psíquica de las mujeres de la asignación del cuidado de dependientes y personas enfermas, la contaminación ambiental, la violencia de género, la especial vulnerabilidad de discapacitadas, inmigrantes, rurales y ancianas, (incluidas las institucionalizadas), el incremento injustificado de la cirugía estética y la tiranía de la moda y la belleza.
  • Moratoria de la vacuna del Virus del Papiloma Humano.
  • Atender con perspectiva de género el aumento en las mujeres del hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes, trastornos musculoesqueléticos, fatiga crónica, fibromialgia, anemias y violencia sexual, depresión, trastorno por ansiedad.
  • Prevención de la discapacidad asociada al envejecimiento: centros de día, centros deportivos y piscinas accesibles a la población con menores recursos económicos. En planes de atención a la dependencia y la vejez que fomenten el envejecimiento activo.
  • Personal de enfermería y medicina en Atención primaria con 1.200-1.500 personas por profesional y al menos 10 minutos por usuaria/o.
  • Estructura de distrito para coordinar el apoyo sanitario y social a víctimas de violencia de género.
  • Reforzamiento de los servicios de salud mental con perspectiva de género
  • Inclusión en la cartera de servicios del SCS del derecho a las técnicas de reproducción asistida para todas las mujeres, con independencia de su orientación sexual y/o estado civil.

Atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres lesbianas y bisexuales.

Dependencia

El número de personas atendidas por la Ley 39/2006 de atención a la dependencia ha menguado. En Canarias el grado de cobertura por parte de la Comunidad Autónoma apenas llega al 0,6%. Se hace necesario:

  • Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente ¼ tiene esperas de más de 1 año.
  • Que la “paguita” a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la prestación mayoritaria, porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia. En este sentido, se hace necesario dotar a estos recursos de presupuestos suficientes y personal para que sea sostenible en el tiempo y se preste la atención necesaria a las personas dependientes que garanticen el respiro de las cuidadoras, mayoritariamente mujeres.
  • Eficacia del derecho subjetivo universal, que se está sustituyendo por un sistema marginal.
  • Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.
  • Participación de las asociaciones de mujeres en su seguimiento.

 

Violencia de género

  • Suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local de la financiación estatal para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio.
  • Un mínimo de tres campañas anuales de prevención y sensibilización, informando los derechos de las mujeres en sus relaciones de pareja y en la separación o divorcio. Las campañas han de empezar a poner el foco en la idea de “Tolerancia Cero” contra el maltratador.
  • Extender a todo el profesorado de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y postobligatoria la formación en promoción de la igualdad y contra la violencia género.
  • Formación especializada a profesionales de los medios de comunicación, y seguimiento para evitar la utilización de los testimonios de las víctimas con fines sensacionalistas.
  • Formación especializada en igualdad y detección precoz e intervención en violencia de género a todo el personal indirectamente implicado en la atención a víctimas de violencia de género, como sanitarios, trabajadoras/es sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, personal de administración y servicios,... etc.
  • Mejora en la formación del personal judicial y técnico de los juzgados, dada la tendencia constatada a la minimización de la entidad de las agresiones y de la valoración del riesgo e igualmente para exigir la máxima rigurosidad en la investigación de las causas y en la suspensión de las condenas que no debe ser de aplicación automática como para el resto de delitos y debe ir en su caso acompañada de una valoración previa del riesgo-.
  • Mejora en la formación del personal de atención psicológica y equipos psicosociales de los Juzgados en especial para prevenir el uso del pretendido Síndrome de Alineación Parental.
  • Dotación de suficientes dispositivos de seguridad de teleasistencia, con pulseras para todas mujeres con riesgo medio – alto (no exclusivamente extremo) de sufrir nuevas agresiones y siempre para las afectadas por incumplimientos de la Orden de Protección incoados.
  • Dotación presupuestaria y de personal suficiente de los recursos de atención, y distribución racional de éstos.
  • Elaboración de informes periódicos de control de la efectividad y cumplimiento de las medidas de seguridad por los servicios existentes o por nuevas unidades específicas para el seguimiento de los servicios de teleasistencia y pulseras GPS, a fin de verificar su funcionamiento y su impacto positivo en la prevención y detección de los quebrantamientos.
  • Formación especializada en violencia de género a las/os profesionales de los servicios competentes en materia de protección de menores para incorporar el impacto de la violencia de género en los hijos e hijas de las mujeres que la sufren. Incrementar la coordinación entre los servicios de atención a la violencia de género y los de atención a la familia y la infancia para evitar que en este último ámbito, situaciones de violencia de género sean minimizadas o erróneamente abordadas. Fomento de buenas prácticas en la atención a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género.
  • Apoyar la investigación académica innovadora en materia de violencia de género.
  • Atención integral a la violencia de género, no sólo a las mujeres víctimas sino al resto de su familia cercana, especialmente en los casos de asesinato, dadas las secuelas que conllevan.
  • Protocolo inmediato de actuación para la retirada de la patria potestad a un asesino por violencia machista (en los casos que tenga hijos/as). Revisión de los regímenes de visitas de padres maltratadores y del impacto negativo que esa relación puede producir en los/as menores, valorando el relato de sus madres, indicadores escolares, sanitarios,… y escuchando la voz de las niñas y los niños afectadas/os por estas medidas.
  • Personación como acusación particular en todos los casos de violencia machista con resultado de muerte, apoyando desde el inicio y durante todo el tiempo que dure el proceso a la familia de la víctima.
  1. - En los cabildos

