La Comunidad de Madrid cierra una residencia de ancianos por "graves deficiencias de atención" durante años

La Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de la residencia privada de mayores Hestia (Colmenar Viejo) tras constatar “graves deficiencias de atención” que durante cuatro años se han producido “persistentemente”. Así consta en el expediente sancionador elaborado por la Consejería de Políticas Sociales, en el que se realiza una extensa descripción de las infracciones detectadas: ataduras para los residentes de elaboración casera —con telas de camisetas— sin prescripción médica, escasa supervisión de los menús, reiteración de esas comidas durante varios días, falta de personal, deficiencias en las infraestructuras, obstrucción de la labor de los inspectores, así como medicación caducada y deficientemente custodiada.

Falta de personal, medicinas y alimentación e higiene inadecuadas: Madrid multó a 20 geriátricos antes de la pandemia

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La sanción emitida asciende a 78.000 euros por la comisión de dos infracciones graves y tres muy graves, pero la Comunidad también ha tenido en cuenta “el grado de intencionalidad” y la responsabilidad administrativa tanto del director de la residencia, como de la empresa, según figura en la resolución sancionadora a la que ha accedido elDiario.es, a través del portal de transparencia de la Comunidad. Los datos recabados por esa vía también constatan que el centro de mayores ha sido sancionado previamente en varias ocasiones: en 2016 por una falta grave (6.001 euros) y en 2018 y 2019 por infracciones muy graves, asumiendo respectivamente 42.000 euros y 91.000 euros en multas.

Teniendo en cuenta estos precedentes, desde la Consejería han optado por inhabilitar al responsable del centro “para ejercer como director de servicios sociales” durante cinco años, prohibir durante diez años a la entidad gestora del centro —Hestia Elder Healthcare— que trabaje en temas relacionados con asuntos sociales y revocarle la autorización administrativa para que esa residencia, con una capacidad para 24 usuarios, pueda estar en funcionamiento. Los hechos investigados son previos a la pandemia, ya que en la documentación a la que ha accedido esta redacción la resolución fue notificada en octubre de 2019, aunque en el expediente final se incluyen hechos detectados en inspecciones posteriores, celebradas en febrero de 2020.

El centro está cerrado y sin actividad

Fuentes del departamento de asuntos sociales confirman que “a mediados del pasado mes de septiembre se dictó resolución del procedimiento sancionador” y que posteriormente a esa fecha “se comprobó por visita de inspección que el centro está cerrado y no tiene ninguna actividad”, aunque por el momento la residencia no ha abonado la sanción económica, según indican estas mismas fuentes. 

El instructor del expediente realiza una minuciosa descripción de las infracciones detectadas por los funcionarios y lamentan que la empresa haya persistido desde 2016 “en los mismos incumplimientos con grave menoscabo de la atención y cuidados requeridos por las personas mayores atendidas en el centro, sin que las sanciones pecuniarias impuestas hasta el momento hayan producido efecto alguno”, por lo tanto subrayan que “ha de concluirse que queda suficiente evidenciado el grado de intencionalidad que rige su conducta”.

A lo largo del texto, se enumeran varias infracciones de la ley autonómica que regula el funcionamiento de las residencias de mayores. Citando este articulado, el instructor del expediente expone que el centro no dispone “de personal suficiente” y recuerda que en una de las visitas realizadas por las inspección se constató que había “un auxiliar; una limpiadora y una cocinera” para atender a “22 usuarios, de los cuales siete son dependientes con movilidad reducida”. En este caso no se limita a remarcar el número de profesionales disponibles, también indica que el centro superó la ocupación que tenía autorizada para usuarios con problemas de movilidad, ya que solo contaba cuatro plazas “aptas” para ese tipo de usuarios. 

En relación a este asunto, se alerta también de que en una de las visitas “los residentes permanecen solos, mientras las auxiliares realizan diversas tareas en el centro”. Esa escasa supervisión vuelve a ser constatada “en el cambio de turno entre las auxiliares de la mañana y de la tarde”, momento en el que “los residentes en el salón de estar de [la] planta baja se vuelven a quedar solos, sin vigilancia”.

Otra de las infracciones señaladas se imputa por “no tener el establecimiento y el equipamiento en las condiciones debidas de mantenimiento, higiene, confort o salubridad”. “Se deshacen cuatro camas preparadas, observando que las sábanas tienen agujeros pequeños y están casi semitransparentes por el uso y que una de las mantas está deshilachada y cuarteada”, relatan los inspectores, que también se encontraron humedades y desconchones en las paredes, persianas rotas, muebles desportillados y problemas en la red de cañerías: “Cada vez que se acciona cualquier grifo de la residencia se oye un sonido muy estridente y agudo”. 

