La empresa de Ulibarri alarga la gestión de una residencia en Madrid mientras la Comunidad pleitea para que no acceda a más contratos públicos

“Es un poco más de castigo, pero pensamos que el final de Aralia en esta residencia está en curso. Es cuestión de esperar un poco más”, se consuela Carlos Álvarez, portavoz de la asociación de familiares de la residencia de mayores Ensanche de Vallecas. La filial sociosanitaria de la empresa del constructor José Luis Ulibarri, Aralia Servicios Sociosanitarios S.A –gestionada por sus hijos y su yerno– se queda unos meses más al frente de este centro, pese a que su contrato oficialmente terminaba el 30 de junio y a que tiene un proceso abierto por la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid por “incumplimientos graves”.

El departamento que dirige Alberto Reyero (Ciudadanos) dentro del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso inició en febrero el procedimiento para anular las concesiones de Aralia en tres residencias (Ensanche de Vallecas, Parque de Los Frailes y Peñuelas) y prohibirle contratar con la administración pública por tres años pero aún no se ha resuelto. Los plazos se han retrasado con la COVID-19.

La Consejería explica que la ampliación del contrato significa que la administración pagará puntualmente al mes a la empresa, fuera de la relación contractual que ya ha expirado, hasta que se publiquen unos nuevos pliegos de contratación para la residencia y se subaste el servicio. Y la empresa, con la que ha contactado eldiario.es, alega que ha aceptado esta fórmula para “evitar perjudicar a tan sensibles usuarios”. Fuentes de la compañía resaltan el “esfuerzo realizado por ambas partes para no dejar de atender lo que de verdad importa” y aseguran que la Consejería les ha “felicitado” por el desempeño.

Mientras, las familias de los usuarios denuncian que la adjudicataria “no se cansa de hacer tropelías”. La última: utilizar a modo de mampara de separación unos cartones sujetos a un ladrillo y colocados encima de las mesas de comer para garantizar la distancia entre los usuarios y evitar contagios. La empresa lo niega. Antes había repartido entre las trabajadoras mascarillas de tela que se lavan cada día y que Aralia asegura que son “homologadas”. Varias empleadas firmaron un documento que ponía por escrito que no estaban conforme con ese material de protección, según el testimonio de una de ellas.

“Por poner otro ejemplo, una familiar pidió autorización a Comunidad de Madrid para que entrara en la residencia un fisioterapeuta contratado por ella misma para atender a su madre, que ha empeorado mucho durante la pandemia, y al tercer día el centro le ha impedido continuar 'por protocolo'”, relata Álvarez. “El fisio que hay en el centro está desbordado y asumiendo otras tareas administrativas”, contextualiza a renglón seguido. En la residencia han fallecido, según datos que manejan las asociaciones, un tercio de los usuarios desde marzo.

El Gobierno regional ha multado a esta residencia por incumplir los pliegos del contrato (penalidades) al menos en tres ocasiones desde 2015, según datos aportados por la Consejería. La empresa tiene otro expediente en trámite por incumplir la ley. Hace cinco años, alegó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para ahorrarse una de las multas por incumplimientos de “especial gravedad”, que tener el baño “muy sucio”, al suelo de la cocina con “dejadez absoluta” o la sala de estancia del centro de día con “esputos de los usuarios” no eran elementos con “entidad suficiente para ser considerados incumplimientos contractuales”, según publicó InfoLibre.

Los datos dan cuenta de que la gestión de Aralia ha generado problemas a la Comunidad de Madrid en los últimos años. El consejero de Políticas Sociales prometió en 2019, a su llegada al cargo, mano dura con las empresas que escatimaban en cuidados de los mayores. Puso sanciones y anunció una medida de castigo inédita: rescindir los contratos con la empresa de Ulibarri -fundada en 1993 por el constructor imputado en la Gürtel, la Púnica y Enredadera- tras constatar que había subcontratado a trabajadores en las vacaciones de Navidad, algo expresamente prohibido. La compañía factura anualmente unos 15 millones de euros de la Comunidad de Madrid por gestionar las residencias.

Temor a que vuelvan a concursar

Sin embargo, el proceso para anular las concesiones lleva meses retrasándose. La decisión depende del dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, según fuentes de Políticas Sociales, que todavía no se ha pronunciado. Tiene que revisar las alegaciones de Aralia. “Estamos convencidos de que sin duda las autoridades someterán al necesario análisis jurídico y acreditaremos que tales infracciones no tuvieron lugar. Nuestra buena fe, y el hecho de colaborar en momentos tan complejos como estos, entendemos que son muestra de nuestro compromiso y sentido de la responsabilidad”, aseguran fuentes de la empresa.

La Comisión Jurídica, que sustituye al Consejo Consultivo, debe pronunciarse sobre las consultas en un plazo máximo de un mes, según las normas de funcionamiento. Si no lo hace, a los tres meses decae la petición. En este caso, este plazo ha sido más que superado por la paralización administrativa que ha provocado la epidemia.

Lo que temen las familias de los residentes es que los nuevos pliegos para sacar a concurso la gestión de la residencia se publiquen antes de que llegue la esperada rescisión del contrato. Porque entonces Aralia podría volver a concursar y, si reúne las condiciones, ganar. Así lo confirman también fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, que avanzan a este medio que, para evitar que se produzcan situaciones como la actual, se va a aumentar en un 10% el precio de licitación de base -aunque no será un precio cerrado- y se establecerán mecanismos para evitar las bajas temerarias (pujas a la baja que ponen en peligro el servicio), como se han producido hasta ahora con estos contratos, cuya configuración permite a las empresas maximizar beneficios.

De Aralia dependen actualmente cuatro residencias de la red pública de la Comunidad de Madrid, financiadas a cargo de los presupuestos regionales. El contrato de Ensanche de Vallecas ha sido el primero en expirar, sin posibilidad de prórroga reglada, pero el Parque de los Frailes (Leganés) está también a las puertas. Termina en octubre y se verá con el mismo problema, si los procesos no avanzan. Con Peñuelas, la más sancionada de Aralia (hasta 22.000 euros por faltas graves) y ubicada en el distrito de Arganzuela, la empresa tiene mucho más margen: la Consejería de Políticas Sociales firmó un nuevo contrato para este centro en septiembre de 2019, nada más llegar Reyero a este departamento.