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Inditex compra parte de sus productos en Bangladesh desde una subsidiaria suiza

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El empresario gallego Amancio Ortega, accionista de referencia de Inditex y tercera fortuna del mundo. / Foto:Efe

Nadie se sorprendió. Cuando en abril Forbes hizo pública su lista de los mayores millonarios del mundo, Amancio Ortega, propietario del 60% de Inditex era ya el tercero. Sus 43.000 millones de euros sólo son superados por el mexicano Carlos Slim y por Bill Gates. Su fortuna es mayor que las del gurú financiero Warren Buffett o el patrón de Louis Vuitton, Bernard Anault.

La fortuna de Ortega creció 15.000 millones de euros en 2012. Los analistas lo atribuyen al aumento de la cotización de Inditex, superior al 50% en el último año gracias a sus espectaculares resultados. Los resultados son fruto de la gestión del nuevo presidente, Pablo Isla, que está optimizando los costes del grupo con una política de compras centrada en economías emergentes y realizada en buena medida desde una subsidiaria suiza, según facturas de proveedores a las que ha tenido acceso eldiario.es.

Las facturas, como la que se muestra en esta información, prueban que Inditex compra en Bangladesh a través de ITX Trading SA, domiciliada en Friburgo, capital del cantón suizo del mismo nombre, a pesar de que la entrega de la mercancía debe realizarse en el Polígono Inditex en la localidad barcelonesa de Tordera. Fuentes del sector aseguran que la misma compañía, filial al 100% de Inditex, es también la encargada de realizar buena parte de las compras en China. Porque Inditex apenas produce. Diseña sus productos en España, pero encarga la mayor parte de la fabricación de sus productos a proveedores de economías emergentes.

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Narcís Serra ingresaba 1,2 millones anuales cuando era presidente de CatalunyaCaixa gracias a la entidad

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Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya (hoy CalalunyaCaixa) entre 2005 y 2010. / Foto:Efe

Narcís Serra defendió el lunes ante el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, que los incrementos de sueldo que ratificó en 2010 cuando era presidente de Caixa Catalunya (hoy CatalunyaCaixa) para el entonces director general de la entidad, Adolf Todó, fueron "legales, leales e incluso convenientes". La posición de Serra es comprensible porque, aunque no está acusado por ello, él mismo llegó a ganar cerca de 1,2 millones de euros anuales cuando presidía la entidad.

Serra, como el propio Todó, declaró en calidad de imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de administración desleal por aprobar una subida del porcentaje variable de su director general del 30% al 50%, a pesar de que Caixa Catalunya estaba en pleno proceso de fusión con las cajas de Manresa y Tarragona e iba a despedir a 1.300 personas, y de que estaba a punto de ser intervenida por el FROB.

El aumento de sueldo de Todó llegó a situar su salario en cerca de 700.000 euros al año. Además, durante los cinco años que Serra presidió la caja catalana, los ingresos del que fue vicepresidente del Gobierno socialista de Felipe González experimentaron un vertiginoso incremento.

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Solicitud de rectificación

Tal y como publicó eldiario.es, el abogado Javier Barceló Obregón está imputado desde el 27 de febrero de 2012 en el caso de la descapitalización del banco catalán Eurobank, en el que se acusa al financiero Eduardo Pascual Arxé, encarcelado por su participación en el escándalo de los ERE de Andalucía, según figura en el auto de la Audiencia Nacional, cuya copia obra en poder de este diario. En particular Barceló Obregón está imputado en una pieza separada que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dedicado a la liquidación de los activos de Eurobank, responsabilidad que inicialmente correspondió al letrado, hoy en nómina de Cirsa, y la acusación particular, en escritos que obran en el sumario y a los que también ha tenido acceso eldiario.es, le acusa de haber vendido el patrimonio de la entidad a precios irrisorios.

En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, eldiario.es pública esta nota de rectificación recibida esta semana en la redacción:

Escrito de Javier Barceló Obregón

Muy señor mío

Me dirijo a Vd. en su condición de Director del diario digital “eldiario.es” y hago expresa referencia al artículo aparecido en dicho medio el día 15 de octubre de 2013, con el titular “Documentos hallados en una caja fuerte oculta prueban la conexión de Eurobank y el caso de los ERE”, cuya autoría se atribuye D. Félix Martínez.

