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Refundación regional o reafirmación provincial: 30 años de autonomía en Castilla y León

Pleno de las Cortes de Castilla y León, que este año han celebrado su 30 aniversario.

En medio de esta crisis sin fin, celebramos con demasiada complacencia tres décadas de autonomía regional.  En febrero de 1983 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Previamente se vivió una etapa preautonómica y de transición en la que las provincias de Burgos, de Segovia, y particularmente la de León, pusieron trabas o dudas a su inserción en la región. Burgos se acalló pronto con el disfrute de la sede preautonómica y con promesas varias; Segovia entró en el redil de UCD y también desistió; León resistió algo más, y de algún modo sigue incomoda en el marco delimitado. Según nos recuerda con cierta ironía el incombustible Rodolfo Martín Villa, a punto estuvo León de quedar ligada al Principado de Asturias, configurándose de haber sido así las raíces transmontanas y cismontanas del viejo reino asturleonés.

Con motivo de esta efeméride, 25 de febrero de 2013, se ha escrito en los medios regionales más de un panegírico a nuestra autonomía y autogobierno. Predominan las glosas acerca de los avances regionales y de las virtudes del modelo consagrado en nuestra Constitución. Faltaría más que en treinta años no hubieran mejorado algunas infraestructuras y servicios. Otras, como las tramas de nuestro tejido ferroviario histórico, rápidamente se arruinaron, sin ninguna alternativa regional. He leído con sumo interés las declaraciones del expresidente Rodríguez Zapatero o del presidente del Congreso, Jesús Posada, que ocupó la Presidencia de Castilla y León allá por el año 1989. Ambos apenas aportan los consabidos mensajes de compromiso, al decirnos que estamos ante una “comunidad grande, abierta y diversa” (Rodríguez Zapatero) y que “se han puesto las bases de esta gran comunidad para abordar el futuro con optimismo”(Posada). ¡Qué lejos están de la realidad! Aunque mencionan las difíciles circunstancias actuales, no muestran, al igual que las sucesivos dirigentes que han participado a lo largo de VIII legislaturas, ninguna autocrítica a la situación de la región, a los desastres financieros y económicos en los que han estado implicadas nuestras autoridades pasadas y actuales, a la nefasta gestión de los Fondos Europeos, a la privatización o “externalización” de los servicios sanitarios y ¡también de la sanidad animal!, ni mucho menos se detienen en la honda crisis demográfica que venimos padeciendo, incluidas ahora unas elevadas cifras de paro. Unos y otros nada dicen ni denuncian las graves consecuencias que se derivan de l a Le y de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y del Anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León, pues vendrán a reforzar las funciones y competencias de las Diputaciones Provinciales, en clara contradicción  con el espíritu autonómico, y traerán consigo la desaparición de las bases locales actuales, a lo que acertadamente se ha llamado “un genocidio administrativo”.

Por supuesto, nadie ha recordado estos días el efímero paso de José María Aznar por esta comunidad. Aquí apuntaló su carrera política y aquí comenzaron algunos de los enredos que estamos viviendo, pues cada día vemos cómo saltan nombres y escándalos de políticos que estuvieron acunados y mecidos por las aguas del Pisuerga y por las oligarquías locales. Atrás quedó el proyecto entusiasta de Demetrio Madrid que, visto lo visto, podemos considerar que dimitió gallardamente por un quítame allá esas pajas.

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Apoyo, en teoría y en consenso, de Castilla y León a su minería

Concentración de mineros, reclamando el pago de las nóminas.

La teoría ya está impartida: las Cortes de Castilla y León han aprobado exigir al Gobierno de esta Comunidad autónoma y del Estado medidas que apoyen su minería. Ahora sólo faltan realidades y que la exigencia, a la que se ha llegado con el consenso de los partidos políticos con representación regional –PP, PSOE, IU y Unión del Pueblo Leonés (UPL)-, sea efectiva y real, como una esperanza para las cuencas mineras.

