La inspección laboral amenaza con sancionar a las constructoras de la M-30

La seguridad de los túneles de la M-30 está en manos de dos empresas privadas: ACS y Ferrovial, algunas de las constructoras que hicieron esta enorme obra. Los bomberos de EMESA – la sociedad formada por estas constructoras, que posee en exclusiva desde 2005 el mantenimiento de la circunvalación – son los primeros en llegar si hay un accidente, si hay que apagar un fuego o si un coche se queda sin gasolina en mitad de los túneles. Sin embargo, estos trabajadores tienen un contrato de personal de la construcción no siendo reconocida su labor como operarios de emergencias. Una inspección laboral amenaza ahora con sancionar a las constructoras si no reconocen las verdaderas tareas que desempeñan.

“Se ha destapado el servicio de emergencias que estaba encubierto”, explica en declaraciones a eldiario.es Miguel del Canto, presidente del comité de empresa y jefe de equipo en una de las bases. Del Canto lleva en EMESA doce años y como él hay otros 80 bomberos de los 270 trabajadores de la empresa, a los que pese a desempeñar labores propias de un bombero - también su vestuario es similar - se les aplica el convenio colectivo de la construcción de Madrid porque en su contrato figuran como oficiales de segunda.

Sus condiciones laborales, por tanto, no contemplan los riesgos del trabajo que realizan aunque desempeñan un catálogo de emergencias que maneja mensualmente 250 incidencias. “En emergencias de tipo incendios el tiempo de respuesta es de 6 minutos”, explica Del Canto. “Llegamos siempre mucho antes que los bomberos municipales”.

Estos trabajadores llevan más de diez años reclamando que se les reconozca como personal de emergencias. Ahora una inspección laboral les ha dado la razón. En el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, EMESA insiste en que “este colectivo no lleva a cabo tareas de extinción de incendios, que su labor es más bien la de adoptar las medidas previas (señalización, corte de circulación) y esperar la llegada de los bomberos”. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha constatado durante su inspección que los trabajadores realizan, entre otras, labores de extinción de incendios.

Los inspectores mencionan hasta cinco incidencias que demuestran que sus trabajos son los de personal de intervención y no de construcción. Concretamente, la resolución hace alusión a una intervención del 20 de diciembre de 2018. “Se comprueba la producción de un incendio en el interior de un túnel de la M-30 por fuego en un vehículo, que progresa en pocos minutos produciendo una nube de humo y se visiona con nitidez la llegada del personal de EMESA con equipos de protección individual y con vehículos de intervención los cuales extinguen el fuego, finalizando la actuación sin intervención de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid”. El informe añade que una evaluación de riesgos de la empresa “no recoge los trabajos de extinción de incendios en el interior de los túneles” y esto denota “una inconcreción” en dicha evaluación.

Además, en un manual elaborado por la empresa se recogen los riesgos propios de la explotación de los túneles de estos trabajadores, entre los que están “fuego en vehículos” de todo tipo de vehículos en el interior de los túneles o “accidentes graves con implicación de sustancias peligrosas con derrame, fuga, incendio o explosión”.

“Por todo lo anterior se concluye la existencia de graves deficiencias en la evaluación de riesgos del puesto de agente de intervención”, determina la inspección. “Se requiere a la empresa que en el plazo de dos meses desde la recepción de este requerimiento [....] la evaluación del puesto de agente de intervención. La nueva evaluación ha de contener las distintas tareas, funciones y riesgos a los que están sometidos, en especial en las tareas de extinción de incendios en el interior de los túneles y determinar por cada riesgo el tipo la medida correctora necesaria, articulándose procedimientos de trabajo seguros por cada intervención que deberán contenerse en la planificación preventiva”, añade la resolución.

De no atender a los requerimientos, el Ministerio de trabajo valorará de “carácter grave” el incumplimiento, y podrá sancionar económicamente a las constructoras por importe de entre 2.046 y 40.985 euros, agravada en el caso de que la resolución no sea atendida.

