Comisionado para el cambio climático en Madrid: cuatro directores en dos años en un puesto de 93.000 euros y sin personal
Tercer cese en menos de dos años. El Comisionado para la lucha contra el Cambio Climático de la Comunidad de Madrid acumula responsables que están de paso en el puesto. El cargo, elegido a dedo, se remunera con más de 93.000 euros anuales pero no tiene equipo ni presupuesto propio.
La última en marcharse ha sido Susana Magro, que ha estado poco más de medio año. Fue nombrada tras la moción de censura a Mariano Rajoy porque el que era su puesto como gerente de Obras de Madrid S.A. tenía que quedarse vacante para hacer hueco a una protegida de Ana Pastor. Entonces, la recolocaron al frente Cambio Climático.
Magro trabajará ahora como directora general de Prevención y Calidad Ambiental en el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía. Ella, al contrario que otros responsables anteriores, sí tenía experiencia en la materia. Fue Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático con el Gobierno de Rajoy y también formó parte de la Consejería de Medio Ambiente cuando Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Consejería de Medio Ambiente destaca en su historial de actividades la visita a la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) en diciembre, “la colaboración en el Plan Emite Cero” para renovar coches por otros menos contaminantes y “en la Mesa del Vehículo Eléctrico”, que ya impulsó el primer comisionado, además del “análisis para la implementación de los 17 ODS en la Comunidad de Madrid”.
Magro se dedicó a esto en seis meses, que se revelan como un largo periodo si se compara con el tiempo que duró en el cargo el anterior responsable de las políticas contra el cambio climático de la Comunidad de Madrid: una semana.
Arturo González Cardialliaguet se oficializó como comisionado el 13 de junio de 2018 y cesó el 20. Es hijo del nuevo tesorero del Partido Popular, Sebastián González Vázquez, y sus conocimientos sobre la materia son desconocidos pero lleva años de asesor en la Consejería. Ahora, además, forma parte del Centro de Asuntos Taurinos y en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid figura como asesor de la Federación de Homologación de Trofeos de Caza.
El primer comisionado, Mariano González, corrió menos suerte porque no tenía padrinos en el PP. Era director general de Medio Ambiente pero fue apartado del puesto y estrenó el nuevo cargo “como premio de consolación”, según fuentes cercanas al responsable en marzo de 2017. A la dirección general entró en su lugar Diego Sanjuanbenito, uno de los condenados por el Tribunal de Cuentas por la venta de viviendas públicas de la EMVS a un fondo buitre en 2013 que ahora es viceconsejero de Sanidad.
El mismo González denunció en una conversación con eldiario.es, cuando aún era comisionado, que había pedido una “mínima estructura” para poder trabajar: no tenía ningún técnico a su cargo ni tampoco presupuesto propio. Pese a que, según su testimonio, envió escritos a la Consejería para pedir un equipo, eso nunca se concedió: “Soy como un vendedor solitario que hace sus labores de evangelización por todas partes. Me apasiona el tema y me lo creo, pero soy consciente de que con más podríamos hacer más”.
Un puesto estético para la oposición
La oposición ha criticado en diversas ocasiones la creación de este puesto por ser más estético que útil. De hecho, su nacimiento se ha anunciado dos veces: la primera en marzo de 2017 y la segunda en junio de 2018, cuando se le incorporó una nueva función: velar por el cumplimiento de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
“Lo único que han hecho este tiempo ha sido crear un comisionado sin medios materiales ni personales cuya única función es reunirse con unos y otros pero sin capacidad ejecutiva ni negociadora”, critica el diputado de Equo (Podemos), Alejandro Sánchez, que ve en los constantes cambios de responsable una muestra de “la total falta de compromiso del PP por este tema”. Rafael Gómez Montoya, del PSOE, considera que “sin presupuesto no hay mucho que hacer”.
Entre las competencias de este comisionado está la “coordinación de las actuaciones de las diferentes consejerías en la lucha contra el cambio climático”, “representar a la Comunidad de Madrid sobre la materia” e “impulsar y participar en la revisión de la Estrategia regional sobre Calidad del Aire y Cambio Climático”.
El acuerdo de investidura con Ciudadanos incluía la revisión de esta estrategia pero cuatro años después no se ha llevado a cabo, pese a las sucesivas promesas primero de Cristina Cifuentes y después de Ángel Garrido. El documento tiene vigencia hasta 2020 pero ha sido señalado por la oposición como un plan con “unos objetivos de reducciones ridículos que se cumplieron un año después de aprobarlo”. “Pero por la crisis y la caída del consumo”, matiza Sánchez, de Podemos.
La Comunidad de Madrid, muy dura con las medidas de restricción del tráfico en el centro de Madrid impulsadas por el Gobierno de Manuela Carmena, defiende que la calidad del aire en la región había mejorado entre 2011 y 2018. La curva de mejora no solo se limitó a la Comunidad de Madrid, sino que fue general
Las expertas consultadas explican que en una buena parte la curva de mejora se debe a los años de crisis. A nivel nacional, las emisiones se redujeron desde 2008 hasta 2014, cuando comenzó de nuevo la escalada. Los propios datos de la Red de Calidad del Aire de la región, formada por 24 medidores, también revelan la misma tendencia: Coslada, Getafe y Leganés, tres grandes municipios con una población total de casi 500.000 habitantes, redujeron desde 2012 la acumulación de dióxido de nitrógeno, un gas perjudicial para las vías respiratorias procedente, sobre todo, de la combustión de vehículos. Pero las cifras han vuelto a crecer a partir de 2015 y hoy superan los máximos permitidos por la Unión Europea.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid sí presentó un protocolo anticontaminación para cumplir con una directiva europea que obliga a los núcleos de más de 100.000 habitantes a adoptar planes para no saltarse los objetivos de calidad del aire. El plan se vendió como un marco de referencia, un “documento de mínimos” para las localidades pero incluye algunas medidas a nivel regional como la limitación de la velocidad de la M-40, M-45 y M-50 y otras autopistas y autovías dentro del anillo de la M-50 si se detectaban altos niveles de dióxido de nitrógeno.
Estas restricciones nunca se han activado y la aplicación se antoja confusa: ¿las limitaciones desde dónde y hasta dónde se aplican? ¿Son supramunicipales si los protocolos de referencia son locales? Justo el mismo día que Cifuentes aprobó en Consejo de Gobierno el protocolo, se registraron en Getafe altos valores de dióxido de nitrógeno en una estación que no habrían sido suficientes, si el plan ya hubiera entrado en vigor, para activar las medidas restrictivas porque al menos dos estaciones de la zona deben registrar estos picos. Y solo fue una. Un año y dos meses después de su entrada en vigor, la Consejería de Medio Ambiente dice que no ha hecho ningún balance de la medida.
Estas actuaciones contrastan con las emprendidas por otras comunidades autónomas, dentro de su competencia regional. El Parlament balear, por ejemplo, ha aprobado esta semana la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una norma pionera que prohíbe la circulación de los vehículos diésel por el archipiélago desde 2025 y los de gasolina a partir de 2035. La ley también restringe la entrada de coches a la isla de Formentera.
