El Ayuntamiento de Alcorcón rescata de la quiebra 59 pisos públicos y salva del desahucio a más de 100 vecinos

Más de 50 años se pasó Juan Manuel López Agudo, fontanero, poniendo tuberías y calefacciones por Madrid, siguiendo el crecimiento de la ciudad y sus alrededores. Durante un tiempo tuvo mucho trabajo por Villaverde bajo, después en San Sebastián de los Reyes, pero al acabar el día siempre regresaba al piso de Alcorcón. Allí, en lo que hoy ya es casco viejo de esta localidad de 170.000 habitantes, hizo su vida hasta que hace ocho años, ya jubilado, se mudó. Tenía 83 años, 80 su mujer, cuando cedieron su piso al Ayuntamiento a cambio de otro en el ensanche sur, nuevo y adaptado a los achaques de la vejez, gracias a un plan municipal de permuta de vivienda. Pensaron que era una buena oportunidad y, durante unos años, todo fue bien. Pero en abril de 2019 llegó una carta al domicilio. O compraban el piso o tendrían que dejarlo en dos meses. “Se nos cayó el mundo encima”, recuerda.

A este extremo del ensanche, aunque urbanizado, todavía no acaban de llegar los bares y demás comercios que hacen barrio, pero las aceras son anchas y en una mañana agradable de noviembre los perros y los vecinos en chándal pasean tranquilamente. Juan Manuel baja al portal de su casa, en un bloque moderno y limpio donde hace no tanto no había más que campo. Viene acompañado de su hija hecho un pincel, con chaleco, chaqueta y boina a juego. Avisa de que ve mal: “Me queda un ocho por ciento en este ojo”, indica con el dedo. Padre e hija están contentos porque parece que al final habrá solución y no tendrá que marcharse. “Estos querían tela”, dice Juan Manuel, pellizcando los dedos.

El sobre y el susto llegaron al domicilio en lo que parecía el episodio final del declive de Emgiasa, la Empresa Pública de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón. Nacida en 1992, la compañía se fue endeudando con el paso de los años, en buena parte a raíz de la construcción del Centro de Creación de las Artes, un recinto cultural que iba a costar 130 millones de euros, el Guggenheim de Alcorcón, en palabras del alcalde hasta 2011, el socialista Enrique Cascallana, hoy fuera del partido. A ese regidor lo sucedió David Pérez, del PP, muy crítico con el dispendio, que tomó mando en plaza defendiendo que aquello no se podía pagar e impulsó el concurso voluntario de acreedores de la empresa pública. El recato inmobiliario le duró poco, pues fue gran defensor de la instalación en terrenos municipales del proyecto de casinos de Eurovegas, ya abandonado. 

El concurso de Emgiasa afectó de pleno al Plan Permuta, una iniciativa de los socialistas por la que los participantes con problemas de movilidad o mayores de 70 años como Juan Manuel cedían sus viviendas antiguas, por lo general poco accesibles, en pisos altos sin ascensor, a cambio de otras adaptadas en el ensanche sur de la ciudad, para disfrutar de ellas con carácter vitalicio. A cambio, las viviendas originales las podría dedicar el Ayuntamiento a alquileres económicos para jóvenes. Pero con la empresa municipal a punto de disolución, el esquema se venía abajo, y el Ayuntamiento popular solo proponía que los inquilinos adquiriesen las nuevas viviendas y su hipoteca, vendiendo las antiguas. Con la crisis arreciando, las esperanzas de plusvalías se habían esfumado y, para colmo, muchas de los pisos viejos habían sido ocupados ilegalmente y estaban muy deteriorados, con lo que las opciones eran escasas para los castigados ancianos, que se veían en la calle.

El ultimátum del juzgado llegó en año electoral, por suerte para los afectados. Tras los comicios, se conformó un nuevo gobierno local encabezado por Natalia de Andrés, del PSOE, concejal superviviente de los tiempos de Cascallana, con Jesús Santos, de Ganar Alcorcón, como bien avenido teniente de alcalde. En uno de los raros casos recientes en que los partidos de izquierdas no se sangran mutuamente cuando hay una plaza en juego, PSOE y Ganar, vinculado a Podemos, habían ido de la mano en campaña con este asunto y apostaron por que el Ayuntamiento recuperase las viviendas. Así se lo plantearon al administrador concursal, que ya había propuesto la misma alternativa cuando el PP instó la disolución de Emgiasa en 2014. Así que se subió al carro de buen grado, según recuerda en su último informe trimestral, emitido el pasado octubre. En uno de los folios critica la actuación del PP, “diametralmente opuesta” a la del nuevo equipo respecto al Plan Permuta mientras estuvo en el gobierno local, incluido el “silencio absoluto” cuando empezaron a llegar los avisos judiciales a los vecinos.

Manuel Alonso, presidente de la asociación de afectados, recuerda hoy la desesperación de los afectados. “Algunos me decían que preferían ir a la cárcel, que por lo menos allí tendrían cama y comida”. Luego cuenta casos dramáticos, como el de un hombre con las dos piernas amputadas. Él mismo, con una importante incapacidad por una enfermedad neurológica, tiene claro que, si hubiese tenido que volver al piso viejo, no habría vuelto a salir. “Hay que ser humanos”, concluye.

A falta de que el juzgado confirme el pacto (la resolución está al caer y nadie espera que sea desfavorable), los vecinos se muestran agradecidos al bipartito local. “Han sido ellos los que nos han ayudados [PSOE y Ganar Alcorcón], si hubieran sido otros, lo diríamos”, asegura Mar, hija de Juan Manuel. Este mes pasó a saludarlos un Santos exultante, acompañado del diputado de Podemos Rafa Mayoral. El primero censuró al antiguo regidor, hoy consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid: “David Pérez quiso dejar a 100 familias en la calle”. Ahora pide “más poder para los ayuntamientos”, lo que pasaría por derogar la ley Montoro y sus restricciones al endeudamiento. Mayoral abundó: “La fortaleza de una sociedad se mide por el eslabón más débil. Hay que regular los precios del alquiler y paralizar desahucios”. Juan Manuel se había excusado minutos antes; pronto vendrían a buscarlo de Servicios Sociales para llevarlo al centro de día y tenía que estar en casa, que ya será siempre la suya.