Como otras Administraciones Públicas, tampoco los Cabildos han respondido adecuadamente al crecimiento de las desigualdades. Los recortes han afectado a la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (en adelante Red Especializada en VG), delegada por el Gobierno Canario a los Cabildos. Pero, además, varias islas, que tuvieron en su día Plan de Igualdad, carecen de Plan Insular de Igualdad y hasta de Área específica. Solo mantienen Planificación de Igualdad Tenerife y Gran Canaria. Y se registran ineficiencias en grado desigual en la atención prestada por la Red Canaria de Servicios y Centros de Atención Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (en adelante RCSCAEMVVG) en cada isla.

Democracia paritaria y participativa. Transversalidad

  • Paridad en los órganos de gobierno y de alta administración.
  • Cumplimiento efectivo de la Ley Canaria de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres: Creación del Área de Igualdad en los Cabildos donde falta. Presupuestos con perspectiva de género. Personal técnico y político formado en todas las áreas.
  • Planificación de Igualdad en todos los Cabildos, y coordinación con la Estrategia Canaria de Igualdad y con los Planes Municipales de Igualdad.  
  • Fortalecimiento del Organismo de Igualdad en los Cabildos donde existe, dándole poderes efectivos para que todas las Áreas desarrollen la Planificación Estratégica de Igualdad. pasando a depender de Presidencia del Gobierno, para garantizar el cumplimiento de la transversalidad establecida por Ley.
  • Participación de los Consejos Insulares de Igualdad en el seguimiento de estas políticas y creación de éstos donde no existen.

Multiplicar los Presupuestos asignados a Igualdad y Violencia de Género.

Educación y Juventud

Fomento de la Igualdad y superación de los estereotipos sexistas:

  • Plan de formación permanente del personal de las Casas de Juventud para la coeducación y la educación para la igualdad, que garantice la universalidad y obligatoriedad de dicha formación.
  • Programas y campañas de sensibilización estables sobre igualdad en distintos ámbitos (de orientación académico-profesional, educación afectiva y sexual, estereotipos sexistas en la cultura juvenil, etc.)

Revisión de los requisitos para acceder a becas del área educativa ya que no se tienen en cuenta las circunstancias familiares actuales de las/os solicitantes sino que solicitan rentas de dos años atrás. Se puede dar el caso de que una mujer víctima de violencia de género tenga que presentar declaración de la renta de su agresor, sobre el que puede tener una orden de protección y con quien no se comunica, produciéndose situaciones en las que resulta imposible responder a los requisitos exigidos.