Las manifestaciones que se vierten en dicho artículo, referentes a mi persona son absolutamente falsas y por lo visto, no han sido confrontadas, ni en lo más mínimo, con fuentes solventes, lo que me perjudica gravemente en mi honor y profesionalidad.

Como consecuencia de todo lo anterior, y en méritos de lo dispuesto en los artículos 1, siguientes y concordantes, de la Ley 2/1984, de 26 de marzo, de Derecho de Rectificación, les requiero expresa y formalmente para que publiquen, en el improrrogable plazo de 72 horas, en el diario digital “eldiario.es”, en la misma sección en que fue publicada la notica incorrecta, la siguiente RECTIFICACION –sin comentarios ni apostillas y haciendo figurar, asimismo, en el encabezamiento, dicha exacta expresión:

“En relación con la Noticia aparecida el pasado día 15 de octubre en esta misma sección bajo el título <<Documentos hallados en una caja fuerte oculta prueban la conexión entre el expolio de Eurobank y el caso de los ERE>>, firmado por el periodista de este diario, Félix Martínez, la Dirección de “eldiario.es” se retracta públicamente de algunas de las manifestaciones vertidas en el mismo por no ser en absoluto ciertas y por no haberse confrontado debidamente con otras fuentes solventes. En particular, la presente rectificación afecta a los siguientes extremos:

El abogado Barceló Obregón no adquirió en absoluto ninguna parte del patrimonio en liquidación de la entidad por ningún precio, limitándose en todo caso su actuación a la realización de los activos de la entidad siempre mediante pública subasta, iniciándose las mismas por el Juzgado de 1ª Instancia nº 73 de Madrid y la comisión de acreedores creada al efecto en el expediente de suspensión de pagos de la entidad Eurobank”.

Sin perjuicio del apercibimiento que se le dirige a Vd. para que publique la anterior rectificación en el plazo y forma indicados, se hace expresa reserva del ejercicio de cuantas acciones me correspondan en Derecho hasta ver corregidas las erróneas manifestaciones realizadas al respecto a mí persona, por parte del periodista de su diario, Félix Martínez.

Atentamente,

Fdo. Javier Barceló Obregón


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Anticorrupción endurecerá su trato a CDC tras la decisión del Palau de no acusar al partido en el 'caso Millet'

El principal responsable del expolio del Palau de la Música, Félix Millet. / Foto:Efe

Los delegados de la Fiscalía Anticorrupción en Catalunya, Pedro Ariche y Emilio Sánchez Ulled, están indignados. La decisión del Palau de la Música de limitar su escrito de acusación por el expolio de la institución musical al que fue su presidente, Félix Millet, y a su director general, Jordi Montull, y de dejar fuera a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha causado estupor en el ministerio público.

A pesar de que el juez instructor del caso, en su auto de apertura de juicio oral, estableciera que CDC se benefició al menos de 5,1 millones de euros del expolio del Palau, ya contaban con que la principal víctima del escándalo de corrupción no fuera dura en exceso con Convergència. No en vano, cuando Garrigues Abogados ejercía la acusación particular en nombre del Palau, la presencia en el despacho como socio del que fuera secretario general de Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat, Joaquim Triadú, ya propició una posición más que suave de la acusación particular con CDC. Cuando Triadú abandonó Garrigues para incorporarse a PriceWaterhouseCoopers (PwC), se llevó como cliente al Palau de la Música.

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Documents trobats en una caixa forta oculta proven la connexió entre l'espoli d'Eurobank i el cas dels ERO

El jutge que instrueix el cas, Eloy Velasco.

El financer Eduardo Pascual Arxé, empresonat des d'abril pel cas dels ERO d'Andalusia, principal acusat de l'espoli del banc català Eurobank i imputat per crear una falsa xarxa de mútues fraudulentes, té problemes dignes d'una pel·lícula d'espies de sèrie B.

El 5 d'abril, dies abans que la jutgessa dels ERO, Mercedes Alaya, decretés l'ingrés a presó de Pascual, el titular del jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Eloy Velasco, encarregat de la investigació de la xarxa fraudulenta de mútues, va autoritzar els Mossos d'Esquadra a practicar un segon registre al domicili de Pascual a la recerca d'una càmera cuirassada oculta que pogués contenir documentació relacionada amb el cas que el magistrat investiga.

