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La concejala de Cultura de Madrid dice al juez que la retirada de vestigios franquistas se ajustó a la ley

Celia Mayer, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid.

Marcos Pinheiro

La delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, ha defendido este lunes, ante el titular del juzgado de instrucción número 27 de Madrid, que la retirada del monumento franquista al Alférez Provisional, así como todas las actuaciones en aplicación de la ley de Memoria Histórica, se ajustó “al marco de la legalidad vigente”, por lo que ha confiado en que el caso sea archivado.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla, donde ha prestado declaración como investigada. La Fundación Francisco Franco denunció a Mayer por la retirada irregular del monumento al Alférez Provisional, un monolito situado en la plaza de Felipe IV y que honra a un cuerpo del ejército que se sublevó en 1936.

La concejal de Ahora Madrid retiró este y otros monumentos el pasado mes de febrero dentro del plan del Ayuntamiento para cumplir con la ley de Memoria Histórica. Pero el Consistorio tuvo que reponerlos poco después. Unos por haberlos retirado por error, como la placa a los carmelitas fusilados, y otros por no haber cumplido todos los trámites administrativos necesarios.

Situado en una zona declarada Bien de Interés Cultural, el Consistorio no informó a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad. Eso es al menos lo que argumenta la fundación franquista, que denunció a Mayer por prevaricación administrativa.

La concejal, sin embargo, argumenta que no era necesario comunicar la retirada de este monolito porque, aunque está situado en una zona protegida, el propio monolito no es un Bien de Interés Cultural. Mayer se apoya también en que el Plan General de Ordenación Urbana establece “que se puede trasladar y se puede mover”.

“La aplicación municipal de la ley de Memoria Histórica siempre ha estado sujeta al marco de la legalidad vigente, lo importante es que desde el año 2007, desde la aprobación de la ley en el parlamento, no se ha tomado ni una sola medida para su aplicación”, ha asegurado Mayer.

Tras la declaración, que ha durado unos 10 minutos, la edil ha afirmado que confía en que la querella sea archivada de nuevo, porque este procedimiento se ha reabierto después de que la Fundación recurriese el archivo. “Siempre hay intentos, que por fortuna son marginales y minoritarios en nuestra sociedad, de impedir que la ley de Memoria Histórica se cumpla”, ha añadido la concejal.

Desde la polémica por la retirada de monumentos franquistas, Mayer ya no tiene las competencias en materia de Memoria Histórica. Estas osaron a un comisionado especial presidido por Paca Sauquillo, tras un acuerdo con el PSOE que evitó la reprobación de la edil de Ahora Madrid.

Ese comisionado tiene la tarea de aplicar la ley de Memoria Histórica en Madrid, tanto en lo referente al cambio de calles, para lo que ya ha hecho una primera propuesta, como en lo tocante a la retirada de vestigios franquistas. Mayer ha señalado que el Comisionado lleva meses trabajando en ello, y que será este órgano quien decida qué monumentos se retiran finalmente.

Fuentes municipales han recalcado que el monumento por el que se ha denunciado a Mayer ya fue catalogado como vestigio franquista en 2013, con Ana Botella al frente del Ayuntamiento,

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