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MADRID

El PP traslada su bronca con Carmena también a los presupuestos de la Comunidad de Madrid

Las cuentas pactadas con Ciudadanos incluyen compensaciones para "comerciantes y hosteleros de la zona centro-Gran Vía que han padecido obras"

El Gobierno invertirá dos millones en estas ayudas destinadas a 1.200 autónomos "en dificultades" dentro de unas cuentas que superan por primera vez los 20.000 millones de euros 

También incluyen 90 millones extra para Metro que desvinculan de Madrid Central: "No vamos a presupuestar nada que tenga que ver con una idea caprichosa"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa Manuela Carmena. / Fernando Villar. EFE

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y la alcaldesa Manuela Carmena. / Fernando Villar. EFE

El enfrentamiento institucional entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento está dejando rastro en cartas cruzadas, en los recursos ante la justicia y ahora, también, en los presupuestos regionales. El Gobierno de Ángel Garrido dedicará dos millones de euros a compensar a "los comerciantes y hosteleros de la zona Centro-Gran Vía que han padecido un año de obras y cortes" el próximo año.

Las ayudas llegarán, según fuentes de la Consejería de Hacienda, a unos 1.200 autónomos, a los que se hará un pago único de 1.675 euros que equivale a seis meses de cotización a la Seguridad Social. Esta compensación se enmarca en un plan de impulso para autónomos "con dificultades" cuya primera edición está dirigida solo a estos comerciantes "para paliar las graves consecuencias que les han ocasionado las obras" en los últimos meses.

El anuncio se ha realizado en medio de una guerra abierta del Partido Popular, de la propia Comunidad y de su presidente, Ángel Garrido, contra Madrid Central, un proyecto de movilidad que pretende reducir el tráfico en la almendra de la capital. El enfrentamiento institucional se ha recrudecido en los últimos días cuando todavía faltan semanas para el cierre del tráfico.

Fuentes de Hacienda no precisan por el momento cómo se va a hacer la selección de los comerciantes ni cuándo se efectuará el abono programado para un año electoral. Sí concretan las mismas fuentes que se abrirá una convocatoria y los que quieran optar por esta ayuda tendrán que acreditar que están al día de sus obligaciones tributarias.

No hay datos oficiales sobre las pérdidas que han ocasionado a los comerciantes de la zona las obras de Gran Vía. La asociación que aúna a los comercios de las calles Preciados, Carmen, Arenal y adyacentes (Apreca) calculó un descenso de ingresos del 10% en el pasado periodo navideño. Entonces, aunque no habían comenzado las obras de peatonalización, la arteria de la capital ya estaba cerrada parcialmente. 

Las piquetas se pusieron en marcha el pasado 9 de marzo. El proyecto para dar espacio a las aceras en detrimento de la calzada ideado por el Gobierno municipal estará listo antes de que acabe noviembre pero las piquetas en Gran Vía continuarán durante al menos los seis primeros meses de 2019. ¿Por qué? A las reformas del Ayuntamiento se suman las que está financiando la Comunidad de Madrid para crear una conexión entre Gran Vía y Sol y que mantienen empantanada también la intersección con la calle Montera.

La nueva infraestructura, que incluye un gran vestíbulo, previsiblemente no se habrá terminado hasta después de las elecciones. El Gobierno regional tenía previsto finalizar los trabajos en marzo pero la localización de un ascensor original diseñado por Antonio Palacios hace un siglo en esta parada paralizó los tiempos. Además, el presupuesto del proyecto se ha multiplicado por dos tras detectarse el riesgo de que las obras de construcción afecten a los edificios de la zona e inunden las líneas 1 y 5 de Metro de Madrid. 

Los presupuestos regionales para 2019 son los más elevados de la historia y por primera vez superan el umbral de los 20.000 millones. Abarcan inyecciones en muchas partidas (sanidad, educación, servicios sociales) e incluyen planes novedosos como el cheque alquiler (unas ayudas de 200 euros para menores de 30 años) y promesas como la eliminación de las listas de espera en dependencia con una inversión de 111 millones de euros. Sindicatos como CCOO han criticado el carácter "electoralista" de las cuentas y los partidos de la oposición, PSOE y Podemos, se muestran escépticos con las partidas. 

Entre ellas sobresale un aumento de casi el 9% del presupuesto destinado a Metro de Madrid en plena polémica por las aglomeraciones y a solo unas semanas de las restricciones parciales al tráfico rodado en una parte del distrito centro. El presidente del Gobierno, Ángel Garrido, ha negado que la inyección de 91 millones a la partida del suburbano tenga que ver con Madrid Central y la necesidad de reforzar el transporte público. "Madrid Central es una idea caprichosa no basada en nada. Y no vamos a presupuestar nada que tenga que ver con eso. Pedimos que se retire y si no, acudiremos a los tribunales", indicó Garrido al ser preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa de presentación de las cuentas en la Puerta del Sol.

Sin embargo, Ciudadanos, partido que con su apoyo ha permitido sacar adelante las cuentas regionales, admite que el aumento de presupuesto servirá, en parte, para "poner solución al despropósito de Madrid Central". El grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid se unió la semana pasada a la oposición al proyecto estrella de Carmena con una proposición no de ley para exigir su paralización en la cámara regional. 

El Gobierno regional concreta que los 91 millones extra se destinarán a la contratación de 100 nuevos maquinistas ya previstos, a la instalación de ascensores, a la apertura de la nueva estación de Arroyo del Fresno y a las obras del vestíbulo de Gran Vía y su conexión peatonal con Sol.

El presidente del Gobierno no ha concretado de este presupuesto extra se extraerán los fondos para los dos grandes desembolsos económicos que tiene por delante el suburbano: comprar 60 vagones comprometidos para 2020 (700 millones de euros) y mantener el resto de la flota. La compañía afronta a partir de 2019 el vencimiento de los contratos de alquiler que afectan al 60% de los trenes y tendrá que decidir si ejecuta los compra. Eso supondría un desembolso de 800 millones de euros más en una década.

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