El PP abandona la comisión de la Asamblea de Madrid que investiga la corrupción

El PP deja la comisión que ha sentado frente a los diputados de la Asamblea de Madrid a los principales implicados en los desmanes políticos de los últimos años. Entre ellos a varios altos o exaltos cargos de los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid, como Alberto Ruiz Gallardón, Ignacio González, Francisco Granados (desde prisión) o Cristina Cifuentes.

“En el mes de diciembre hubo dos hechos que confluyeron. La última sesión hubo una serie de insultos, de ataques a la presunción de inocencia a los que ya estamos acostumbrados. Quizá fue la gota que colmó el vaso”, ha dicho el portavoz del PP en la Asamblea Enrique Ossorio, que ha argumentado que también han tomado la decisión por “la petición de prórroga de los trabajos”, con lo que no están de acuerdo porque no es una “comisión permanente”.

Los grupos de la oposición han criticado la decisión del PP. “Su única intención ha sido poner trabas, no dar información y quejarse. Hoy acontecemos al último espectáculo. Nos sorprende que Cifuentes haya decidido quitarse la careta y salir de una comisión que ha dado sus frutos. Llamamos a la cúpula del Canal de Isabel II en la etapa de Gallardón y hemos visto que esa cúpula ha terminado imputada. Deja muy claro que la comisión no va desencaminada cuando llama a alguien a declarar”, ha apuntado César Zafra, coordinador de Ciudadanos en Madrid y diputado autonómico.

En la rueda de prensa donde han anunciado su desvinculación de la comisión, en la que también ha estado el portavoz del PP en la comisión, Alfonso Serrano, los populares no se han referido a ningún insulto concreto, sino a una actitud general de “linchamiento” por parte de Podemos. “El respeto es esencial y se han producido faltas de respeto a esta institución (la Asamblea de Madrid) y al grupo parlamentario popular”, ha afirmado Ossorio.

“Este hecho demuestra que el PP solamente respeta las instituciones democráticas cuando puede sacar un provecho de ellas. Ahora abandonan la comisión porque se le viene encima un rosario de imputaciones por el caso del Canal de Isabel II”, ha apuntado la portavoz de Podemos Lorena Ruiz-Huerta, que ha puesto en valor que la comisión “señaló como posible autor de delitos de corrupción” a Arturo Canalda, compareciente y ya expresidente de la Cámara de Cuentas tras dimitir de sus funciones al ser imputado. “Este es el compromiso con la regeneración democrática del PP: tratar de obstruir los trabajos de esta comisión”, ha concluido Ruiz-Huerta

Ossorio ha defendido, pese a las críticas de la oposición, que el “grupo popular no ha puesto ningún obstáculo sino simplemente que los trabajos se desarrollan con orden”. “Los otros grupos se han puesto las botas diciendo que ponían trabas en las ruedas, con una absoluta mezquindad porque es falso”, ha añadido.

Además, desde el PP quitan valor a los trabajos de la comisión, a pesar de que la mayoría de comparecientes de la última sesión, entre ellos los exconsejeros Pedro Calvo y Juan Bravo (actual presidente de Adif) y Arturo Canalda (presidente de la Cámara de Cuentas), han sido imputados recientemente por la justicia. “Cualquier relación causa efecto es falsa. Ha sido un gasto de dinero público para hacerse la foto”, ha dicho el portavoz.

El grupo socialista ha mostrado también su desacuerdo con la marcha del PP. “Nos parece muy significativo que abandone una comisión de investigación sobre la corrupción. No queremos hacer un juicio paralelo ni una causa general ni individual. No es una causa para reclamar responsabilidades jurídicas sino políticas. Y es nuestra obligación saber qué medidas han conducido a la corrupción”, ha afirmado Ángel Gabilondo en declaraciones a los medios, en las que ha justificado que la comisión “dura lo que duren los trabajos”. “Tienen algún interés en que esto se resuelva con celeridad no vaya a ser que esto se resuelva con un clima distinto”, ha añadido.

La comisión seguirá trabajando

Los representantes del Partido Popular en la comisión ya no estarán en la reunión de la mesa prevista para esta tarde, ha confirmado Ossorio. A partir de este lunes, por tanto, los populares se desvinculan de un grupo que seguirá trabajando y tiene aún muchos asuntos pendientes, como el campo de golf construido por Esperanza Aguirre en Chamberí y declarado ilegal por la justicia o la posible relación de colegios concertados de Madrid con la trama Púnica.

Fuentes parlamentarias prevén haber terminado con las comparecencias antes de verano y después disponer de unos meses para elaborar el dictamen final que irá a Pleno de la Asamblea. Los grupos han pedido, teniendo en cuenta esta planificación, tener margen hasta diciembre de 2018, “aunque luego se acabe antes”, justifican las mismas fuentes.

Los populares, que han puesto durante dos años zancadillas a esta comisión, ya anunciaron su intención de abandonarla a mediados de diciembre con el argumento de que estaba “empezando a ser una comisión de inquisición”. La amenaza saltó a raíz de la intervención de los diputados de Podemos durante la comparecencia de Alberto Ruiz Gallardón, ahora en el punto de mira de la justicia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se refirió concretamente a “la intervención vergonzosa” de la portavoz adjunta de Podemos en la comisión de la Asamblea de Madrid, María Espinosa, durante la comparecencia del presidente de ADIF Juan Bravo, que dijo que “todos los presidentes y expresidentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid han venido a comparecer a la comisión de corrupción para dar explicaciones por su gestión. Poner en duda que el PP ha gobernado saqueando las instituciones es faltar a la inteligencia de la ciudadanía madrileña”.

El acuerdo de los tres grupos de la oposición permitió la creación de la comisión en 2015, al inicio de una legislatura que ha supuesto el fin del ecosistema al que estaba acostumbrado el PP en la Asamblea de Madrid: la mayoría absoluta. Una vez formalizada, los populares se opusieron a que investigase casos como Púnica y Gürtel, las dos grandes trama de corrupción que enraizaron en la Comunidad de Madrid. Su argumento era que los casos estaba judicializados y que el objetivo último de la oposición era “abrir una causa general” contra el PP.

Todos los dirigentes y exdirigentes del PP que se han sometido a las preguntas de los representantes de los madrileños desde 2015 han negado toda vinculación con las tramas corruptas en las que les han ido implicando diferentes jueces en diversas causas.

El último cargo que ha tenido que marcharse tras ser señalado por la justicia ha sido Arturo Canalda, dimitido como presidente de la Cámara de Cuentas madrileña. Canalda, que pasó por la comisión en la última sesión, era director gerente del Canal cuando se produjo la compra de Inassa que investiga la Audiencia Nacional y dijo en este foro de la Asamblea que no había “nada que ocultar” y restó importancia al uso de una sociedad instrumental radicada en un paraíso fiscal para ejecutar la compra de una compañía colombiana por parte de la empresa pública madrileña.

La decisión del PP se produce, además, en la antesala de unas semanas que serán claves para determinar la responsabilidad de Alberto Ruiz-Gallardón en el primer pelotazo del Canal. El juzgado del caso Lezo ha citado a una ristra de testigos e imputados, entre estos últimos a los técnicos del Canal de Isabel II que pilotaron la compra de una sociedad colombiana en 2001 a través de un paraíso fiscal y los miembros del Consejo de Administración de entonces. Y lo hace a la espera de recibir nueva documentación y entonces, previo informe de Anticorrupción, decidir si cita a Ruiz-Gallardón y su Gobierno autonómico de entonces, del que ya ha llamado como investigados al exconsejero de Hacienda, Juan Bravo, y al de Medio Ambiente, Pedro Calvo.