Los colectivos LGTBI renunciaron al concurso de Almeida para gestionar el Servicio de Atención a las víctimas por las exigentes cláusulas del contrato

El Observatorio LGTBI, al que se comprometió hace más de un año a poner en marcha el área de Familia y Bienestar Social que dirige Pepe Aniorte, de Ciudadanos, se aprobó por fin el 28 de diciembre de 2021 a través de un decreto por el que se establecía su funcionamineto. Casi al mismo tiempo, el Ayuntamiento adjudicó por concurso el Servicio de Asistencia Psicológica a las víctimas de estos delitos, que cada vez aumentan más en Madrid, a la consultora Imagina Bienestar S.L, tras ganar el concurso público frente a la otra única oferta que se presentó. Ninguna de las históricas asociaciones LGTBI con amplia experiencia en este sector quiso optar al concurso, disconformes con la privatización de esta atención y con las estrictas cláusulas que se incluyen en los pliegos de licitación.

Una de ellas es Arcópoli, vinculada directamente a la organización del Orgullo en la capital y con muchos años de experiencia en la atención a las víctima LGTBIfobia. De hecho, desde 2016 lleva prestando ayuda a las víctimas de delitos de odio LGTBI a través de su propio Observatorio. “Las condiciones de ese contrato no eran las más adecuadas para la independencia de nuestra entidad, ya que perdíamos la voz y la propiedad de los datos, a pesar de prestar el mismo servicio a la ciudad de Madrid que veníamos haciendo hasta ahora. Somos una ONG, no una empresa, por lo que decidimos no presentarnos”, explica Emma Solano Dueñas, coordinadora de Arcópoli.

Desde Más Madrid consideran que “el Ayuntamiento podría haber hecho una convocatoria más adaptada a los colectivos, pero no por ellos sino por los usuarios que necesitan gente cercana y con experiencia” y ven “muy pocas garantías de que este Observatorio sea realmente útil cuando esté en funcionamiento, si alguna vez lo está, pues es significativo que ningún colectivo relevante haya querido presentarse a la licitación”. La concejala de este grupo Amanda Romero, cree que se trata de otro “fiasco absoluto de Almeida” y de “otro rotundo fracaso del gobierno del PP”.

Según afirman fuentes de este departamento del Área de Familia, la empresa ganadora ya se está organizando para comenzar a trabajar pero no estará operativa hasta primeros de abril.

Almeida dejó sin ayudas directas a los colectivos por exigencia de Vox

El origen de todo esto se remonta a finales de 2020. En los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2021, Vox logró que el Gobierno de coalición de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís dejara sin ayudas directas a los principales colectivos LGTBI, según denunciaron los grupos de la oposicón. Fue el pago del alcalde a la extrema derecha para que apoyaran la cuentas de aquel año: eliminar las subvenciones de todo aquello que los de Abascal consideran “chiringuitos”, de los que el propio líder de Vox se ha beneficiado en el pasado.

Así, las cuentas para Madrid de 2021 no incluyeron ninguna partida directa ni para el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), ni para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ni tampoco para Arcópoli.

Tanto Más Madrid como el PSOE criticaron con dureza al alcalde por haber cedido a las exigencia de la extrema derecha. Pero los presupuestos del Ayuntamiento salieron adelante.

Poco después, a finales de diciembre de 2020, Pepe Aniorte (Ciudadanos), delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, anunció en un Pleno municipal que “Madrid iba a contar por primera vez con un Observatorio que llevaría a cabo una verdadera política LGTBI” y con un “servicio propio” de atención a las víctimas. “El Ayuntamiento contará con una política LGTBI que girará en torno a una línea de subvenciones de libre concurrencia de 225.000 euros, un programa de familias LGTBI y un refuerzo de la lucha contra el acoso escolar para los niños LGTBI”, adelantó Aniorte. En concreto, detalló que el área social “asumirá la labor de atención psicosocial y jurídica y el acompañamiento a las víctimas de agresiones y delitos de odio, incluido en las labores del Observatorio, para evitar la revictimización y contribuir a la denuncia de este tipo de delitos”.

Los colectivos LGTBI declinan participar en el proyecto “paralelo”

No se supo nada más de eso hasta que un año después, en noviembre de 2021, se abrió el concurso de licitación para gestionar el Servicio de Atención Psicológica, al que tan solo concurrieron dos empresas: Asociación Para la Promoción y Gestión de Servicios Sociales Generales y Especializados (PROGESTIÓN) e Imagina Bienestar, S.L, siendo esta última la que finalmente consiguió ser elegida. Ningún colectivo LGTBI con experiencia en el sector pugnó entonces por el concurso. El Ayuntamiento asegura desconocer los motivo por los qué ninguno de ellos se presentó dado que “el proceso de adjudicación ha estado abierto a cualquier entidad que cumpliera con los requisitos previos”. Pero las asociaciones lo explican.