Ley de Dependencia y Políticas de Bienestar Social

Dependencia:

El número de personas atendidas por la Ley 39/2006 de atención a la dependencia ha menguado. En Canarias el grado de cobertura por parte de la Comunidad Autónoma apenas llega al 0,6%. SE hace necesario:

  • Que los Cabildos asuman, en colaboración con los Ayuntamientos, la gestión de la Dependencia, en tanto estas son las Entidades más cercanas a la ciudadanía.
  • Tramitar en 3 meses las prestaciones. Actualmente ¼ tiene esperas de más de 1 año.
  • Que la “paguita” a la cuidadora familiar sea excepcional, según el art.18, no la prestación mayoritaria, porque perpetúa el cuidado por las hijas y mujeres de la familia, ha perdido la seguridad social y se aplica en detrimento de los servicios públicos y profesionales de ayuda a domicilio, asistente personal, centro de día o residencia. En este sentido, se hace necesario dotar a estos recursos de presupuestos suficientes y personal para que sea sostenible en el tiempo y se preste la atención necesaria a las personas dependientes que garanticen el respiro de las cuidadoras, mayoritariamente mujeres.
  • Eficacia del derecho subjetivo universal, que se está sustituyendo por un sistema marginal.
  • Reconversión profesional de cuidadoras familiares y empleadas de hogar a empleadas con derechos laborales plenos.

Participación de las asociaciones de mujeres en su seguimiento.

Otras áreas de Bienestar Social:

  • Formación en materia de género e igualdad a todo el personal dependiente del Cabildo en bienestar social: ludotecas, guarderías y servicios de atención a la infancia, servicios a Mayores, Discapacidad, Infancia y Familia.

Perspectiva de Género en las Políticas de cada una de dichas áreas.

Políticas efectivas de reparto igualitario del empleo y de los cuidados.

Urge recuperar políticas de empleo con perspectiva de género y políticas de fomento de la corresponsabilidad en los cuidados:

Para bajar las brechas de género en el mundo laboral:

  • En la política de personal de las Administraciones Públicas, con plan de igualdad, y en sus concursos y contratos administrativos, rechazando a empresas sin mujeres en la contratación de obras y servicios públicos.
  • Programas y Convenios con perspectiva igualitaria. Políticas igualitarias de formación, fomento de la contratación y la iniciativa económica y en la protección por desempleo.
  • Programas específicos para mujeres víctimas de violencia y mujeres transexuales y en otras situaciones de vulnerabilidad de género (diversidad funcional, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres jóvenes y mayores).
  • Lucha contra la feminización de la pobreza y la exclusión social.
  • Fomento de los Planes de Igualdad en las empresas públicas dependientes de los cabildos y aquellas que son colaboradoras de la Planificación Insular de Igualdad.

 

Corresponsabilidad de la sociedad, las familias, el gobierno, las empresas y los hombres en los cuidados:

  • Campañas de sensibilización y acciones formativas en materia de Corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados.
  • Ampliar la cobertura de ludotecas y Servicios de Atención a la Infancia.
  • Apoyar otros servicios de cuidado de la infancia.
  • Colaborar con las familias en los momentos en que se dan periodos vacacionales en el calendario escolar pero no coinciden con las vacaciones de madres y padres, mediante campamentos infantiles y juveniles.
  • Promover medidas laborales en pro de la conciliación mediante la acción ejemplificadora en el empleo público y mediante el incentivo entre el empresariado y los sindicatos, promoviendo la corresponsabilidad de hombres, empresas y poderes públicos con el cuidado de las personas.

Violencia de género.