En el pleno de las Cortes de Castilla y León, en su jornada de ayer, el PSOE fue el que lanzó la propuesta y rápidamente se sumaron el Grupo Mixto (IU y UPL) y el PP. Este consenso pretende impulsar el abono de las deudas contraídas con los mineros y defender el carbón más allá de 2018.

La procuradora del PSOE en las Cortes regionales, Ángeles Marqués, fue la más contundente, ya que dijo que las cuencas mineras de España “se mueren y agonizan por un Gobierno sordo a la desesperación”. Este argumento fue el utilizado para pedir que la Junta de Castilla y León sea reivindicativo ante el Gobierno de Mariano Rajoy y defienda los intereses de la minería de esta región.

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Las tasas ripiosas

Concentración de abogados en Madrid, en contra de la Ley de Tasas.

Aquella mañana le entregué a mi cliente la sentencia de su divorcio de mutuo acuerdo que acababa de dictar el Juzgado. Como su contenido no le deparaba ninguna sorpresa, su preocupación era otra. " Mire usted; que estaba yo pensando que como el señor ministro de Justicia ha modificado las tasas de los juicios, supongo que me devolverán los 600 euros que en el mes de diciembre mi esposa –bueno, ya no lo es- y servidor tuvimos que apoquinar para poder divorciarnos de mutuo acuerdo".

Aunque la mirada de mi cliente era sincera, por un momento tuve la impresión de que me lo estaba diciendo con sorna. Pero como la prudencia profesional aconseja ser cauto, mi respuesta fue: " Lamento decirle que no podremos reclamar los 600 euros que ingresaron en Hacienda porque la modificación que el Consejo se Ministros aprobó el pasado 22 de febrero no tiene efectos retroactivos para los divorcios de mutuo acuerdo". El cliente no preguntó más sobre la cuestión, recogió sus papeles y abandonó el despacho. Sin embargo, mi respuesta no pareció convencerle demasiado. A mi tampoco, la verdad; estas cosas le dejan a uno mal cuerpo.

Haciendo un breve ejercicio de memoria, no más allá de unas pocas semanas, recordaba las declaraciones del ministro de Justicia justificando la Ley de Tasas. Con la naturalidad y desparpajo que da llevar toda la vida dedicado a la cosa pública, Alberto Ruiz Gallardón declaró a los medios que " gobernar, a veces, es repartir dolor" en referencia a los esfuerzos económicos que se están pidiendo a los ciudadanos, y que precisamente por ello " entiende que no le aplaudan". Si en lugar de decirle a mi cliente que no podíamos reclamar los 600 euros, le llego a recordar estas declaraciones del ministro, me temo que el que tendría la intención de repartir dolor aplaudiendo la cara de alguien sería el mismo cliente.

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Las ‘mareas ciudadanas’ se unen en Valladolid para cambiar el curso de la crisis

Los portavoces de las diferentes 'mareas' de Valladolid, tras la rueda de prensa.

Son todas las mareas, los colectivos que han salido a la calle para protestar por los efectos de la crisis. Son sanitarios (la marea blanca). Y profesores y alumnos de Secundaria y Universidad (la verde). Además de los parados (la amarilla). Y los servicios sociales (la naranja). Y los funcionarios (la marea negra). A estas mareas se ha unido el colectivo Stop Desahucios. La unidad de acción la pretenden exteriorizar el día 21 de marzo, en una manifestación conjunta que tendrá lugar en el centro de Valladolid. Horas antes, por la mañana, cada uno de esos colectivos realizará la protesta de forma individual.

Los distintos colores han estado representados en la presentación, que tuvo lugar ayer, en Valladolid, con el objetivo de buscar una unidad de protesta. Ignacio Díez ha sido uno de los que ejercido de portavoz, quien ha asegurado que el objetivo de esta unión es “demostrar, a los que aún tienen dudas, que todos juntos podemos cambiar el curso de las cosas”. Y ha añadido que “contestarán” a los “ataques” que están recibiendo.

