El Gobierno de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid cumple 100 días de división con la sombra de Vox
El 20 de agosto los consejeros de Partido Popular y Ciudadanos tomaban posesión del que ya es el primer Gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid. Transcurridos los 100 primeros días de mandato, el balance deja un marcador en el que las tensiones y los desacuerdos han protagonizado el día a día del Ejecutivo que preside la popular Isabel Díaz Ayuso, y que fue posible gracias al apoyo de la extrema derecha. El resultado ha sido el de “dos gobiernos en uno”, según admitió la propia presidenta regional, evidenciando que el primer ejecutivo de coalición en la región madrileña lejos de estar cohesionado genera tensiones y batallas internas desde el primer día entre los socios de gobierno.
Las cosas ya no empezaron bien en la coalición. El PP negoció a dos bandas –con Ciudadanos y Vox– mientras la formación de Aguado trataba de evitar la foto con la extrema derecha. El acuerdo tripartito se hizo esperar y Ayuso fue investida en pleno mes de agosto. Fueron ochenta días de negociaciones no exentos de tensiones, unos desencuentros que se han extendido durante el primer trimestre de mandato.
“Los primeros días fueron difíciles, porque somos partidos políticos distintos, que estábamos rivalizando legítimamente por ganarnos la confianza de los madrileños”, admitía Aguado durante el acto de celebración este jueves. “También reconozco que con el paso de las semanas, igual que cuando te vas a vivir con tu pareja, con tus amigos, las aristas, las fricciones, se fueron limando, y hoy puedo garantizar que los madrileños tienen un gobierno unido del que me siento orgulloso”, añadía.
Aguado señaló la unidad y a la vez destacó solo los logros de los consejeros de Ciudadanos, algo que el partido volvió a hacer este viernes con un vídeo en redes sociales en el que no había rastro de sus compañeros del PP. No era la primera vez, ya que el partido de Aguado hizo lo mismo a los días de tomar posesión.
La siguiente evidencia de las diferencias llegó por Vox. El vicepresidente autonómico quiso desmarcarse de la formación de extrema derecha por su posición durante el 25N, día internacional contra la violencia de género, asegurando que “mientras que algunos dan la espalda a las mujeres maltratadas, nosotros damos al cara frente a los agresores y les tendemos la mano”, unas palabras que provocaron que Ayuso saliera al rescate de su otro socio de gobierno.
La presidenta regional recordaba que deben a la formación de Santiago Abascal su sillón: “Yo sí que creo que a Vox le debemos algo, estamos aquí porque sus votos lo facilitaron”. “No estoy de acuerdo con estar gobernando gracias a un partido político y luego unirme a los demás contra ese partido político. Tampoco estoy de acuerdo en unirme a la izquierda en ningún tipo de ataque contra aquello que vaya contra la estabilidad de este Gobierno”, decía Ayuso en referencia al apoyo de Ciudadanos a la reprobación de Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid, donde también gobiernan gracias a los votos de Vox.
Y proseguía: “Cada vez que tenga algo que decir a Vox se lo haré saber pero nunca me uniré a la izquierda con él. Si hace algo mal, se dice, pero cuando se hacen reprobaciones y se montan comisiones y se hace un todos contra uno, lo único que haces es unirte a la feria de la izquierda y de la inestabilidad. A mí eso no me parece procedente”, defendió la presidenta frente a sus socios de Gobierno. Ayuso también recordaba a Ciudadanos que las 155 medidas del acuerdo de gobierno también se pactaron con el partido de Santiago Abascal.
En esta última afirmación, la presidenta regional volvía a manifestar su malestar por la comisión de investigación de Avalmadrid, el asunto que más ha erosionado las relaciones del gobierno de coalición. Una vez en el poder, en medio del escándalo de las ayudas de Avalmadrid a la familia de Díaz Ayuso, Ciudadanos decidió apoyar la comisión de investigación sobre la empresa semipública que exigían los grupos de la oposición. La decisión de los de Aguado provocó las primeras grietas en el gobierno regional.
La comisión, que molesta al PP porque desgasta la imagen de su nueva líder en Madrid, provocó que la propia presidenta recriminara personalmente a sus socios de gobierno lo que considera un juego a dos bandas: no se puede ser gobierno y oposición al mismo tiempo, le dijo Ayuso a su vicepresidente, Ignacio Aguado. Ciudadanos rebajó las tensiones tras el 10N bloqueando que Ayuso o cualquier otro expresidente del PP tenga que dar explicaciones en esa comisión.
Sin presupuestos y promesas a medias
La rebaja de impuestos “histórica”, anunciada por la propia Ayuso, fue uno de los ejes de la campaña y del discurso de la presidenta durante la sesión de investidura. Pero el Gobierno de coalición finalmente prorrogará los presupuestos de 2019 y renuncia a sacar adelante su ambiciosa medida durante el próximo ejercicio.
El PP vendió en la campaña de las autonómicas un recorte de 300 millones en impuestos. De momento, se quedarán en tres deducciones del IRPF que afectan a 30.000 madrileños, 16,4 millones de euros menos para las cuentas. La razón es que el ejecutivo tiene un problema de liquidez después de que aprobase su última rebaja fiscal a finales de 2018. Una prueba de ello es que la Consejería de Hacienda que dirige Javier Fernnández-Lasquetty pidió a la Univerdidad Rey Juan Carlos una póliza de crédito de hasta 185 millones de euros a interés 0%, que finalmente el consejo de gobierno de la corporación educativa ha negado, aunque desde el Gobierno regional apuntaban a que había más operaciones de este tipo abiertas con otras entidades públicas.
Fuentes del Ejecutivo autonómico confirman a eldiario.es que existe preocupación por las cuentas: por un lado por el dinero que no se ha podido percibir del Estado por el bloqueo político y por otro porque los ingresos de la recaudación de impuestos están siendo menores de lo que habían previsto por la caída de la venta de la vivienda. No tener unos presupuestos en vigor limita su capacidad de acción, aunque el principal escollo será su negociación con Vox.
Pero la rebaja de impuestos no es la única medida que se queda en un cajón. El gobierno de coalición ya reconoce que todas sus promesas electorales no llegarán hasta el final de la legislatura. Entre ellas, la gratuidad del abono transporte para mayores de 65 años o la apertura del Metro 24 horas durante los fines de semana: en 2020 el suburbano se abrirá esos días hasta las 2.30 horas y se rebajará levemente el abono de los mayores. También dejan para 2023 la promesa de construir 15.000 viviendas públicas.
De momento, no tener unos presupuestos en vigor limita su capacidad de acción. Las medidas inmediatas suponen un coste adicional y para hacerlas tendrían que rebañar de otras partidas que están aprobadas. Pero el principal problema sin embargo será la negociación con Vox para las cuentas. La formación de extrema derecha promete seguir imponiendo sus medidas ideológicas, se verá si Ciudadanos sigue manteniendo las distancias.
