Cargos de Ignacio González mediaron para que Metro pagase a una empresa contra el criterio de sus abogados

Altos cargos de la Comunidad de Madrid en el último Gobierno de Ignacio González y de Metro de Madrid mediaron para que la unión temporal de empresas Geotecnia y Cimientos SA, Europea de Ingeniería y Servicios SA e Ingerop T3 SA pudiera seguir cobrando de la empresa de transportes hasta 2015 amparada en un contrato de 24 meses adjudicado en 2008 con otra firma pública de la Comunidad de Madrid.

A través de esta sucesión de prórrogas de aquella primera adjudicación que tenía un presupuesto de 1,5 millones de euros, la UTE logró ingresar 2,4 millones de euros adicionales gracias a las 10 renovaciones aprobadas por la dirección de Metro de Madrid, que ignoró repetidamente las instrucciones de los servicios jurídicos de la empresa pública para sacar el servicio de nuevo a concurso.

El expediente administrativo que hizo posible estos pagos a la concesionaria -que recibió la adjudicación en 2008 de MINTRA, una empresa pública adscrita a la Dirección de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid extinguida en 2011- está plagado de reproches de la asesoría jurídica de Metro de Madrid para que se diese por finalizada la relación contractual y se pusiese en marcha una nueva licitación.

En esa documentación constan también las gestiones que altos cargos de Metro y de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura para lograr que la UTE pudiera seguir cobrando hasta mediados de 2015. En esa tarea se implicaron incluso el entonces director general de infraestructuras del Gobierno de Madrid, Raimundo Herráiz Romero, hoy teniente alcalde de Boadilla del Monte por el PP, y el entonces consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, ahora concejal en Alcorcón.

La correspondencia que intercambian los representantes de la UTE con las autoridades de Metro para tratar de agilizar los cobros evidencia que en ocasiones la adjudicataria encontró el amparo de altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Un ejemplo es lo que sucedió el 19 de diciembre de 2014. Un cargo de la UTE, María F. V., reenvió esa mañana a las 9:50 al entonces director general de Infraestructuras en la Comunidad de Madrid, Raimundo Herráiz Romero, un correo electrónico (que se reproduce íntegro al final de esta información) con las respuestas que le habían dado los técnicos de Metro sobre el estado de sus expedientes, los que la Asesoría Jurídica había puesto trabas para frenar el encadenamiento de contratos.

En esa misiva, la representante de la empresa explica que, según un trabajador de Metro, las facturas correspondientes a la cuarta y quinta prórroga están en el buzón de Miguel Nieto, secretario general entonces y ahora de Metro de Madrid y último responsable de la Asesoría Jurídica y del código ético de la compañía. El correo que la trabajadora de la UTE envía al director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid acaba: “Por favor, si puedes hacer algo para acelerar la aprobación, te lo agradecería”.

Cuatro minutos después de recibir el email, el responsable de Infraestructuras del Gobierno de Madrid, remitió el mismo texto al entonces consejero delegado de Metro, Ignacio González Velayos, y añadió una frase: “Me mandan esto de la USAC. Puedes interesarte por el tema?”

Al instante, González Velayos responde a su superior del Gobierno regional: “La aprobamos la semana pasada ya”.

“Volveré a la carga para la sexta prórroga”

Las instrucciones ese 19 de diciembre de 2014 siguieron cayendo en cascada hacia los mandos intermedios de Metro y esa misma tarde el responsable del Área de Obra Civil de Metro, Juan Antonio Márquez Picón, anuncia también por correo al compañero que le ha reenviado los correos: “Volveré a la carga para la sexta prórroga [...] No se ha podido dar entrada de mercancías a la de la quinta, como sabes”.

En la correspondencia interna es habitual que los trabajadores de Metro se quejen de los problemas que se encuentran “para cursar las facturas por el procedimiento normal” y de que tengan que improvisar atajos, sobre todo por culpa del sistema informático que no admite esos expedientes.

Las dos facturas -la de la quinta prórroga tenía un importe de 408.363,92. euros- y la de la sexta, como el resto, fueron abonadas por Metro de Madrid tras la intercesión del alto cargo del Gobierno regional y de la máxima autoridad de la empresa pública.

La documentación en poder de eldiario.es evidencia que las prórrogas con la empresa se pactaban de forma verbal entre Metro de Madrid y la UTE. Así figura en un documento del 13 de diciembre de 2012 en el que el entonces consejero delegado de Metro Ignacio González Velayos comunica a la adjudicataria: “Nos dirigimos a ustedes para dejar constancia documental del acuerdo verbal alcanzado con anterioridad a la fecha de vencimiento del citado contrato, celebrado entre la UTE USAC y Metro de Madrid, en el sentido de prorrogar el mismo desde el 22 de noviembre de 2012 al 21 de febrero de 2013, siendo su importe económico el que sigue: 204.181,96 euros”.

El entonces consejero delegado de Metro y hoy miembro del Gobierno del PP en Alcorcón, Ignacio González Velayos, aseguró ayer a eldiario.es que no participó en el pago de esas facturas ya que delegó su firma en otros cargos de Metro y que en el correo electrónico en el que responde al exdirector general de infraestructuras de la Comunidad de Madrid él se limita a recordar que el pago de los trabajos ya había sido aprobado por el comité de dirección de Metro.

González Velayos asegura que en dicho órgano -en el que estaba presente el actual secretario general de Metro y máximo responsable ahora y entonces de la Asesoría Jurídica- “nunca se leyeron los reparos de los abogados a este contrato”. Velayos sostiene además que, en diciembre de 2014, la Consejería de Transportes anunció un nuevo concurso para poner fin al contrato en mayo de 2015, dos años después de que los abogados de Metro empezasen a poner peros al pago de las facturas.

Por su parte, el exdirector general de Infraestructuras de Madrid, hoy edil en el Gobierno del PP en Boadilla del Monte, Raimundo Herráiz Romero, defendió ayer que su mediación para que agilizase el pago de esos trabajos se debió a que la adjudicataria “continuaba haciendo mediciones en la red viaria también para la Consejería de Transportes, al tiempo que trabajaba para Metro. Y era sensato gestionar la prórroga porque esos trabajos seguían siendo necesarios, mientras nosotros tramitábamos un nuevo contrato”.

Herráiz explica que la Consejería tardó tres años en resolver una nueva adjudicación “porque hubo un cambio de criterio sobre lo que debía puntuarse en el concurso”. Y sostiene que hasta donde él recuerda, los reproches de los abogados de Metro nunca llegaron a la Dirección General de Infraestructuras.

Un pliego de condiciones a la medida

La relación entre la UTE que encabezaba la firma de ingeniería Geotecnia y Cimientos SA con Metro de Madrid fue tan estrecha que la concesionaria llegó a enviar un propio pliego de condiciones a su medida para que los gestores del suburbano abriesen un nuevo concurso y lograr la adjudicación. Las pruebas del envío están en correos electrónicos en poder de eldiario.es que se intercambian técnicos de Metro. Finalmente, ese pliego a la medida no se utilizó y Metro de Madrid siguió prorrogando el contrato de 2008 hasta mediados de 2015 que se resolvió una nueva adjudicación convocada por la Dirección General de Infraestructuras. Desde entonces es otra empresa la que lleva a cabo la supervisión de las obras del suburbano.