“Es un gran logro porque pone de manifiesto que se ha vendido un trabajo de emergencias a una constructora”, valora el presidente del comité de empresa, Miguel del Canto. Ahora el Ministerio está diciendo que actúa de oficio, es un paso gigante, nos ha costado diez años“. Respecto a lo que supone esta resolución, Del Canto explica que ”cambiará el nombre y las condiciones propias, como el horario, pero el trabajo será el mismo“, además de tratarse de ”un reconocimiento que tendrá que hacer la empresa pero también el Ayuntamiento de Madrid“.

Desde el Consistorio de la Capital gobernado por Manuela Carmena aseguran que son “conscientes de la existencia de un problema laboral que afecta a los trabajadores de EMESA”. “Se está trabajando desde hace mucho tiempo para solucionarlo mediante encuentros con la empresa y los sindicatos de trabajadores”, añaden, sin querer hacer ninguna valoración más. Las empresas no han respondido a este medio.

El comité de empresa se muestra satisfecho con el apoyo recibido por el equipo de Gobierno de Ahora Madrid, “muy diferente”, dicen, al que tuvieron con los ejecutivos anteriores del PP. “Se han implicado. Antiguamente habíamos pasado por el rodillo de la administración. Desde que está Ahora Madrid han llegado a hacerse cargo de que el servicio debe entrar a formar parte de calle 30”.

También desde el PSOE reclaman que pasen a ser trabajadores municipales por las labores que desempeñan. Según reconocen los bomberos, pasar a ser trabajadores de la empresa semipública que comparte el Consistorio con las constructoras es su objetivo.

Los beneficios de EMESA por tener el servicio

EMESA es socia del Ayuntamiento de Madrid en la empresa semipública, Madrid Calle 30, que vela por el mantenimiento de la circunvalación. Fue el modelo escogido para gestionar la vía por Alberto Ruiz Gallardón cuando la soterró. La Comisión de Investigación municipal y la Cámara de Cuentas determinaron que se trataba de un modelo lesivo para los intereses económicos del Consistorio.

La única fuente de ingresos de la sociedad entre EMESA y el Ayuntamiento es el propio Consistorio, que asume en exclusiva el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento de la vía.

Madrid Calle 30 está participada al 80% por el Ayuntamiento de Madrid y al 20% por EMESA. Al contrario que en otras sociedades mercantiles, donde en función de los resultados de la empresa y su buen o mal hacer los dividendos ascienden o descienden, en Calle 30 la cifra a repartir en dividendos es fija y garantizada por la propia Administración. Viene determinada por el modelo económico financiero firmado entre Gallardón y las constructoras para asegurar que EMESA tenga durante todo el contrato una rentabilidad de la inversión inicial que realizó del 7,053%, según detalló la Cámara de Cuentas en un informe. En total, 15 millones de euros.

Para que las constructoras obtengan los beneficios pactados, el Ayuntamiento de Madrid debe abonar en torno 140 millones de euros anuales a Calle 30: el 75% del presupuesto de 2018 para mantenimiento de vías y el 70% del de 2019.

Pero además las constructoras que tienen encomendado en exclusiva el mantenimiento de la vía gracias a este acuerdo societario con el Ayuntamiento, también obtienen otros beneficios económicos de ese contrato de reparación de las vías. El pago de nóminas de personal de Madrid Calle 30, las facturas de luz y agua, que ascienden a casi 6 millones de euros anuales, y el mantenimiento de la circunvalación le cuestan al consistorio 40 millones al año. De estos, en torno a 28 millones son puramente para mantener la circunvalación. Y es EMESA quien recibe en exclusiva ese dinero, del cual un tercio son beneficios, como se desprende del dictamen de la comisión de investigación de Madrid Calle 30 del Ayuntamiento de Madrid y de su propio plan económico.