  • Refuerzo y ampliación de los Servicios de Atención Especializada, sobre todo en aquellas zonas con mayores listas de espera. Se exige un compromiso de la Administración Insular para evitar las listas de espera, especialmente en el área psicológica, tanto de atención a mujeres como a sus hijos e hijas. Resulta imprescindible el incremento de profesionales para la atención a menores víctimas de violencia de género, atendiendo así a la prevención terciaria.
  • Creación de Servicios Especializados para la atención a víctimas de Violencia de Género diferentes de la violencia en pareja (trata, agresiones y acoso sexual, acoso laboral por razón de sexo, etc.)
  • Suficiencia y continuidad de la financiación para la atención jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda a las víctimas en todo el territorio insular.
  • Coordinación entre las diferentes Unidades de las áreas de bienestar social de los cabildos para incorporar la perspectiva de género en la atención a menores y familias, discapacidad, etc.
  • Que los órganos de consulta de nivel insular sobre Igualdad y Violencia de Género se convierta realmente en un órgano participativo y asesor de las políticas insulares en materia de violencia, y no en un órgano de trámite y dación de cuentas. Lograr la participación de todos los agentes que integran la citada Conferencia. Integrar a las asociaciones de víctimas en la Conferencia y tener en cuenta su voz en todas las políticas que se desarrollen para prevenir y erradicar la violencia.
  • Formación permanente de las/os profesionales que intervienen en violencia de género y evaluación periódica de la calidad de las atenciones prestadas.
  • Unificación de las condiciones laborales de todas/os las/os profesionales que prestan servicios en violencia de género, garantizando así los derechos de las/os trabajadoras/es, que redunde en la calidad de los servicios prestados.
  • Revisión de los modelos terapéuticos de intervención, buscando los más eficaces para la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género. Garantizar la atención el tiempo que lo necesiten las mujeres, sin estar sometidas las/os profesionales a plazos administrativos de atención.
  • Coordinación en las campañas de prevención y sensibilización de la VG a nivel autonómico, insular y municipal.
  • Formación especializada en igualdad y detección precoz e intervención en violencia de género a todo el personal indirectamente implicado en la atención a víctimas de violencia de género, en el ámbito insular.

Organizaciones firmantes:

  • Plataforma de Acción Feminista Canaria.
  • Federación Arena y Laurisilva.
  • Asociación Mercedes Machado- Fórum de Política Feminista de Tenerife.
  • Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación (Tenerife, Gran Canaria y La Palma).
  • Asociación Contramarea (Tenerife y La Palma).
  • Asociación Ágora de San Andrés (Tenerife).
  • Asociación Tiemar (Lanzarote).
  • Colectivo Isadora Duncan (Gran Canaria).
  • Colectivo Gamá (Gran Canaria).
  • Asociación Frida Kahlo (Gran Canaria).
  • Asociación Social y Cultural para las Mujeres Mararía (Lanzarote).
  • Forum de Política Feminista de Gran Canaria.
  • Asociación de Mujeres Progresistas (Tenerife).
  • COMPI (Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad).
  • Asociación de Mujeres Lilith (Tenerife).
  • Asociación Solidaridad con Madres Solteras (Tenerife).
  • Mujeres Jóvenes de Gran Canaria-Ágora Violeta.
  • Asociación de Mujeres Gara (La Gomera).
  • Colectivo Mujeres Libres Yazirat (Gran Canaria).
  • Asociación LGBTI Algarabía (Tenerife).
  • Plataforma 8 de Marzo de Organizaciones de Mujeres de Tenerife.
  • Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife.
  • Asociación de Mujeres Zuleima (Gran Canaria).
  • ACEA – Asociación Canaria de Economía Alternativa (Gran Canaria).
  • Adassa Mujeres Brillantes (Gran Canaria).
  • AHIGE–Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (Gran Canaria).
  • Asociación de Mujeres “Maresía” (Gran Canaria).
  • Asociación Mujeres Deportistas Canarias (Gran Canaria).
  • Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias (Gran Canaria).
  • ReCreándome (Gran Canaria).
  • Fundación Avalonia (Gran Canaria).
  • Asociación de Mujeres Tigadaura (La Palma).
  • Asociación de Mujeres Jeribilla (La Palma).

 

 

 

 

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