El Defensor del Pueblo quiere saber cómo controla la Comunidad de Madrid las residencias de mayores

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha abierto este jueves una actuación de oficio ante la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid para que informe sobre los expedientes sancionadores abiertos a residencias de mayores en los últimos cinco años.

Según indica la institución en un comunicado, esta actuación ha sido iniciada tras conocer el cierre de la residencia Arzobispo Morcillo, ubicada en Soto del Real, por el trato que recibían los usuarios, tras una inspección rutinaria de la Fiscalía.

La Comunidad de Madrid, que ya había precintado el pasado día 1 tras una inspección en junio la consulta médica, la de fisioterapia y el gimnasio de la residencia, cerrará el centro tras comprobar que no está garantizada la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos a los usuarios, ni su adecuada alimentación.

Así, el Defensor ha requerido en la actuación de oficio una copia del acta de la inspección realizada por la Consejería en junio en la residencia y documentación sobre las deficiencias detectadas en la inspección llevada a cabo por la Consejería de Sanidad este mismo mes de julio.

Mediante esta actuación la institución ha preguntado, además, por los recursos y personal puestos a disposición de los usuarios y sus familiares para el desalojo de la residencia clausurada. Asimismo, se ha pedido a la Consejería que informe sobre el número de usuarios que han solicitado plaza de emergencia y por la respuesta que se ha dado a dichas situaciones.

En su escrito a la Consejería, el Defensor del Pueblo recuerda la especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores y resalta la importancia que tienen el control y la inspección de las residencias geriátricas, a fin de que se garantice en todo momento el respeto a sus derechos y el cumplimiento de los parámetros de calidad previamente definidos.

En este sentido, Fernández Marugán insta a la Consejería a que aclare la tipología de las deficiencias que motivaron las sanciones a las residencias de la región en los últimos cinco años y, por otro lado, solicita que se detallen aspectos relativos al control que se realiza a los centros de mayores de titularidad privada.

Esta preocupación del Defensor del Pueblo ha sido plasmada en su Informe Anual 2018, recientemente publicado, y en el estudio que le acompañaba, sobre la crisis demográfica que vive España.

Ambos informes advierten de la “necesidad de prestar una atención preferente a los problemas que conlleva el envejecimiento de la población y los cambios derivados de las nuevas necesidades a las que las administraciones públicas deben dar respuesta”, añade el comunicado.