Marea de togas en Recoletos en Defensa de la Justicia Gratuita

Esta mañana , a las 11:30 horas, el Paseo de Recoletos era invadido por una marea de togas negras que, a pesar del intenso calor estival, no quisieron faltar a la cita del Consejo General de la Abogacía Española en Defensa de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Una jornada reivindicativa con la que piden al Gobierno que de marcha atrás al proyecto de Ley de Justicia Gratuita.

Al grito de «Gallardón, dimisión» y «No a las tasas, Gallardón a su casa» centenares de abogados ataviados con su indumentaria de trabajo y llegados de toda la geografía española han marchado, en filas de tres en tres, desde la sede del Consejo General de la Abogacía Española en dirección a Cibeles para defender el servicio público de asistencia jurídica gratuita y advertir a todos los ciudadanos que la reforma propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, «sólo va a provocar perjuicios para los ciudadanos y entorpecer y estropear un servicio público ejemplar prestado por los abogados y sus Colegios».

Una vez en la carpa central instalada en el bulevar de Recoletos (en la que podrán firmar los ciudadanos hasta las 19:00 horas de hoy y donde se puede leer 'Ciudadano, la justicia gratuita te saldrá muy cara') el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha sido el encargado de leer el Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita que posteriormente han firmado todos los decanos para remitirlo al Gobierno y al Congreso de los Diputados.

Durante su discurso, Carnicer ha manifestado que todos los convocantes quieren «expresar a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores que rechazamos la regularización que se pretende hacer del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita».Y que su responsabilidad es «defender el derecho de defensa que encarna el modelo de abogado de oficio, libre e independiente e imprescindible para el Turno de Oficio y la Justicia Gratuita».

Carnicer se ha preguntado a dónde ha ido a parar la recaudación generada por las tasas, que según el Gobierno se destinaría a financiar la justicia gratuita, y ha negado rotundamente que, tal y como ha afirmado Gallardón en entrevista a RNE, su movilización se deba a que la nueva ley no incorpora una subida de sus retribuciones. «Hay una verdadera campaña de intoxicación sobre destino de nueva leyes, vamos a combatir las que pensamos que son materialmente injustas“, ha añadido.

«El Turno de Oficio y la Justicia Gratuita son una parte esencial del sistema constitucional de Justicia y debemos defenderlo frente a quienes pretende perjudicarlo de cualquier forma. Pero, en tan desigual pelea, la Abogacía no puede estar sola», ha explicado Carnicer.

«Desde la permanente voluntad de diálogo, estamos dispuestos a seguir hasta el final en esta batalla», ha dicho con rotundidad y ha recordado que el impulso de la Abogacía que ha dado importantes logros en la asistencia a los detenidos, los inmigrantes, los menores, discapacitados o víctimas de la violencia doméstica y de género.

Un servicio público modélico en peligro

La actitud dialogante del colectivo con el Ministerio de Justicia ha conseguido algunos cambios importantes en el proyecto de Ley, pero consideran que aún siguen siendo insuficientes y algunos aspectos que, si no se cambian, «pondrán en riesgo un servicio público modélico prestado por 83 Colegios de Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, cuyo presupuesto se ha reducido 42 millones de euros los últimos cuatro años, fundamentalmente a base de rebajar de forma sustancial los baremos que cobran los abogados de Oficio».

En el Proyecto de Ley hay temas nucleares que «perjudican al justiciable: no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, desconfía y sospecha de los ciudadanos, menosprecia la labor de los abogados del Turno de Oficio al no garantizar un pago digno y puntual por sus actuaciones, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza», denuncian.

La delicada situación de los abogados de oficio

Con una media de 43 años de edad y una experiencia contrastada, los abogados de oficio «ofrecen una defensa especializada las 24 horas al día durante todo el año a las personas con insuficientes recursos para litigar», explicó Carnicer. Trabajos por los que llegan a cobrar dos euros la hora y, en ocasiones, muchos no reciben ninguna remuneración.

Una precaria situación laboral que no mejorará con el nuevo texto, pues no se garantiza un pago «digno y puntual» y no incluye la gratuidad de prestaciones básicas como la asistencia a presos condenados, el asesoramiento previo al proceso judicial o la designación de abogados para la acusación particular, sin contar con la burocratización de la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita.

El colectivo denuncia que el abogado debe seguir teniendo su despacho abierto en el colegio al que se halla adscrito mientras que el texto del Ministerio obliga a un abogado del Turno de Oficio a trasladarse en tres horas hasta la localidad en la que se ubique su cliente, aunque se encuentre en la otra punta de España. Además, impone trabas a las personas desfavorecidas que solicitan más de tres veces al año justicia gratuita.

En este sentido, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha advertido de que la reforma de Gallardón “disuade” al ciudadano de solicitar la justicia gratuita por los obstáculos que tiene que sortear. «Va a tender a no pedirlo, porque tiene que irse muy lejos, reiterarlo 80 veces», ha añadido.

«Pasa de ser un servicio público a uno semipúblico porque depende de las tasas judiciales y no se garantiza una financiación suficiente y pública para cubrir esa demanda, que es el derecho básico y fundamental por el que se hacen valer todos los demás derechos», ha denunciado Gumpert.

Por su parte, Miquel Sámper, presidente del Colegio de Abogados de Cataluña, ha explicado que «el proyecto de justicia gratuita, que modifica la actual norma de 1996, es otra barrera más que se suma a las tasas judiciales y a la reforma del mapa judicial que residencia los tribunales de instancia en las capitales de provincia» y que, en conjunto, «se carga por completo el Estado de Derecho e impiden el acceso a la justicia».

A su juicio, las tasas son una barrera económica para las clases medias, «que pueden llegar a pagar 10.000 euros en primera instancia y 800 euros más una parte variable en segunda»; que se suman a la barrera territorial derivada de la reforma de demarcación y planta y, ahora, a la barrera de la justicia gratuita.

Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita

Manifiesto en Defensa de la Justicia Gratuita

Discurso de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Discurso de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española