Las alarmas llevan sonando muchos meses por la actuación del jefe de la Policía Local de Salamanca, José Manuel Fernández. Sirenas que alertan sobre las dudas en su funcionamiento o, incluso, que hablan de prácticas “no muy legales”. Ahora bien, pocas voces quieren dar nombres y apellidos. Pocos son los que dan la cara ante el temor de represalias.
Los sindicatos en la Policía Local ya han alzado, en algunos casos, la voz en contra de la actuación del jefe policial, desde que enero de 2012 logró esta plaza. Desde entonces, sus actuaciones han estado envuelta con polémica.
Uno de los casos más llamativos, fue la constitución del denominado ‘Grupo S.I.E.T.E’, que podría “invadir competencias” con la Policía Nacional, según señalan fuentes de este cuerpo policial en Castilla y León. Según se recoge en la Memoria de la Policía Local de Salamanca del año 2013, algunas de las funciones de este grupo –“Información Local, Escoltas y Técnicas Especiales S.I.E.T.E.”-, son las del “velar por la integridad física de los miembros de la Corporación Local y personalidades” o la del “análisis, control y archivo dela información sensible relativa a su actividad policial”.
Es decir, que los escoltas del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, forman parte de este grupo, conformado por personas de la confianza del propio jefe policial. Incluso fuentes sindicales que prefieren no facilitar su identidad señalan que a algunos de ellos es “frecuente” verlos en manifestaciones por las calles salmantinas grabando o tomando fotografías. Otras fuentes de sindicatos con sede en Valladolid revelan que en la huelga general de finales de 2012 se hicieron “seguimientos” a los responsables sindicales de esta provincia.
Otros cometidos de este grupo son: “actuación en el primer círculo en caso de atentados; elaboración, participación y propuesta de actuación en planes terroristas; planificación, realización y coordinación de los dispositivos de seguridad que afecten a autoridades y personalidades que acudan a Salamanca en determinados eventos; intervención en actuaciones que por sus características requieran formación específica en materia de uso de la fuerza y medios especiales, como pueden ser personas agresivas, violentas, con trastornos mentales o bajo las influencias del alcohol y las drogas; escoltas con medios y vehículos policiales de las autoridades, personalidades o traslados que requieran una especial formación”.
Esta posible invasión de competencias ya ha sido transmitida, en diversas ocasiones, al subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán, quien conoce el malestar en el Cuerpo Nacional de Policía por estas actuaciones. Es más, fuentes policiales en Valladolid señalan que el director general, Ignacio Cosidó, supo de esta situación en una reunión que mantuvo en la capital salmantina con policías nacionales.
Todo ello solo ha encontrado la oposición de los sindicatos, que incluso se han llegado a manifestar en contra de su jefe. Así, a primeros de mayo denunciaron que les obligaba a realizar servicios fuera de la capital, donde tienen competencia. Pero tampoco hubo ninguna repercusión.
Como tampoco la hubo cuando se denunció que los agentes locales tenían la orden de sacar de las calles de Salamanca a los mendigos. En una orden del 25 de octubre de 2014, en su punto 4, se decía: “por parte de todo el personal del Cuerpo se vigilará y se retiran a todas las personas que se encuentren ejerciendo la mendicidad, no abandonándose la zona hasta que se compruebe que estas personas se han retirado del lugar”.
También ha sido polémica la instalación de cámaras de vídeo para vigilar posibles actos vandálicos contra el medallón de Franco que está en la Plaza Mayor salmantina, en noviembre de 2012. Este trabajo lo realizó la empresa que, posteriormente, fue la beneficiada en la adjudicación de la instalación de cámaras de videovigilancia y control de acceso a calles peatonales, según documentos a los que ha tenido acceso La Meseta.
Esta situación también ha sido aprovechada por nuevos partidos en Salamanca para arremeter contra el jefe de la Policía Local y contra el alcalde salmantino. Hace unas semanas, Gabriel de la Mora, nuevo concejal por Ganemos –apoyado por Podemos-, habló de “restricción de derechos” y de una “falta de inconstitucionalidad” por parte del responsable policial que pidió una autorización municipal para hacer fotos y utilizar música en una concentración a favor del pueblo palestino.
Otro partido que se presentó en Salamanca, Vecinos, y que no obtuvo representatividad municipal, pidió, durante la campaña electoral, que el jefe de la Policía Local fuera destituido para que “deje de actuar como una policía política”.
Y las sospechas continúan. Siguen. Incluso ya se habla de posibles denuncias.