La medicación y la alimentación suministrada a los usuarios también es cuestionada por la Consejería, sus funcionarios destacan que hay medicación localizada en un armario “accesible a cualquier residente”, y alguna de ella caducada. Asimismo, detectaron que durante varios días —de lunes a jueves — se ha repetido lo programado para comer, un puré de verduras con pollo, a los dos residentes que precisan una dieta triturada. Sobre el resto del menú, constatan que el menú diario “no está supervisado por personal cualificado”. Por estos motivos, los inspectores imputan dos infracciones: “No prestar la adecuada atención en la alimentación de los usuarios” e “incumplimiento de la debida atención sanitaria y/o farmacéutica, así como de las medidas de vigilancia o cuidado especial que precise el usuario”.

Esta última falta también abarca a las sujeciones empleadas, que llegan a describir como un “riesgo”  para “la seguridad y/o salud de los usuarios”, ya que los responsables del centro no mostraron “la hoja de prescripción médica”, ni valoración de medidas alternativas, ni consentimiento informado firmado por las familias” para implantar “ninguna de estas medidas”. “Los cinturones colocados de día no están homologados, sino que son de fabricación casera, del mismo textil que las batas de las auxiliares o de tela de camiseta”, describe el instructor. 

Finalmente, los inspectores lamentan que se haya dificultado “de cualquier modo la acción del personal inspector en el desempeño de su cargo”, “impidiendo” la “comprobación del cumplimiento” de otros requisitos, “que afectan, entre otros, a la seguridad de las instalaciones y usuarios, a la plantilla y ratios de personal, a los planes de intervención de los usuarios o a las posibles reclamaciones que se hayan formulado en el centro por los familiares o los propios usuarios”. Además, destacan que la “documentación exigida por la normativa vigente en materia de servicios sociales” no ha sido presentada desde el año 2016. 

Por lo tanto, la Consejería justifica la contundencia de su sanción, ya que “la interesada ha sido reiteradamente requerida para cesar en tales conductas e informada de las consecuencias de no atender dichos requerimientos”, “sin que las sanciones pecuniarias impuestas hasta el momento hayan producido efecto alguno” sobre los gestores del centro de mayores.

elDiario.es ha tratado de contactar con los gestores del centro sin obtener respuesta.

La Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de la residencia privada de mayores Hestia (Colmenar Viejo) tras constatar “graves deficiencias de atención” que durante cuatro años se han producido “persistentemente”. Así consta en el expediente sancionador elaborado por la Consejería de Políticas Sociales, en el que se realiza una extensa descripción de las infracciones detectadas: ataduras para los residentes de elaboración casera —con telas de camisetas— sin prescripción médica, escasa supervisión de los menús, reiteración de esas comidas durante varios días, falta de personal, deficiencias en las infraestructuras, obstrucción de la labor de los inspectores, así como medicación caducada y deficientemente custodiada.

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La sanción emitida asciende a 78.000 euros por la comisión de dos infracciones graves y tres muy graves, pero la Comunidad también ha tenido en cuenta “el grado de intencionalidad” y la responsabilidad administrativa tanto del director de la residencia, como de la empresa, según figura en la resolución sancionadora a la que ha accedido elDiario.es, a través del portal de transparencia de la Comunidad. Los datos recabados por esa vía también constatan que el centro de mayores ha sido sancionado previamente en varias ocasiones: en 2016 por una falta grave (6.001 euros) y en 2018 y 2019 por infracciones muy graves, asumiendo respectivamente 42.000 euros y 91.000 euros en multas.

Teniendo en cuenta estos precedentes, desde la Consejería han optado por inhabilitar al responsable del centro “para ejercer como director de servicios sociales” durante cinco años, prohibir durante diez años a la entidad gestora del centro —Hestia Elder Healthcare— que trabaje en temas relacionados con asuntos sociales y revocarle la autorización administrativa para que esa residencia, con una capacidad para 24 usuarios, pueda estar en funcionamiento. Los hechos investigados son previos a la pandemia, ya que en la documentación a la que ha accedido esta redacción la resolución fue notificada en octubre de 2019, aunque en el expediente final se incluyen hechos detectados en inspecciones posteriores, celebradas en febrero de 2020.

El centro está cerrado y sin actividad

Fuentes del departamento de asuntos sociales confirman que “a mediados del pasado mes de septiembre se dictó resolución del procedimiento sancionador” y que posteriormente a esa fecha “se comprobó por visita de inspección que el centro está cerrado y no tiene ninguna actividad”, aunque por el momento la residencia no ha abonado la sanción económica, según indican estas mismas fuentes. 

El instructor del expediente realiza una minuciosa descripción de las infracciones detectadas por los funcionarios y lamentan que la empresa haya persistido desde 2016 “en los mismos incumplimientos con grave menoscabo de la atención y cuidados requeridos por las personas mayores atendidas en el centro, sin que las sanciones pecuniarias impuestas hasta el momento hayan producido efecto alguno”, por lo tanto subrayan que “ha de concluirse que queda suficiente evidenciado el grado de intencionalidad que rige su conducta”.

