Piden cárcel para una activista por resistirse a los policías que la sacaron por la fuerza de un desahucio

El 20 de noviembre de 2014, Isabel se levantó para hacer lo que había hecho decenas de veces en los últimos años: intentar parar los desahucios de sus vecinos del barrio de Tetuán. Ese día, que tocaba apoyar a Umberto, no fue como los demás. Terminó inmovilizada por varios agentes de la Policía Municipal que la acusan de resistirse y forcejear para evitar marcharse del perímetro donde iba a producirse el desalojo, que finalmente fue parado por la Comisión Judicial. 

El próximo martes y tres años después de aquel episodio, la activista de 52 años se sienta en el banquillo por delitos de resistencia y lesiones, según figura en el escrito de la Fiscalía, que pide para ella dos años y medio de cárcel y una indemnización de 5.000 euros. El Ministerio Público alega que, tras negarse “grave y conscientemente” a abandonar el portal, se tiró al suelo y lanzó “patadas y manotazos” a varias policías, que “lograron llevar en volandas a la acusada” hasta una calle fuera del cerco policial “con auxilio de otro agente”. 

Según Isabel, los hechos relatados sucedieron de otro modo: “Estaba con dos compañeras en la puerta del portal cuando llegó mucha policía. Era la unidad de antidisturbios de la Policía Municipal. No éramos más de cuatro personas. Yo ejercí de mediadora y les informé de que estábamos esperando a que llegara un compañero del juzgado, que había posibilidades de que se aplazara”, explica la activista, que admite que la Policía les ordenó que se marcharan.

“Nos retiramos unos metros mientras seguíamos hablando y me caí. Entonces –continúa– me cogieron en volandas y me llevaron a otra calle. Allí me inmovilizaron en el suelo, no podía respirar”. La activista niega haber provocado las lesiones que recoge el escrito de la Fiscalía: dos esguinces en los dedos y una contusión en una pierna por las que se pide una indemnización de cerca de 5.000 euros. También asegura que es falso que las agentes que la cogieron fueran mujeres, como figura en el documento. 

“No eres consciente del riesgo”

Isabel no resultó detenida y la Policía le ofreció asistencia médica, que ella rechazó, dice, al considerar que no la necesitaba. La acusación asegura que lo hizo con insultos. Dos meses después, supo que aquel episodio no iba a quedarse ahí. “Llegó una notificación a casa con la citación para declarar. Me sentí profundamente humillada, sobre todo porque había barajado la posibilidad de denunciar a los agentes por lo que pasó”, recuerda.

No oculta que tiene miedo. “Pienso en la posibilidad de ir a la cárcel y pienso en mis hijas. Pienso en todo este tiempo... ha sido muy pesado de llevar, me ha costado mucho”, admite bajando el tono. Tiene dos, ambas menores de edad. 

El martes se celebra el juicio oral, la última fase de un proceso que no ha sido inocuo en su vida ni tampoco en su activismo. “Me di cuenta de que a veces actuamos sin pensar en las consecuencias y nos pasan estas cosas. Somos gente normal que va y hace lo que puede. No eres consciente del riesgo. Ahora tengo más cuidado”, reconoce Isabel. 

El desahucio de Umberto de su casa en la calle de la Guzmania consiguió pararse el 20 de noviembre, aunque terminó ejecutándose poco después. Los activistas de la PAH y Stop Desahucios que intentaron impedirlo denunciaron la violencia de la Policía en la ejecución. Ese día, Isabel también estaba allí, “pero me quedé fuera”, recuerda. Umberto debía más de 30.000 euros al prestamista Antonio Arroyo Arroyo, “uno de los mayores estafadores de España”, según la Policía, y que acumula medio centenar de denuncias por este delito, apropiación indebida y organización criminal. Umberto había pedido 4.000 euros, pero los intereses desmedidos le comieron. “Estuvo viviendo con personas de nuestro grupo de vivienda. Luego -cuenta Isabel- se marchó a un albergue”.