El objetivo también es lograr un “deseo común”, que la sociedad sea “redistributiva e inclusiva, donde se garanticen los derechos fundamentales universales y en la que los servicios públicos, que son de todos y todas, no se sometan a las leyes del mercado, de la especulación y del enriquecimiento privado”.

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El PSOE de Castilla y León firma una falsa unidad tras el caso de Ponferrada

Óscar López y Julio Villarrubia, antes de comenzar la ejecutiva del jueves.

El PSOE de Castilla y León  logró el jueves una foto que deseaba, que anhelaba después de autorizar la moción de censura en Ponferrada. Para hacerse con esta Alcaldía, los socialistas pactaban con Ismael Álvarez, el que fuera alcalde ponferradino y que tuvo que abandonar el cargo tras ser condenado por acoso sexual, el que perpetró contra su concejala Nevenka Fernández. Por ese pacto, Álvarez se comprometió a dejar la política municipal.

La foto de unidad ha sido un deseo. Pero la realidad es que es un gigante con pies de barro, pues la unidad nació resquebraja.

Un portavoz en las Cortes de Castilla y León, que a la vez es el número dos del PSOE nacional. Un secretario del PSOE de Castilla y León que no es nada en las Cortes regionales. Una moción de censura del PSOE de Ponferrada, acordada con un concejal que fue condenado por acoso sexual. Un acuerdo del que nadie dice saber nada, pero que todos lo conocían.

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Corrupción

Dos ejecutivos de empresas del sector construcción, un ingeniero y un arquitecto, todos ellos españoles, se encuentran frente a nuestra embajada, en las instalaciones de nuestra delegación de comercio exterior. Contrastan en una reunión con nuestro representante diplomático la situación del país que visitan con el fin de encontrar un mercado donde implantarse para sobrevivir. El agregado comercial español les pone al día sobre todo tipo de datos estadísticos que iluminan los rostros de los hombres de negocios ya que ratificaban su casi ya segura decisión de instalarse ahí.

Sólo para perfilar el escenario íntegramente, al funcionario le pareció oportuno advertirles de que sólo había dos manchas en el perfil de país, la inseguridad jurídica y la corrupción.

Y al acabar, a los visitantes no les quedó más remedio que recordar la legislación que el gobierno de Zapatero publicó en un flagrante caso de norma que regula perjudicando de forma retroactiva a los inversores en energías renovables hace unos años. A su vez, pasaron igualmente por sus memorias los fantasmas del pasado como Barrionuevo, Filesa, Cooperativas de viviendas de UGT, Roldan, Marbella, y los más recientes Gürtel, Barcenas, Baltar...

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¿Tendrá Villanueva (Ávila) su macrourbanización?

Zona de Villanueva de Gómez (Ávila) donde se pretendía hacer una macrourbanización. ©Carlos Tomás

“Volvería a firmar esa licencia consciente de que lo estaba haciendo bien con el respaldo de todos los técnicos y los departamentos competentes de la Junta de Castilla y León”. Con estas palabras el ex alcalde de Villanueva de Gómez (Ávila) recibe el auto en el que se le implica por vía penal en el caso de la macrourbanización La Favera, imputándosele un posible delito de prevaricación.

José Martín Llorente (PP) otorgó el permiso de construcción para un complejo de 7.500 viviendas con sus correspondientes viales e infraestructuras, tres campos de golf de dieciocho hoyos cada uno, un edificio para uso como casa Club y Hotel, un centro hípico, varias balsas reguladoras y una Estación Depuradora de Aguas Residuales. Todo ello en una superficie total aproximada de 780.000 metros cuadrados de pinar.

Él está seguro de que todas sus acciones en torno al proyecto estaban dentro de la legalidad e insiste en que no ha firmado nada “consciente de que fuera ilegal”. Por el contrario, la magistrada Sira Amor Vegas señala:  “En el ejercicio de su actividad como máximo responsable del Ayuntamiento, Martín Llorente otorgó, a sabiendas de su manifiesta ilegalidad, licencia de construcción para el Complejo Deportivo”.