A lo largo del texto, se enumeran varias infracciones de la ley autonómica que regula el funcionamiento de las residencias de mayores. Citando este articulado, el instructor del expediente expone que el centro no dispone “de personal suficiente” y recuerda que en una de las visitas realizadas por las inspección se constató que había “un auxiliar; una limpiadora y una cocinera” para atender a “22 usuarios, de los cuales siete son dependientes con movilidad reducida”. En este caso no se limita a remarcar el número de profesionales disponibles, también indica que el centro superó la ocupación que tenía autorizada para usuarios con problemas de movilidad, ya que solo contaba cuatro plazas “aptas” para ese tipo de usuarios. 

En relación a este asunto, se alerta también de que en una de las visitas “los residentes permanecen solos, mientras las auxiliares realizan diversas tareas en el centro”. Esa escasa supervisión vuelve a ser constatada “en el cambio de turno entre las auxiliares de la mañana y de la tarde”, momento en el que “los residentes en el salón de estar de [la] planta baja se vuelven a quedar solos, sin vigilancia”.

Otra de las infracciones señaladas se imputa por “no tener el establecimiento y el equipamiento en las condiciones debidas de mantenimiento, higiene, confort o salubridad”. “Se deshacen cuatro camas preparadas, observando que las sábanas tienen agujeros pequeños y están casi semitransparentes por el uso y que una de las mantas está deshilachada y cuarteada”, relatan los inspectores, que también se encontraron humedades y desconchones en las paredes, persianas rotas, muebles desportillados y problemas en la red de cañerías: “Cada vez que se acciona cualquier grifo de la residencia se oye un sonido muy estridente y agudo”. 

La medicación y la alimentación suministrada a los usuarios también es cuestionada por la Consejería, sus funcionarios destacan que hay medicación localizada en un armario “accesible a cualquier residente”, y alguna de ella caducada. Asimismo, detectaron que durante varios días —de lunes a jueves — se ha repetido lo programado para comer, un puré de verduras con pollo, a los dos residentes que precisan una dieta triturada. Sobre el resto del menú, constatan que el menú diario “no está supervisado por personal cualificado”. Por estos motivos, los inspectores imputan dos infracciones: “No prestar la adecuada atención en la alimentación de los usuarios” e “incumplimiento de la debida atención sanitaria y/o farmacéutica, así como de las medidas de vigilancia o cuidado especial que precise el usuario”.

Esta última falta también abarca a las sujeciones empleadas, que llegan a describir como un “riesgo”  para “la seguridad y/o salud de los usuarios”, ya que los responsables del centro no mostraron “la hoja de prescripción médica”, ni valoración de medidas alternativas, ni consentimiento informado firmado por las familias” para implantar “ninguna de estas medidas”. “Los cinturones colocados de día no están homologados, sino que son de fabricación casera, del mismo textil que las batas de las auxiliares o de tela de camiseta”, describe el instructor. 

Finalmente, los inspectores lamentan que se haya dificultado “de cualquier modo la acción del personal inspector en el desempeño de su cargo”, “impidiendo” la “comprobación del cumplimiento” de otros requisitos, “que afectan, entre otros, a la seguridad de las instalaciones y usuarios, a la plantilla y ratios de personal, a los planes de intervención de los usuarios o a las posibles reclamaciones que se hayan formulado en el centro por los familiares o los propios usuarios”. Además, destacan que la “documentación exigida por la normativa vigente en materia de servicios sociales” no ha sido presentada desde el año 2016. 

Por lo tanto, la Consejería justifica la contundencia de su sanción, ya que “la interesada ha sido reiteradamente requerida para cesar en tales conductas e informada de las consecuencias de no atender dichos requerimientos”, “sin que las sanciones pecuniarias impuestas hasta el momento hayan producido efecto alguno” sobre los gestores del centro de mayores.

elDiario.es ha tratado de contactar con los gestores del centro sin obtener respuesta.

La Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de la residencia privada de mayores Hestia (Colmenar Viejo) tras constatar “graves deficiencias de atención” que durante cuatro años se han producido “persistentemente”. Así consta en el expediente sancionador elaborado por la Consejería de Políticas Sociales, en el que se realiza una extensa descripción de las infracciones detectadas: ataduras para los residentes de elaboración casera —con telas de camisetas— sin prescripción médica, escasa supervisión de los menús, reiteración de esas comidas durante varios días, falta de personal, deficiencias en las infraestructuras, obstrucción de la labor de los inspectores, así como medicación caducada y deficientemente custodiada.

Falta de personal, medicinas y alimentación e higiene inadecuadas: Madrid multó a 20 geriátricos antes de la pandemia

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La sanción emitida asciende a 78.000 euros por la comisión de dos infracciones graves y tres muy graves, pero la Comunidad también ha tenido en cuenta “el grado de intencionalidad” y la responsabilidad administrativa tanto del director de la residencia, como de la empresa, según figura en la resolución sancionadora a la que ha accedido elDiario.es, a través del portal de transparencia de la Comunidad. Los datos recabados por esa vía también constatan que el centro de mayores ha sido sancionado previamente en varias ocasiones: en 2016 por una falta grave (6.001 euros) y en 2018 y 2019 por infracciones muy graves, asumiendo respectivamente 42.000 euros y 91.000 euros en multas.

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16 de mayo de 2021 - 21:47 h