I va aparèixer la caixa forta, i, segons fonts pròximes a la investigació, contenia documentació que connectava els tres grans casos en què està involucrat Pascual: els ERO, l'espoli d'Eurobank i la trama de les mútues. Pascual havia dividit el soterrani de la seva vivenda al passatge Permanyer de Barcelona per amagar una habitació secreta que albergava precisament la càmera cuirassada amb la documentació dels tres casos en què és la peça clau.

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Documentos hallados en una caja fuerte oculta prueban la conexión entre el expolio de Eurobank y el caso de los ERE

El titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. / Foto:Efe

El financiero Eduardo Pascual Arxé, encarcelado desde abril por el caso de los ERE de Andalucía, principal acusado del expolio del banco catalán Eurobank e imputado por crear una falsa red de mutuas fraudulentas, tiene problemas dignos de una película de espías de serie B.

El 5 de abril, días antes de que la jueza de los ERE, Mercedes Alaya, decretara el ingreso en prisión de Pascual, el titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, encargado de la investigación de la red fraudulenta de mutuas, autorizó a los Mossos d’Esquadra a practicar un segundo registro en el domicilio de Pascual en busca de una cámara acorazada oculta que pudiera contener documentación relacionada con el caso que el magistrado investiga.

Y apareció la caja fuerte, y, según fuentes próximas a la investigación, contenía documentación que conectaba los tres grandes casos en los que está involucrado Pascual: los ERE, el expolio de Eurobank y la trama de las mutuas. Pascual había dividido el sótano de su vivienda en el pasaje Permanyer de Barcelona para ocultar una habitación secreta que albergaba precisamente la cámara acorazada con la documentación de los tres casos en los que es la pieza clave.

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La mala relación entre los abogados de la infanta amenaza su defensa

Roca tiene problemas en su bufete y con el abogado con el que comparte la defensa de la infanta.

Los últimos indicios recogidos por el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, instructor del 'caso Nóos', en el que uno de los principales imputados es el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y que parecen cargar de razones al magistrado para imputar a la duquesa, la hija mayor del rey, Cristina de Borbón, no podían llegar en peor momento para los intereses procesales de la infanta.

Los abogados de la infanta –el titular y exsecretario general de Convergència Democràtica de Catalunya, Miquel Roca Junyent, y su socio y la verdadera mente jurídica tras la defensa de la duquesa, Jesús María Silva– mantienen una relación más que tensa desde hace unos meses y que, en más de una ocasión, ha estado a punto de romper la sociedad que les une, según informan diversas fuentes jurídicas de Barcelona. Una ruptura que, de producirse, obligaría a la infanta a elegir entre las excelentes relaciones que mantiene Roca con todos los estamentos del Estado y la cualificada defensa que le puede ofrecer Jesús Silva.

Durante esta misma semana han trascendido dos datos que podrían permitir al juez Castro volver a imputar a la infanta en el 'caso Nóos' de fraude a las administraciones públicas y apropiación indebida. Una medida que ya adoptó Castro en abril, pero que tuvo que rectificar a instancia de la Audiencia de Palma y a petición del fiscal del caso, Pedro Horrach. Pero esta semana se ha conocido, por un lado, que las cuentas de la infanta recibieron 150.000 euros de Aizoon, la empresa a la que Urdangarin desviaba los fondos captados de forma fraudulenta a las administraciones con el argumento de que era Nóos quien los recaudaba y se trataba de una fundación sin ánimo de lucro. Y, por otro lado, también se ha sabido que la infanta manejaba una tarjeta Visa Oro de Aizoon con la que realizaba gastos personales como la compra de flores, o comidas y cenas en restaurantes.

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La Fiscalia va rebutjar una denúncia contra els propietaris de Damm per fets com els que els han portat a judici

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encargado de instruir el caso contra los Carceller. / Efe

La família Carceller, accionista de referència de Damm, Pescanova, Sacyr, Repsol i la petroliera canària Disa, no travessa el seu millor moment. El patriarca de la família, Demetrio Carceller Coll, fill del ministre franquista del mateix nom, s'enfronta a una petició de 48 anys de presó de la Fiscalia Anticorrupció per un conjunt de delictes fiscals que sumen 72 milions d'euros. I l'hereu, Demetrio Carceller Arce, president de la cervesera Damm, afronta una petició d'una pena de 14 anys de presó.