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Salamanca expedienta a 16 bomberos por interrumpir un acto institucional

En el centro, el alcalde de Salamanca y el consejero de Fomento (a su izda.), y la manifestación de bomberos, al fondo. J.S.

Una sanción, un expediente sancionador por interrumpir un acto institucional. Una veintena de bomberos de Salamanca se manifestó, por sorpresa, durante la inauguración de una torre del Parque de Bomberos. Y la reivindicación fue respondida de inmediato por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, con mano dura. No podía permitir que se interrumpiera un acto institucional, como él ha reconocido cada vez que se le ha preguntado.

Pero los bomberos de Salamanca tampoco han podido reprimir su ira y su enfado porque el Ayuntamiento salmantino se gaste un millón de euros en reformar la torre de fuego, que sirve para que los bomberos se entrenen ante supuestos de fuego y de humo.

El acto institucional tuvo lugar el 13 de febrero. A él acudieron, además del alcalde de Salamanca y secretario regional del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el consejero de Fomento, Antonio Silván, y el presidente de la Diputación salmantina, Javier Iglesias. En el momento en el que se procedía a iniciar el acto institucional, un grupo formado por entre 25 y 28 bomberos, entró al patio donde se celebraba la inauguración con una pancarta en la que se podía leer: “Torre despilfarro 1.034.000 €. Menos políticos. Más educación, sanidad y seguridad”. Las cámaras se volvieron hacia los manifestantes. Y en ese momento ningún medio hizo caso a los políticos.

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Castilla y León encabeza la oposición a Montoro por su proyecto de Administración Local

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. / Efe

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León por el PP y uno de los barones que rodean a Mariano Rajoy, ha lanzado una oposición frontal a una de las propuestas estrellas del Gobierno central, liderada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como es el anteproyecto de Administración Local, definido como de Racionalización y Sostenibilidad de los pequeños municipios.

Herrera anunció el pasado martes, en el pleno de las Cortes de Castilla y León, la presentación de un informe crítico a ese anteproyecto. Y lo ha hecho. Aunque aprovecha cada párrafo para intentar justificar el anteproyecto –dice, por ejemplo, que “la Junta estima oportuno que ahora que se aborda este importante anteproyecto de ley sería un momento adecuado para proceder debidamente a la necesaria reforma de la financiación local”-, el informe dado a conocer el jueves dice que el texto de Montoro “no es bueno” y le “falta sensibilidad” con las peculiaridades del mundo local de Castilla y León.

En términos generales, el Gobierno de esta comunidad autónoma desvela que asumir servicios como la sanidad, la educación o los sociales, de los que ahora son competencia de los municipios y que podrían pasar a la Comunidad Autónoma con la aprobación de la reforma local, le costaría a Castilla y León entre 700 y 1.000 millones de euros al año.

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La Junta de Castilla y León paga 1,5 millones de euros a directivos de la Sanidad por productividad

Los dirigentes de la Federación de Sanidad de CCOO, durante la rueda de prensa sobre los beneficios de directivos sanitarios de la región.

La Junta de Castilla y León paga al año 1,5 millones de euros a directivos de Sanidad, en concepto de productividad. Según CC OO en la región, cuyos dirigentes han denunciado esos pagos, los beneficiarios de ese dinero son unos profesionales sanitarios, que define como “elite”, por llevar a cabo los “graves recortes” en materia sanitaria.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez, lejos de ocultar el hecho, lo justifica y asegura que los directivos que reciben esos 1,5 millones de euros al año “también son hijos de Dios y de la misma manera que el resto de sanitarios, han percibido esa parte de la productividad”. En su opinión, los profesionales del Sacyl recibieron cerca de 142 millones de euros por productividad, de los que 1,5 corresponde a los directivos “hijos de Dios”.

Pablo Vicente Vidal, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León, reveló en rueda de prensa que el complemento de productividad beneficia “a un total de 177 directivos sanitarios de atención primaria, atención especializada, gerentes y directores de hospitales, y gerentes de área de toda la región. Una cantidad, que según sus cálculos, “supone al mes más de 110.000 euros y más de 1,5 millones de euros al año”.

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