Según abunda Emma Solano, coordinadora de Arcópoli, porque no entienden que “el Ayuntamiento quiera intentar poner en marcha un Observatorio paralelo, gestionado por una empresa, es decir, externalizando el servicio en lugar de trabajar con una ONG independiente y especializada”. Solano además alerta: “No nos llegan las cosas que suceden, y por eso es tan importante que la ONG que da el servicio, pueda disponer de la propiedad de los datos y de la libertad comunicativa para poder contar lo que está pasando y poner el foco libremente en el problema: los discursos de odio de la ultraderecha y cómo se han colado en nuestras instituciones”.

Por su parte, Carmen García de Merlo, presidenta de Cogam, cuenta que se enteraron de la licitación, pero no estaban de acuerdo con las exigencias del contrato ni tampoco con la decisión de privatizar ese servicio. Y es que, entre las cláusulas que el Ayuntamiento impone, hay una serie de rígidas prohibiciones que les cuesta entender y asumir. La primera, que “la entidad adjudicataria no podrá realizar ninguna acción o gestión con los medios de comunicación sin autorización previa de la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género”. “Se incluye en este concepto cualquier tipo de conversación, intercambio de información o valoración sobre la posibilidad o no de hacer una cobertura mediática sobre la actividad de los servicios”, dice.

Las exigentes cláusulas del contrato

Otra de las prohibiciones es que “la entidad adjudicataria tampoco podrá establecer relación con instancias públicas o privadas ni asistir a cursos o seminarios en calidad de ponentes en relación con las materias gestionadas por el servicio sin permiso previo y expreso de la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género”, prohibición “que persistirá aun cuando haya finalizado la ejecución del contrato”.

Junto a esto se establece que “la entidad adjudicataria deberá facilitar a las personas usuarias información sobre el acceso al Sistema de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid así como de cualquier otro sistema de comunicación con el mismo, en relación al servicio prestado”.

Además, se exige a la empresa otra cláusula como es que “en caso de huelga general o en el sector” que afecte al personal adscrito a este servicio de atención a las personas LGTBI, “deberá mantener informada a la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género de las incidencias y del desarrollo de la huelga”. Y acabada la huelga tendrá que enviar “un informe” a la misma Dirección General en el que se indiquen los servicios efectivamente prestados y el número de horas que se hayan dejado de prestar y la categoría del personal que ha ejercido su derecho a la huelga“, con el fin -aclaran más adelante- de llevar a cabo ”los descuentos correspondientes en la facturación de ese mes“.

Desde el Ayuntamiento aseguran que estas cláusulas “se incluye en todos los contratos, no con fines restrictivos, sino para tener conocimiento previo de las actuaciones que la empresa adjudicataria realiza con los medios de comunicación y con el fin de garantizar el máximo rigor en las comunicaciones relativas al servicio prestado”. “Se trata de un servicio público municipal, que se lleva a cabo a través de una empresa externa, pero la responsabilidad última es de la Dirección General, por lo que es imprescindible realizar un buen seguimiento de todas sus actividades, incluyendo las de difusión y comunicación”, dice. Más Madrid, sin embargo, señala que en ninguna otra licitación se imponen estas condiciones.

Una empresa joven en cuya web solo figuran dos proyectos sobre LGTBI

Imagina Bienestar S.L es una pequeña empresa creada en 2018 y dedicada fundamentalmente a realizar planes y programas sobre igualdad y violencia de género. En su página web figuran solo dos proyecto directamente relacionados con los problemas a los que se enfrentan las personas LGBTI: eI Plan Transversal contra la LGTBIfobia de la Diputación de Córdoba y la Elaboración y difusión del I Plan para personas LGTBI de Sevilla. Uno de los los criterios que más puntuaba en los pliegos de la licitación para el cómputo final, junto al de la oferta con el precio más bajo (35 puntos), era que los aspirantes contaran con uno o dos profesionales “con más de un año de experiencia en atención o asesoramiento a víctimas de LGTBIfobia”.

