'Caso mascarillas'

Más Madrid pide al juez que impute al gerente de la funeraria por un posible delito de falsedad documental

Más Madrid ha presentado este martes dos escritos ante el juzgado que investiga el 'caso mascarillas' en los que solicita al magistrado que llame a declarar a Fernando Sánchez González, el gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, a través de la que se gestionó la compra de material sanitario, por un posible delito de falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia en la investigación. La formación también pide al juez que ordene el embargo preventivo de los bienes de Alberto Luceño, el comisionista que se llevó cinco millones de euros de tres contratos por valor de 11,9 millones de euros.

En el escrito por el que pide que se llame a declarar al gerente de la funeraria, la empresa a través de la que se gestionaron los contratos que se investigan, el grupo municipal señala que parte de la documentación remitida a la Fiscalía por esta empresa pública no son “copias idénticas” de la que envió el Ayuntamiento de Madrid, cuando “deberían ser exactamente iguales pues están incorporadas a un expediente administrativo electrónico en el que debe garantizarse su integridad e inmutabilidad”.

Pese a que fue el consistorio quien remitió los documentos cuatro meses después que la funeraria y a quien señala Más Madrid en su escrito de forma “indudable”, la acusación popular que ejerce el grupo municipal pide al juez que llame a declarar como investigado al gerente de la empresa pública.

La Fiscalía solicitó el 26 de noviembre de 2020 al representante legal de la funeraria documentación relacionada con los contratos que se investigan y por los que Alberto Luceño y Luis Medina cobraron 11,9 millones, de los que se embolsaron seis en comisiones y destinaron otros 5,9 a la compra de material sanitario de mala calidad o por encima del precio de mercado, tras la intermediación de un familiar del alcalde, José Luis Martínez Almeida, que les puso en contacto con el consistorio.

El 21 de diciembre, la empresa municipal entregó al Ministerio Público las cartas de encargo de la contratación de las mascarillas y los guantes, fechadas el 25 de marzo de 2020, según el escrito remitido por Más Madrid. Las cartas aportadas por la funeraria están firmada electrónicamente por Sánchez González el 29 de marzo de ese año. Es decir, una vez realizados dos de los tres pagos comprometidos.

Se sustituye la firma electrónica

Sin embargo, las cartas de encargo de las mascarillas y los guantes que presenta ante la Fiscalía la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid el 5 de abril de 2021 no son idénticas a las que envió la funeraria cuatro meses antes, pese a que se trata de los mismos contratos. En las que se envían desde el Consistorio se sustituye la firma electrónica, en la que consta la fecha en la que se realiza, por una manuscrita, de la que es imposible conocer cuándo se rubrica, además de otros cambios sustanciales.

En diciembre, además de esos documentos, la empresa municipal adjuntó los contratos de las mascarillas y los guantes que están firmados electrónicamente por la concejal Inmaculada Sanz Otero, con fecha de 26 de marzo de 2020.  Es aquí donde se recoge la cantidad e importe de los mismos. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento de Madrid, que se ha comprometido a colaborar con la Justicia en este caso y ejerce la acusación, entrega la documentación en abril, no presenta estos contrato y, según indica Más Madrid, “se reconstruye la carta de encargo original”, en ambos casos, incluyendo la cantidad y el importe.

Lo que desaparece de la documentación que entrega el Ayuntamiento es el nombre de Sanz Otero. “Posiblemente, estas modificaciones a posteriori se hicieron para hacer desaparecer u ocultar cualquier vinculación del cargo político con los actos administrativos dictados. Esto obligó a ”rehacer“ las cartas de encargo originales, ya que en ellas –salvo en el caso de los test– no aparecía cantidad ni importe toda vez que se incluían en los contratos adjudicados. Presumiblemente, y al objeto de que todas ellas aparecieran firmadas el día 25 de marzo, se suscribieron con firma manuscrita exclusivamente obviando la firma electrónica dado que ésta no puede antedatarse”, sospecha el grupo municipal de Más Madrid.

En el caso de la contratación de los test, indica el escrito remitido por Más Madrid al juzgado, la carta de encargo que aporta la funeraria no está firmada electrónicamente, lo que impide garantizar que la fecha que consta –el 25 de marzo de 2020–, es realmente la fecha en la que se firmó. Lo que sí está firmado electrónicamente por la concejal Sanz Otero es el contrato que adjuntó la empresa municipal, el 7 de abril de 2020. El día antes se había realizado el tercer pago y al día siguiente, la funcionaria y alto cargo del Ayuntamiento Elena Collado le escribía por whatsapp a Luceño: “Nos han estafado, seguro”.

Cuando el consistorio remite a la Fiscalía la documentación de esa compra, ocurre lo mismo que con la de las mascarillas y los guantes: no presenta el contrato, incluye la información que debía aparecer en él en la carta de entrega, desaparece el nombre de Sanz Otero y se sustituyen las firmas electrónicas por unas manuscritas, advierte Más Madrid.

En el escrito remitido al juzgado para ampliar el objeto de la instrucción contra el gerente de la empresa funeraria, Fernando Sánchez González, Más Madrid concluye que “las cartas remitidas a Fiscalía por el Ayuntamiento no son ”copias auténticas“ de las remitidas por la EMSFM, al carecer los requisitos exigidos por el artículo 27 de dicha norma procedimental”. Se refiere a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que indica cómo proceder para que las distintas copias de un mismo documento sean idénticas y garantizar la “integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma”.

Con todo, Más Madrid considera “indudable” que “la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, probablemente sin saber que las cartas ya habían sido remitidas por la EMSFM, remite a la Fiscalía unas cartas de encargo reconstruidas, que divergen de las presentadas por la EMSFM meses antes, lo que puede constituir un delito de falsedad en documento público, agravado por le hecho de dificultar la investigación en curso de la Fiscalía”.

Embargo a Luceño

En el caso de la petición de embargo preventivo sobre los bienes de Luceño, el grupo municipal de Más Madrid reclama que se averigüe su patrimonio real y se proceda a su embargo de cara a cubrir posibles responsabilidades civiles. En una providencia dictada este mismo martes, el magistrado del 'caso mascarillas' ha comunicado a las partes que los bienes que se le han incautado no llegan a cubrir la cantidad que Anticorrupción ha pedido para él, que corresponde a la comisión de cinco millones más un tercio de la misma.

En concreto, el comisionista tiene unos 128.000 euros, de los cinco millones y medio que la Fiscalía pide que se le bloqueen para asegurar que pueda hacer frente a una hipotética multa. En ese escrito, el magistrado da a las partes un plazo de cinco días para que propongan nuevas medidas cautelares de carácter económico para garantizar que Luceño pueda responder en caso de multa, que es lo que ha hecho ahora Más Madrid.