El Ayuntamiento de Madrid estudia llevar a los juzgados las bajas sobrevenidas en la Policía Municipal durante el Orgullo

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha anunciado este martes que desde Asuntos Internos se ha iniciado una investigación para esclarecer y arrojar luz sobre las 228 bajas médicas que hubo en la Policía Municipal durante la celebración del Orgullo LGTBI de 2018.

En la comisión del ramo, Barbero ha indicado que mientras en el World Pride de 2017 hubo 9 bajas, en 2018 este número ha ascendido hasta 228. “Es obvio que hay un conflicto colectivo y que algunos han inducido este tipo de bajas, que ocurren por razones políticas; se ha iniciado una investigación y la respuesta será contundente”, ha remarcado.

Así se ha expresado Barbero ante preguntas de la edil popular Inmaculada Sanz, a quien le ha preguntado si de verdad creía que había habido una “epidemia sanitaria”. “Vamos, por Dios”, ha lanzado.

Javier Barbero ha recordado que algunos sindicatos pidieron que no se apuntaran voluntariamente para cubrir el Orgullo como presión sindical. “Tenemos obligación de cubrir los dispositivos, igual que los distritos, que es falso que se quedaran sin cubrir”, ha señalado.

Visiblemente molesto, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias ha asegurado que “no vale todo” y que “quien se haya dado de baja sin justificación médica ha querido provocar inseguridad, por método perverso, y además carga contra sus compañeros”.

“¿Qué imagen dan esos agentes que presumiblemente se han quedado en casa? ¿Qué ejemplaridad se aporta a la ciudadanía?”, ha preguntado, para apuntar a continuación que son unos agentes de perfil “similar a los que escribieron esos whatsapp”, en relación al chat policial con insultos y amenazas a la alcaldesa, Manuela Carmena.

A continuación, Barbero ha apuntado que “la mayoría” de los agentes son “ejemplares”. No se descarta tampoco acudir al Juzgado de Instrucción en función de lo que arroje la investigación.

Abandonar un servicio público es un delito

Organizar una huelga encubierta en un servicio público es un delito. El Código Penal recoge en su artículo 409 que serán multados y suspendidos de empleo entre seis meses y dos años los funcionarios que “promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público”.

El mero hecho de participar en una acción de esas características también se castiga: “Los funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses”.

En cuanto a la negociación del convenio, Barbero ha indicado que continúan esas conversaciones: “El próximo jueves está convocada Mesa Sectorial de Policia Municipal. La negociación para alcanzar un acuerdo sigue en marcha, por parte del Ayuntamiento. No cederemos ante quienes pretenden dinamitarla anteponiendo sus intereses políticos a la seguridad de la ciudad y a la mejora de las condiciones laborales de nuestros profesionales”.