El Tribunal de Cuentas pide al exalcalde de Navalcarnero 10 millones de euros por obras y pagos irregulares
El Tribunal de Cuentas da 10 días al exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, y otros cuatro exconcejales del PP para depositar 10.161.687,92 euros por irregularidades en su gestión municipal. La Sección de Enjuiciamiento resuelve que todos, además de un técnico municipal y una empresa concesionaria, deben responder por un presunto delito de responsabilidad contable por alcance. Hoy, la localidad es la más endeudada de España con un déficit de 240 millones de euros.
El órgano fiscalizador pide concretamente al exalcalde popular 1.300.618,57 euros como responsable directo por pagos no justificados a la empresa gestora de la Plaza de Toros “tanto por la utilización” de ella por parte del Ayuntamiento “como por el alquiler de grupos electrógenos para su iluminación”.
“Según el convenio, el Ayuntamiento tenía derecho de uso de la plaza gratuitamente diez días al año sin contar los tres o cuatro días de los festejos taurinos. Pese a ello, desde 2006 a 2012 el exalcalde firmó pagos a Edisan que no tenía que haber realizado e incluso muchos días que ni tan siquiera se abrieron las puertas del recinto”, dice el Tribunal de Cuentas.
Además, el Tribunal solicita que tanto Edisán como Baltasar Santos respondan de manera solidaria por un importe de 2.062.250,64 euros por cinco de las subvenciones entregadas por el Ayuntamiento a la concesionaria para la explotación de la Plaza de Toros. Inicialmente, se habían fijado en 180.000 euros anuales, pero en diversas ocasiones desde 2006 se aumentaron en más de 300.000 euros adicionales argumentando mejoras en los festejos. Sin embargo, estas mejoras no se ejecutaron ni se supervisaron. Todos los pagos fueron ordenados mediante decretos de Alcaldía.
En la instrucción se investigan también irregularidades relacionadas con la construcción de un polideportivo por el que el Ayuntamiento pagó 10,5 millones de euros pero que nunca se terminó. “De hecho, la obra según diversos peritajes sólo se ha ejecutado en un 30 por ciento”, apunta el órgano.
El daño sufrido por el consistorio por estas cantidades abonadas por trabajos no realizados “asciende a 4.956.511,08 euros a los que hay que sumar 1.842.307,63 euros de intereses”, según el órgano fiscalizador, que responsabiliza de ello al ex alcalde, a Pilar Rodríguez Rodríguez, Elena Pérez Gómez, María Paz Fraile Garcés, Manuel Jordán Rodríguez –todos exconcejales del Partido Popular en el Ayuntamiento y miembros de la Junta de Gobierno local–, Juan Antonio Martín Rodríguez, Ingeniero Técnico Municipal y Martín de la Fuente González, director facultativo de la obra.
