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Un juez quiere identificar a los consejeros de Catalunya Caixa que aprobaron una emisión de subordinadas

Instruye una querella contra un delegado de la entidad por colocar 96.000 euros en deuda subordinada de forma engañosa a una pareja de ancianos que pensaban que se trataba de un depósito a plazo.

La familia de los ancianos acusa a la caja de aprovecharse de su edad y de su escasa formación para quedarse con sus ahorros de toda la vida.

Narcís Serra, Adolf Todó y otros 52 consejeros ya están imputados en otro juzgado a petición de la Fiscalía Anticorrupción por haberse concedido retribuciones excesivas cuando la entidad ya estaba a punto de ser intervenida.

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Un grupo de activistas contra los desahucios ocupa una sede de Catalunya Caixa. / Foto: Efe

El titular del juzgado de instrucción número 1 de la localidad barcelonesa de l’Hospitalet de Llobregat, Marcos Melendi, ha dado una nueva vuelta de tuerca en su asedio a Catalunya Caixa por colocar de forma engañosa productos tóxicos como las preferentes o la deuda subordinada a sus clientes. Si en junio decidió imputar al delegado de una oficina de la entidad en la localidad por colocar 96.000 euros en deuda subordinada a una pareja de ancianos, ahora ha decidido solicitar a la entidad que identifique a los miembros del Consejo de Administración que aprobaron la emisión de subordinadas en 2006, por si hubieran dado instrucciones a su personal para colocarla de forma engañosa. Fuentes judiciales consideran que es un paso previo a la imputación de aquel Consejo de Administración.

Melendi comunicó su decisión el 3 de septiembre. Prácticamente al mismo tiempo, el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, decidió imputar a los expresidentes de Catalunya Caixa Narcís Serra y Adolf Todó y a otros 52 consejeros y exconsejeros de la entidad por haberse otorgado retribuciones excesivas cuando la entidad acabó intervenida por el FROB.

En junio, el juez Melendi citó en calidad de inculpado al anterior director de la oficina de Catalunya Caixa de la Avenida Severo Ochoa de l’Hospitalet de Llobregat, Antonio Puig García, al que imputa los delitos de estafa, apropiación indebida y delito societario por colocar en 2006 más de 96.000 euros que tenían depositados en una cuenta a plazo fijo una pareja de ancianos en deuda subordinada de la entidad, un producto similar a las tristemente célebres participaciones preferentes, pero aún más sofisticado, y, en casos como Catalunya Caixa, que ha acabado intervenida y en manos del FROB, aún más tóxico.

En aquel momento, el presidente de la caja catalana era Antoni Serra Ramoneda, y el director general Josep Maria Loza, que, poco después, fueron sustituidos por Narcís Serra en la presidencia y, tras un breve periodo en el que el director general fue Antonio Casado, por el propio Adolf Todó como director general. Todos ellos podrían verse ahora obligados a responder por haber colocado de forma engañosa la emisión de deuda subordinada.

La citación de Antonio Puig en calidad de imputado rompió un tabú que hasta entonces no se habían atrevido a romper los jueces: depurar las responsabilidades de los empleados de las entidades financieras que se encargaron de comercializar las preferentes y la deuda subordinada. Hasta ahora, los empleados habían quedado fuera de las iniciativas judiciales porque se les aplicaba el principio de obediencia debida: no hacían sino cumplir las órdenes de las direcciones de sus organizaciones a la hora de colocar estos productos entre los clientes de las entidades.

Sin embargo, recientemente los jueces han decidido evaluar el grado de entusiasmo con el que los empleados de las entidades comercializaban estos productos y qué medios utilizaron para convencer a sus clientes. Especialmente porque recibían comisiones de sus entidades por comercializar esos productos tóxicos. La mayor parte de los afectados por el escándalo de las preferentes carecía de los conocimientos financieros necesarios para evaluar el riesgo del producto.

El juez Melendi dictó la providencia en la que citó como imputado al exdelegado de Catalunya Caixa responsable de la operación el pasado 31 de mayo, aunque no fue comunicada a las partes hasta el 5 de junio, el mismo día en que el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, hacía lo propio con el delegado de una sucursal de Bancaja. En el caso que instruye el juez Andreu, además, la víctima de la estafa no era ni siquiera un particular, sino una empresa.

Pero Melendi ha decidido ir aún más lejos y no limita la responsabilidad al que fuera delegado de la oficina, sino que parece interesado en determinar hasta qué punto son también responsables los consejeros de la entidad. El magistrado ha solicitado la identificación de los consejeros a petición de la acusación particular con el criterio favorable de la Fiscalía.

Sin acceso a los ahorros

Los clientes ordinarios se han encontrado sin acceso a sus ahorros, que están prácticamente a disposición de las entidades  de por vida. Lo tienen aún peor si además eran clientes de una de las tres entidades que han tenido que ser rescatadas por el FROB –Bankia, Novacaixa Galicia y Catalunya Caixa–, a pesar de que fueron engañados cuando se les dijo que estaban colocando sus ahorros en productos de la familia de los depósitos a plazo fijo.

Muchos de ellos, como la pareja de ancianos de l’Hospitalet que ahora acusa a la caja de ahorros quebrada y a su empleado, afirman que si autorizaron a los delegados de las entidades a suscribir estos productos en su nombre fue porque se les explicó que eran similares a los depósitos a plazo fijo, pero con rentabilidades muy superiores. En realidad, se trata de productos muy sofisticados destinados a los grandes fondos de inversión, muchos de los cuales también han perdido ingentes cantidades de dinero, aunque no pueden alegar ignorancia.

A pesar de su condición de víctimas, no tienen margen para la negociación porque se enfrentan a entidades propiedad del Estado y se verán abocados al arbitraje promovido por el Gobierno. Un arbitraje que les obligará a perdonar a las entidades cerca del 70% de sus ahorros.

Aunque el matrimonio pedía explicaciones con frecuencia a la sucursal de Catalunya Caixa, nunca obtenía una respuesta satisfactoria. El delegado que les colocó las subordinadas, además, fue sustituido por el actual, quien como única solución les ofrecía acudir al Tribunal de Arbitraje de Catalunya.

Fue entonces cuando los hijos del matrimonio decidieron intervenir y tomar las riendas de la negociación con la entidad. Conscientes de que el arbitraje les iba a suponer algún tipo de pérdidas a favor de Catalunya Caixa, amenazaron a la entidad con una querella si no reintegraban la totalidad de los 96.000 euros a sus padres.

La predecesora del juez Melendi, la jueza Zita Hernández, admitió a trámite la querella, que acusa a Catalunya Caixa y a su empleado de estafa, apropiación indebida y delito societario (pdf) el pasado 22 de enero. Aunque los portavoces oficiales de la entidad quisieron restar importancia a la decisión de la magistrada, el precedente causa inquietud tanto en la institución como en el sector, especialmente después de la citación del empleado como imputado.

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