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La Diputación de Salamanca gasta 40.300 euros en informes externos para ahorrar calefacción y teléfono

La institución provincial salmantina ha pagado a dos empresas de fuera de Salamanca sendos informes cuyo objetivo es ahorrar.

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Fachada de la Diputación Provincial de Salamanca /J.S.

Fachada de la Diputación Provincial de Salamanca /J.S.

Dos informes externos, de empresas de Sevilla y Barcelona, han servido a la Diputación Provincial de Salamanca, que preside Javier Iglesias –presidente del PP salmantino y alcalde de Ciudad Rodrigo-, para determinar cómo ahorrar en calefacción y teléfono. Dos informes valorados en 40.300 euros (IVA incluido). Uno de ellos, 16.800 más el IVA. El otro, 17.006,78, también más el IVA correspondiente. Los dos se contrataron de forma directa, sin concurso, como prevé la Ley.

Estas cifras son elocuentes, no por la cuantía, sino porque la Ley de Contrataciones prevé que la Administración puede contratar de forma directa por cuantías no superiores a los 18.000 euros, el IVA aparte. Es decir, de esa forma no hay que sacar un proyecto a concurso público, sin publicidad, y se puede firmar con quien estime conveniente la Administración.

El 8 de marzo de 2012, la Diputación de Salamanca contrató con la empresa Ingenieros JG,S.A. “la consultoría y asistencia técnica parala elaboración del pliego de condiciones técnicas para la contratación del ahorro energético de todas las dependencias, instalaciones y centros de la Diputación de Salamanca”.

Para este contrato se pidió informes a otras dos empresas, una de Alcobendas y otra del País Vasco, que presentaron dos ofertas, las dos ligeramente superiores a la Ingenieros JG.

Ingenieros JG es un “equipo independiente de profesionales” que presta servicios de ingeniería de edificación, según se informa en su página web y cuyo director general es Juan Gallostra Ysern. Además, forma parte del consejo de administración de Renta Corporación, del que es consejero Ignacio Javier López Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, según consta en los documentos del Registro de la Propiedad.

Si en marzo se acordó esta contratación, el 10 de febrero de 2012 Javier Iglesias informaba a los trabajadores de la Diputación que el plan de ahorro de gasto corriente consistiría, entre otros puntos, en cerrar por las tardes y en que los termostatos de las diferentes salas y despachos podrán marcar como máximo 22 grados.

La otra contratación tenía por objeto la realización de la “consultoría y asistencia técnica para la elaboración del pliego de condiciones técninas para la contratación de la red integrada -telefonía fija, móvil, datos y acceso a Internet- por un importe de 16.800 euros”, una cantidad a la que hay que añadir otros 3.024 euros en concepto del IVA.

Unos días antes de la firma de este decreto por parte del presidente, Javier Iglesias, un medio de comunicación local informaba de que la Diputación pretendía reducir en 250.000 euros la factura anual en telefonía. Es más, se indicaba que esta administración pagaba al año 450.000 euros y para reducir este consumo se iban a retirar 51 líneas de telefonía móvil que tenían algunos funcionarios, además de impedir que desde algunos departamentos se llamara por teléfono a otras comunidades autónomas.

La pasada semana este tema era sacado a la luz en el pleno de la Diputación, por parte del diputado del PSOE Manuel Ambrosio Sánchez, quien preguntó si era necesario pagar 40.000 euros en informes para ahorrar gastos en calefacción y en telefonía.

Respecto al informe para rebajar el gasto en telefonía, este diputado preguntó: “¿Por qué no lo elaboró Cipsa? -un organismo autónomo de la Diputación salmantina que se creó para prestar servicios informáticos completos a esta administración- . Sí, ya sabemos que Cipsa argumentó la complejidad del asunto y recomendó que se encargara a un organismo ajeno al estudio”. Y continuó la pregunta: “¿Qué necesidad tenía la Diputación de gastar más de 20.000 euros en pedir consultorías y asistencia técnica, cuando bastaba con cursar invitaciones a distintas empresas y que fueran éstas las que presentaran los informes y estudios precisos con el ahorro por la prestación de sus servicios?”.

Como respuesta, el diputado Manuel Ambrosio Sánchez recibió que se le contestaría el siguiente pleno, a finales de febrero.

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