La empresa tenía como administrador único hasta 2019 a Juan Gregorio Lombardo Fernández, un empresario vinculado, a través de diversas empresas, al grupo Quirón. Pero en 2019 cambió de administrador y de denominación social. En la actualidad figura como directora Yolanda Gutiérrez Delgado. En su presentación explican que Imagina Bienestar es una “Consultora de Igualdad” que dedica “todo su esfuerzo para conseguir una sociedad en la que mujeres, hombres y personas de todas las edades y condiciones sociales tengan los mismos derechos, libertades y oportunidades”. Su campo de acción abarca varios ámbitos: empresarial, municipal, en centros educativos. “No ponemos límites a nuestro trabajo. Elaboramos Planes de Igualdad, Auditoría Salarial, campañas, materiales didácticos, estudios sociológicos, servicios de encuestación, etc”, señalan.

Según se especifica en el contrato administrativo de dicha adjudicación, el objeto del mismo es “la gestión de un servicio para la asistencia psicológica y jurídica a víctimas de incidentes de LGTBIfobia en la Ciudad de Madrid” durante “12 meses, con un periodo de ejecución que comienza el 1 de febrero de 2022, prorrogable por el plazo máximo de duración inicial del contrato” y con un “valor estimado de 114.771,88 euros, precio que incluye el de las posibles prórrogas”. El importe del contrato quedó al final estipulado en 63.124,53 euros.

Retraso por motivos administrativos

Desde el departamento de Pepe Aniorte reconocen que aunque la fecha prevista para el inicio del proyecto debía haber sido e l1 de febrero, se tuvo que retrasando “por motivos relacionados con el proceso de contratación”, entre otras cosas, “para permitir un periodo de alegaciones”, algo con lo que debe de contarse en todos estos procesos.

Según dicen, la empresa adjudicataria, Imagina Bienestar SL, ha empezado ya a trabajar con el fin de que dentro “como máximo” de otro mes, el 1 de abril, “el servicio esté ya operativo y se puede iniciar su difusión para empezar a realizar atención a las personas usuarias”. “En estos momentos, la empresa está realizando todas las tareas preliminares para dotar de los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios al servicio, elaborando los materiales divulgativos, contratando el teléfono de servicio, diseñando información en la web, etc.”, añaden las mismas fuentes del área de Familia y Bienestar Social.

“Queremos que Madrid sea una ciudad libre de LGTBIfobia, una ciudad inclusiva, abierta, libre. Para esto necesitamos un gobierno comprometido con los derechos, que no se pliegue a los intereses de la extrema derecha y además competente, que haga las cosas bien. La gestión que se está realizando indica que se den ninguna de estos dos atributos”, concluye la concejala de Más Madrid, Amanda Romero.

Mientras tanto, Arcópoli alerta del aumento de estos delitos de odio. Según su último informe, los datos registrados por el Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia -que la asociación sigue manteniendo pero ahora sin ayudas municipales-, señalan que desde enero de 2021 han crecido las agresiones, insultos y mensajes de odio motivados por LGTBIfobia. La propia asociación denuncia ciberataques en sus propias asambleas virtuales.

Aumento alarmante de ataques a sedes y muestras de odio a las personas LGTBI

A juicio de Emma Solano, estos actos “buscan minar la participación política de las personas LGTBI y la defensa de sus derechos”. “Las personas LGTBI no pueden, a día de hoy, ejercer sus derechos de reunión y asociación como lo hace el resto de la ciudadanía”.

Según dicho informe, “las fachadas de distintas asociaciones han amanecido con pintadas”, entre ellas la de la sede de COGAM, con mensajes como “que os follen” o “queer es misoginia”. Además, denuncian que “se han producido actos vandálicos como los sufridos por Orgullo Vallekano y la Villana de Vallekas, bajo la consigna ”por España y por Cristo Rey, Vox será vuestra tumba, maricas“, coincidiendo con un mitin no autorizado de este partido en la Plaza Roja”. “En el mismo año -añaden- también Kif-Kif sufrió pintadas homófobas acompañadas de la palabra ”Vox“, a las que se sumó el impacto de excrementos también contra la fachada”, dicen.

La coordinadora de Arcópoli afirma que “no son hechos aislados. Estamos asistiendo al aumento de un tipo de violencia específica, la violencia política contra las personas LGTBI, que tiene por objetivo impedir que defendamos nuestros derechos y cuya principal arma es la LGTBIfobia”.

“Nos preocupa que los discursos de odio a los que hemos estado asistiendo estos años sean el caldo de cultivo de este tipo de violencia y que vaya en aumento. Por si alguien tiene dudas, queremos ser firmes en esto, las personas que defendemos los derechos LGTBI somos más y vamos a seguir defendiéndolos, le pese a quien le pese”, advierte.