I, tot i així, podria ser molt pitjor per a ells: l'auditora Deloitte ha denunciat que els Carceller van falsejar els comptes de Disa de 2012 per anotar uns beneficis de 49 milions d'euros quan, en realitat, el balanç llançava unes pèrdues de més de 53 milions.

El sorprenent és que aquest fet ja va ser denunciat per un grup de particulars fa un any davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de Catalunya, que va decidir arxivar les diligències amb l'argument que els fets no constituïen delicte, tot i que era pública i notòria la instrucció del jutge Pablo Ruz i d'Anticorrupció per fer seure a la banqueta els principals representants de la família Carceller.

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La Fiscalía rechazó una denuncia contra los dueños de Damm por hechos como los que les han llevado al banquillo

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, encargado de instruir el caso contra los Carceller. / Efe

La familia Carceller, accionista de referencia de Damm, Pescanova, Sacyr, Repsol y la petrolera canaria Disa, no atraviesa por su mejor momento. El patriarca de la familia, Demetrio Carceller Coll, hijo del ministro franquista del mismo nombre, se enfrenta a una petición de 48 años de cárcel de la Fiscalía Anticorrupción por un conjunto de delitos fiscales que suman 72 millones de euros. Y el heredero, Demetrio Carceller Arce, presidente de la cervecera Damm, afronta una petición de una pena de 14 años de prisión.

Y, aun así, podría ser mucho peor para ellos: la auditora Deloitte ha denunciado que los Carceller falsearon las cuentas de Disa de 2012 para anotarse unos beneficios de 49 millones de euros cuando, en realidad, el balance arrojaba unas pérdidas de más de 53 millones.

Lo sorprendente es que este hecho ya fue denunciado por un grupo de particulares hace un año ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Catalunya, que decidió archivar las diligencias con el argumento de que los hechos no constituían delito, a pesar de que era pública y notoria la instrucción del juez Pablo Ruz y de Anticorrupción para sentar en el banquillo a los principales representantes de la familia Carceller.

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Un juez quiere identificar a los consejeros de Catalunya Caixa que aprobaron una emisión de subordinadas

Un grupo de activistas contra los desahucios ocupa una sede de Catalunya Caixa. / Foto: Efe

El titular del juzgado de instrucción número 1 de la localidad barcelonesa de l’Hospitalet de Llobregat, Marcos Melendi, ha dado una nueva vuelta de tuerca en su asedio a Catalunya Caixa por colocar de forma engañosa productos tóxicos como las preferentes o la deuda subordinada a sus clientes. Si en junio decidió imputar al delegado de una oficina de la entidad en la localidad por colocar 96.000 euros en deuda subordinada a una pareja de ancianos, ahora ha decidido solicitar a la entidad que identifique a los miembros del Consejo de Administración que aprobaron la emisión de subordinadas en 2006, por si hubieran dado instrucciones a su personal para colocarla de forma engañosa. Fuentes judiciales consideran que es un paso previo a la imputación de aquel Consejo de Administración.

Melendi comunicó su decisión el 3 de septiembre. Prácticamente al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, decidió imputar a los expresidentes de Catalunya Caixa Narcís Serra y Adolf Todó y a otros 52 consejeros y exconsejeros de la entidad por haberse otorgado retribuciones excesivas cuando la entidad acabó intervenida por el FROB.

En junio, el juez Melendi citó en calidad de inculpado al anterior director de la oficina de Catalunya Caixa de la Avenida Severo Ochoa de l’Hospitalet de Llobregat, Antonio Puig García, al que imputa los delitos de estafa, apropiación indebida y delito societario por colocar en 2006 más de 96.000 euros que tenían depositados en una cuenta a plazo fijo una pareja de ancianos en deuda subordinada de la entidad, un producto similar a las tristemente célebres participaciones preferentes, pero aún más sofisticado, y, en casos como Catalunya Caixa, que ha acabado intervenida y en manos del FROB, aún más tóxico.

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