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Varapalo judicial al ‘rey del carbón’ al declararle nulo el despido de 29 trabajadores

El Tribunal Superior de Castilla y León anula el despido colectivo de 29 trabajadores del Grupo Salgueiro de Unión Minera del Norte (UMINSA), sociedad del grupo de empresas de Victorino Alonso, que tiene las dos minas más grandes de España y 2.100 empleados

Se obliga a la empresa a readmitirles en las mismas condiciones en las que estaban antes, mientras que a los empleados les obliga a que devuelvan las indemnizaciones, si las hubieran percibido

CCOO exige una reunión "urgente" con Industria para tratar la situación del grupo Victorino Alonso

Manifestación de mineros del Grupo de Victorino Alonso.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado un varapalo judicial a Victorino Alonso, conocido como el ‘rey del carbón’ por tener las dos minas más grandes del país y 2.100 trabajadores. La Sala de lo Social de este órgano judicial ha declarado nulo el despido colectivo de 29 trabajadores del Grupo Salgueiro de Unión Minera del Norte (UMINSA), sociedad del Grupo Alonso. Además, ha obligado a la empresa a readmitirles en las mismas condiciones en las que estaban antes, mientras que a los empleados les obliga a que devuelvan las indemnizaciones, si las hubieran percibido.

El Tribunal además obliga al grupo a que abone a los empleados los salarios que han dejado de percibir desde que fueron despedidos el pasado 5 de febrero, según la sentencia a la que ha tenido acceso La Meseta.

El 4 de enero de 2013, se comunicó a los trabajadores del grupo Salgueiro, ubicado en Torre del Bierzo (León), la apertura del expediente de consultas para despedir a 29 trabajadores por causas económicas y productivas. Los representantes sindicales, de UGT y CCOO, reclamaron la nulidad del despido colectivo decidido por la empresa UMINSA para sus trabajadores del Grupo Salgueiro, basándose en tres motivos: “la no realización del período de consultas y no entrega de la documentación prevista”; “la adopción de la decisión extintiva con fraude, dolo o abuso de derecho (alegan los actores que la empresa ha ocultado su auténtica dimensión en cuanto integrante de un grupo de empresas, viciando con ello el proceso de despido colectivo); y “la vulneración de derechos fundamentales y libertados públicas”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León reconoce, en su sentencia, que las causas de la decisión extintiva “afectan a toda la empresa, puesto que se basa en la obligada disminución en la producción del carbón impuesta por las Resoluciones del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Y, además, incide en que se ha comprobado que las causas invocadas para la finalización de los contratos giran en torno a la bajada de la producción del carbón en la totalidad de la empresa UMINSA.

“Las causas económicas y productivas afectaban a la empresa en su conjunto pese a lo cual el período de consultas no se llevó a cabo con el Comité Intercentros, sino con los representantes del personal de cada uno de los centros afectados, lo cual, por una parte, debilita la defensa de los trabajadores afectados y, por otra, constituye un fraude indudable porque, como señalan los actores, la empresa oculta su verdadera dimisión y la generalidad de las causas extintivas”, añade la sentencia.

La empresa UMINSA, junto a otra de sus sociedades Coto Minero Cantábrico, se declaró en preconcurso de acreedores ante un juzgado de lo Mercantil de Madrid en marzo pasado, justificando esta decisión en que el ministerio de Industria denegó 49 millones de euros en ayudas, (29,3 millones a Uminsa y 19,8 a Coto Minero) por impagos a la Seguridad Social. Un comunicado de las dos empresas alegó a que la sanción del Ministerio y la reducción de la producción que pueden vender en 2013, así como la impugnación por las eléctricas de las cantidades, calidades y precios del carbón que están obligados a quemar, le hacía imposible colocar su producción y obtener ingresos.

Además, y tal y como informó el día 21 www.eldiario.es, Victorino Alonso guarda más de 800.000 toneladas de carbón mientras el Estado, a través de la empresa pública Hunosa, busca 500.000 que le compró para el Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC). El mayor patrono del sector en España apila en menos de una decena de emplazamientos cerca del doble del carbón que el encargado de velar por su custodia y destino ahora no encuentra.


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