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La Comisión Europea desconoce la intención del Gobierno de prolongar la vida de la nuclear de Garoña

El vicepresidente Günther Oettinger asegura, en respuesta a la europarlamentaria del PSOE Iratxe García, que no ha recibido ninguna notificación al respecto en el marco del tratado Euratom

Iratxe García reconoce que es una situación inaceptable, al tratarse de un tema “tan sensible y peligroso como la gestión de la energía nuclear en nuestro país”.

El senador socialista por Burgos, Ander Gil, denuncia que este olvido del Gobierno de Rajoy “evidencia que está demasiado interesado en preparar el traje a medida a las compañías eléctricas propietarias de las plantas atómicas de este país”.

Nuclenor pide alargar el permiso de Garoña hasta los 60 años, hasta 2031

Fachada de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en el norte de Burgos.

Un olvido o una negligencia. O un paso más para conseguir prolongar la vida de la central nuclear de Garoña, en el norte de Burgos. O un respaldo a las eléctricas que son propietarias de las plantas nucleares de España. La realidad la ha puesto de manifiesto la Comisión Europea, que desconoce las intenciones del Gobierno de Mariano Rajoy de prolongar la vida de Garoña.

Así, según un comunicado del PSOE de Burgos, “el Gobierno incumple su obligación de comunicar a la Comisión Europea los proyectos de actividades nucleares mientras procura la renovación de Garoña”, ya que el vicepresidente de la Comisión Europea, Günther Oettinger, deja claro, en una respuesta a la europarlamentaria socialista, la castellano-leonesa Iratxe García, que “aún no ha recibido la notificación por parte de España en el marco del artículo 41 del Tratado Euratom”. Según este artículo, los estados miembros deben comunicar a la Comisión Europea los proyectos de inversión relativos a las actividades nucleares.

Sin embargo, sí está al corriente de las distintas modificaciones que el Gobierno ha realizado para propiciar la renovación de la solicitud de explotación de Garoña y su intento de prolongación de su vida útil hasta 2032

Según el comunicado del PSOE de Burgos, “Oettinger añade que tampoco ha recibido ninguna notificación en el marco del artículo 37 que le permita evaluar el impacto ambiental de esas actividades”.

Iratxe García reconoce que esta situación es “inaceptable”, al tratarse de un tema “tan sensible y peligroso como la gestión de la energía nuclear en nuestro país”. Por ello, anuncia, a través del comunicado de prensa, que pondrá en marcha de varias medidas para exigir al Gobierno el cumplimiento del Tratado Euratom.

Por su parte, el senador socialista por Burgos, Ander Gil, insiste en la idea de que el Gobierno de Rajoy “evidencia que sus responsables están demasiado interesados en preparar el traje a medida a las compañías eléctricas propietarias de las plantas atómicas de este país, hasta el punto de saltarse las normas que sean oportunas o modificarlas para conseguirlo”.

Además, a través del comunicado socialista, Ander Gil muestra su sorpresa ante la “opacidad y la ligereza con la que el Gobierno trata los temas relacionados con la energía nuclear. No hay más que ver el vodevil en el que ha convertido a Garoña”.

Esta idea crítica también la comparte Iratxe García, quien va más allá al señalar que el PSOE “no va a permitir al PP que juegue a la ruleta rusa con unas instalaciones tan peligrosas como son las centrales nucleares”.

La europarlamentaria recuerda que esta situación coincide con el reciente anuncio del proceso preliminar de la evaluación de la solicitud de autorización de explotación de Garoña, Así, el pasado 30 de julio, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió requerir información adicional a Nuclenor sobre su solicitud, sin haber dilucidado previamente si acepta o no evaluar la planta por 17 años más, es decir, hasta sus 60 años de explotación comercial. Esta decisión no contó con la unanimidad del pleno de este organismo regulador. La consejera Cristina Narbona se opuso y emitió un voto particular (http://www.csn.es/images/voto_particular2014.pdf) explicando las implicaciones que tiene esta decisión sobre uno de los reactores más envejecidos de toda la Unión Europea.

La consejera solicitó que el CSN no rompa la buena práctica, adoptada en 1999, de hacer coincidir las revisiones periódicas de seguridad (cada 10 años) con las autorizaciones de explotación. 

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