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La concesionaria de la M-30 paga un millón de euros en sanciones por los trabajos no realizados

Túnel de la M30. Foto de archivo

Europa Press

El socio privado de Madrid Calle 30, Emesa, ha abonado ya casi un millón de euros (995.000 euros) por tres sanciones derivadas de los tres expedientes incoados y resueltos por el Consejo de Administración de Calle 30 el pasado mes de junio.

Según han confirmado fuentes municipales a Europa Press se trata de tres incumplimientos de compromisos contractuales por parte del socio privado (integrada por Ferrovial y el grupo ACS) de la empresa de gestión mixta.

Las infracciones obedecen a la falta de instalación del telecontrol de alumbrado a cielo abierto (375.000 euros), incluida en el contrato inicial, la ausencia de la red wifi en todo el anillo de Calle 30 (320.000 euros) y al no establecimiento de una red de transmisión de datos que mejoraría el sistema de gestión de las comunicaciones entre el centro de control y las instalaciones de la infraestructura (300.000), ha adelantado El Independiente.

Emesa demandó los acuerdos del Consejo de Administración sin entrar, en ningún caso, en el fondo de cada cuestión sancionada. Esta semana ha pagado un total de 995.000 euros por las infracciones cometidas.

Las tres sanciones

Una de las sanciones se debe a la falta de instalación del telecontrol de alumbrado a cielo abierto al que se comprometió Emesa y por el que ha ido cobrando desde el año 2007 con unos intereses del 5,5 por ciento.

Una segunda multa obedece a la falta de instalación de una red wifi en la totalidad del anillo de la vía, que mejoraría las comunicaciones internas al dotar de soporte de comunicación para todos los trabajadores y haría factible la mejora de las comunicaciones de usuarios.

La tercera multa corresponde a la falta de instalación de una red de transmisión de datos críticos entre los elementos de control del tráfico y el centro de control.

Según ha informado el Ayuntamiento, “tanto este compromiso como el de la red wifi derivan de prestaciones adicionales que Emesa ofertó y que fueron valorados para que la UTE resultara adjudicataria del contrato millonario que actualmente mantiene”.

Para sancionar a las empresas, se pidió primero una solicitud de información respecto a cada uno de los conceptos, después una petición de informe técnico del cumplimiento de los compromisos, y más tarde se inició eel expediente sancionador aprobado por el Consejo de Administración de Calle 30.

A continuación, se envió el pliego de cargos a Emesa para garantizar su defensa. Una vez se recibieron sus alegaciones y análisis de las mismas, se realizó una propuesta de resolución al Consejo con sanciones entre 300.000 y 375.000 euros.

“Los informes técnicos elaborados ya dejaban de manifiesto el incumplimiento ante la falta de instalación de las mejoras descritas”, sostienen desde el Consistorio, desde donde apuntan que “Madrid Calle 30 ha abonado desde el comienzo de la explotación la totalidad de la factura que le corresponde a Emesa, sin que se haya producido una reducción por las inversiones no ejecutadas hasta ahora”.

Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80 por ciento del capital, y por un socio privado, Emesa, que cuenta con el 20 por ciento restante. Se creó en 2004 y, a finales de ese año, el Pleno del Ayuntamiento acordó modificar la forma de gestión del servicio, que pasaba de directa a indirecta a través de una sociedad de economía mixta.

En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de Emesa. Tras la concesión quedó establecido el modelo económico-financiero que había que cumplir durante la vida del proyecto, hasta el año 2040.

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